mayo 21, 2022

Maximiliano Dávila y la crisis institucional de la Policía Nacional


Por José Galindo *-.


Maximilano Dávila es el ejemplo más reciente sobre los profundos niveles de corrupción que afectan a la institución policial y también una oportunidad para reflexionar sobre el mito de la existencia de un narco-Estado en Bolivia. Dos problemas que deben ser considerados por la sociedad en sus verdaderas dimensiones, si es que no se quiere caer en discursos partidarios que poco aportan a una discusión pública productiva, a los que debe sumarse un debate tan reciente como polémico: su extradición o no a Estados Unidos.

El arresto de Dávila amenaza con convertirse en un potencial escándalo dirigido a erosionar la legitimidad del partido oficialista, a pesar de que la corrupción policial es un tema ajeno a la titularidad que algún partido ostente sobre el gobierno. Por el momento, las repercusiones políticas del hecho se muestran todavía limitadas, tomando en cuenta las inevitables notas de prensa y artículos de opinión con interpretaciones que buscaron vincular el crimen organizado con el partido de masas más grande en la historia del país. Más allá de los intereses partidarios que buscan impulsarse a partir de esta noticia, la sociedad debe considerar seriamente tres asuntos de suma importancia: la corruptibilidad de la Policía Nacional como institución; la validez de las afirmaciones que describen a Bolivia como un narco-Estado; y la cuestión, todavía no resuelta, sobre la licitud de su extradición a Estados Unidos.

El caso del excomandante de la Fuerza de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) puede analizarse desde múltiples perspectivas, por lo tanto. Nos ofrece una excusa para entender cómo y porqué la Policía es tan corruptible sobre todo en sus mandos superiores; nos permite analizar la difundida idea de que el narcotráfico influye decididamente sobre el Estado y la política nacionales; finalmente, nos permite reflexionar sobre el principio de soberanía en un asunto tan complejo como el narcotráfico y el crimen organizado internacional. La pregunta de fondo: ¿Por qué Estados Unidos tendría el derecho de reclamarnos un detenido? O del otro lado: ¿Será la justicia boliviana lo suficientemente competente como para tratar el caso?

Dávila y las fisuras del bloque oficialista

Por los días de su arresto se debatían posibles cambios en el gabinete de gobierno, que supuestamente reflejarían insalvables fracturas al interior del masismo. Días antes, las principales organizaciones sociales aliadas al Gobierno presionaban a través de sus declaraciones con el retiro de algunas autoridades que componían el Ejecutivo, incluyendo al ministro sobre el cual caerían los reflectores a raíz del arresto del jefe policial.

“Soy inocente, soy víctima de ese pequeño burgués, ese ministro de Gobierno, porque ese pequeño burgués no sabe qué hace en este Estado plural comunitario, porque ha violado todo el proceso, porque lo está queriendo incriminar al presidente Morales”, palabras del exgeneral Maximiliano Dávila, referidas a la supuesta existencia de un complot dirigido por el ministro de Gobierno, Carlos Del Castillo, para inculpar al expresidente Evo Morales en algún asunto no especificado se dieron en aquel contexto de disputa interna que culminaba justamente el día de su presentación ante las cámaras acompañado por el propio Del Castillo, el sábado 22 de enero, por lo que no se puede ignorar la existencia de una clara intencionalidad en su pronunciamiento.

Más allá de su efectividad e independientemente si fueron motivadas por desesperación o premeditación, lo que se buscaba con estas declaraciones era resquebrajar la unidad dentro del Gobierno.

De hecho, resulta sorprendente el insuficiente eco que provocó la noticia en la opinión pública antievista y el principal diario opositor del país, Página Siete, que predeciblemente publicó titulares sugerentes, en el mejor de los casos, como: “Coronel Dávila defiende a Evo del «ministro pequeño burgués»”; o abiertamente antipartidarios, como su editorial: “Dávila, el narcojefe amigo del MAS”, dando por sentada una relación de complicidad o, por lo menos, de simpatía, entre el narcotraficante detenido y el principal líder del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Para apoyar sus afirmaciones aventuradas, varios jefes de redacción se valieron de una serie de fotografías en las que aparecía el mentado oficial en compañía de Morales cuando este último todavía era presidente, entregando pasteles decorados con símbolos del MAS, y su relación con otro excomandante de la Policía que también hizo notar su abierta supeditación al Gobierno, asegurando públicamente el voto de toda la institución policial para las elecciones fallidas de octubre de 2019.

El hecho de que la estrategia mediática no haya logrado su cometido de encender la chispa de un escándalo no quiere decir que no consiguiera alcanzar ciertos objetivos. En casos como estos el veneno actúa lentamente a través de mecanismos de reforzamiento en el subconsciente de las personas.

El mensaje que se buscaría posicionar en la agenda pública sería, obviamente, que el gobierno del MAS está relacionado con el narcotráfico. Una idea poco original, sin duda, y por ello mismo quizá solo parcial en relación a un todo de mayor alcance. Ya ingresando al terreno de la especulación, se proponen las siguientes hipótesis, que van más allá del desgastado guión de tratar de presentar al MAS y sus dirigencias como parteros de un narco-Estado y un sistema político atravesado por el narcotráfico.

Además de ello, suponemos que lo que se buscaba era erosionar la legitimidad de una institución estatal ya seriamente cuestionada por el resto de la sociedad. La deslegitimación de instituciones públicas es un paso imprescindible para preparar una crisis de Estado, tal como sucedió en noviembre de 2019, cuando días antes de la asonada golpista los medios presentaron a la Policía como la más corrupta de las instituciones y una de las más serviles al oficialismo, lo que provocó una reacción dentro de esta proporcional al peso de las acusaciones: un súbito abandono de su obligación constitucional de preservar el orden interno y, luego, una abierta persecución a exautoridades del oficialismo.

Finalmente, tanto Dávila como los medios están interesados en profundizar las fisuras ciertamente existentes al interior del MAS hasta convertirlas en fracturas irreparables, enfrentando a sus liderazgos unos contra los otros e incluso a sectores enteros dentro de la militancia del partido, o estimulando la emergencia de clivajes ya existentes, como el que separa a las facciones urbanas de las rurales.

Una verdad de Perogrullo

Con estas suposiciones no queremos desestimar la seriedad de un caso de narcotráfico que alcanzó a altos cargos de la jerarquía policial, ni negar que la institución encargada de la seguridad interna haya decaído a niveles casi irremediables, sino que sobre estos datos de la realidad innegablemente verdaderos, pueden construirse apreciaciones equivocadas, falsas y erróneas. Una discusión productiva a nivel público debe partir inevitable por reconocer que la Policía Nacional está cerca de colapsar bajo el peso de sus propias falencias, entre ellas una tendencia hacia el establecimiento de lazos clientelistas con cualquier gobierno de turno.

Resulta claro que Dávila estaba acostumbrado a cortejar al poder político, tal como otros comandantes de la Policía, pero no solo en la última gestión de Evo Morales, sino también durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez, junto al cual se sumó, como muchos otros policías y militares, a la persecución y el amedrentamiento de militantes del partido derrocado. A pocos días de la caída de Morales, el corrupto oficial había declarado que una decena de dirigentes cocaleros del Chapare, región afín al MAS, habían sido arrestados por cargos relacionados al narcotráfico mientras que otros 50 estaban bajo investigación, siendo relevado de su puesto por el gobierno de facto tras ser señalado como como cómplice del narcotráfico por otro convicto, Pedro Montenegro, quien en noviembre de 2019 era extraditado a Brasil. En todo caso, su intención de pasarse al lado de los vencedores era clara en aquella entrevista concedida a la cadena opositora Unitel para fustigar aún más al masismo.

La postura adoptada por Dávila y varios de sus colegas, en cuanto a su inclinación a la obsecuencia con el oficialismo del momento, no puede atribuirse a una disposición del MAS para establecer ese tipo de relación con instituciones estatales, sino que se trata de un elemento constitutivo de la propia institucionalidad de la Policía en Bolivia, a lo largo de toda su historia. Algo que se da en lo más alto de su jerarquía de forma recurrente, lo que sugiere que es en ese nivel donde se debe actuar con mayor decisión.

Es decir, uno de los problemas más persistentes de la Policía Nacional es su tendencia a establecer relaciones clientelistas y prebéndales con los partidos gobernantes, lo que suele producir, por supuesto, múltiples formas de corrupción. Es decir, la Policía no es necesariamente seducida por el poder político, sino que busca ser corrompida activamente. Debemos recordar en esto que en los días de Áñez numerosos jefes policiales adoptaron posturas no menos lacayas con el poder, tal como puede ejemplificarse con el caso del coronel Iván Rojas, quien colaboró con el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, en un crimen tan simbólico como sinsentido como fue la desaparición de la libreta militar de Evo Morales. Rojas, asimismo, fue sindicado por otros delitos de carácter político, como chantaje y estafa.

Un mito persistente

La destitución de Dávila cuando el régimen de Áñez no implica el compromiso de este último en la lucha contra las drogas, toda vez que en dicha gestión se descubrió un caso de narcotráfico que involucraba una aeronave interceptada en México piloteada por dos bolivianos y con un cargamento de 12 paquetes de cocaína por un valor total de casi 12 millones de dólares, como establecieron autoridades aztecas en aquel entonces, sin colaboración alguna del gobierno encabezado por Áñez.

Se suma a este incidente la fuga de un narcotraficante repatriado a mediados de 2020, Jorge Roca Suárez, también conocido por su alias “Techo de Paja”. Dávila, de acuerdo a las pesquisas del Ministerio de Gobierno, habría colaborado con este narcotraficante, junto con Omar Rojas, otro excomandante policial vinculado al tráfico de drogas, y otros dos implicados: el prófugo Ignacio Angus y una persona de iniciales D. R. C.

La insistente mención que hacen ciertos medios sobre la detención de otros altos oficiales de la Policía por su involucramiento con redes del narcotráfico, concretamente René Sanabria, Óscar Nina y Gonzalo Medina, a los que se suman Omar Rojas y Maximiliano Dávila, no pueden soslayarse como evidencias de otro problema dentro de la institución policial: su relación con el narcotráfico, que alcanza siempre los niveles más altos de su jerarquía.

Tal problema, innegable a todas luces, es magnificado por los detractores del MAS hasta el punto de afirmar que Bolivia es un narco-Estado, mito que refuerzan, además, con la presencia de un sector de los productores de hoja de coca en el bloque de poder que sostiene al masismo, así como por una política antidrogas alejada de los esquemas militaristas impuestos por Estados Unidos en casi toda Latinoamérica.

Ahora bien, que el narcotráfico logre cooptar a altos mandos de la Policía Nacional sugiere un grado considerable de influencia, que podría engañarnos a suponer que Bolivia es efectivamente un narco-Estado, cuestión que debe contrastarse con el hecho de que, hasta ahora, es solamente la institución policial y no el Órgano Judicial la que ha sido tocada por el narcotráfico, mientras jueces, fiscales y abogados son parte de otro problema, no menos serio, que atañe a otras formas de corrupción, independientes del factor drogas. De igual modo, ningún nivel dirigencial del partido de gobierno, sobre todo entre los que ejercen funciones en cargos públicos, ha sido relacionado con el narcotráfico.

La definición de un narco-Estado supone una relación estructural y sistémica entre las instituciones de un país y la producción y comercialización de drogas, desde el mecanismo de financiamiento de una supuesta industria narcótica hasta el uso de personal y mano de obra en su comercialización y transporte.

La política y las drogas en Bolivia, por otra parte, han mostrado escasa interacción, mucho menos de la que efectivamente tuvo en los años del neoliberalismo, en los que no solo fueron jefes policiales los implicados, sino incluso altas autoridades gubernamentales, como Jaime Paz Zamora, y la existencia de vuelos para transportar droga bajo su conocimiento; o el hecho de que el yerno del exgeneral Hugo Banzer fuera miembro de una organización criminal internacional involucrada en el tráfico de drogas. Nos referimos acá a Marino Diodato.

En Bolivia el narcotráfico representa un problema, tal como lo hace en la mayor parte de la Región, pero aún ningún cartel u organización criminal ha podido penetrar en la estructura política, por lo que la categoría de un narco-Estado no es válida para el país, y constituye más que todo un mito funcional a los intereses de la derecha.

¿Nacionalización de la lucha contra el narcotráfico?

Finalmente, queda pendiente la cuestión sobre la pertinencia de extraditar a Dávila a Estados Unidos, bajo el supuesto cargo de atentar contra la salud pública de ese país, proceso ya interpuesto en una ciudad al sur de New York, y que se hizo conocer a finales de esta semana. Tal solicitud fue recibida de múltiples maneras dentro del país, desde el oficialismo hasta la oposición. Con los primeros oponiéndose bajo el principio de soberanía y no injerencia en un extremo, o sugiriendo una suerte de trueque o intercambio por convictos o acusados de haber cometido crímenes de lesa humanidad en Bolivia, tal como Carlos Sánchez Berzain, Gonzalo Sánchez de Lozada o Arturo Murillo; los segundos, señalan, no sin razón, la poca idoneidad de la Justicia boliviana para juzgar este tipo de casos y una supuesta relación de Dávila con el expresidente Morales que se encubriría si se lo mantiene en el país.

La respuesta se encuentra, seguramente, en un punto medio, debido a que aunque nuestra Justicia ciertamente es una de las instituciones más corruptas que pueden encontrarse no ya en el país sino en el continente, Estados Unidos debe mucho a un país del cual asilaron a más de un par de perpetradores de delitos contra los Derechos Humanos, así como la infame historia del principal organismo supuestamente encargado de luchar contra el narcotráfico en la región: la Drug Enforcement Agency (DEA). La existencia de un tratado en materia de narcotráfico entre ambos países no puede soslayar tales hechos, que le permiten al Gobierno, con toda licitud, tomarse su tiempo para meditar la salida más conveniente del asunto. En todo caso, no hay duda, Dávila debe permanecer en la cárcel.


  • Cientista político.

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