mayo 19, 2022

La Masacre de Navidad


Por  Claudia Miranda Díaz  *-.


Luego de largas luchas que duraron décadas, se recuperó la tan ansiada democracia el 10 de octubre de 1982; sin embargo, el gobierno de la Unidad Democrática y Popular (UDP), a la cabeza de Hernán Siles (MNRI) y Jaime Paz (MIR), fue atacado tanto por la derecha como por la extrema izquierda, siendo obligado a acortar su mandato en 1985. Le siguieron gobiernos neoliberales: Víctor Paz (MNR, 1985-1989); Jaime Paz (MIR, 1989-1993).

La Masacre de Navidad sucedió durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y Víctor Hugo Cárdenas, en el año 1996, en los distritos mineros de Amayapama y Capacirca, ubicados en los municipios de Chayanta y Uncía, en la provincia Rafael Bustillos del Departamento de Potosí. Amayapampa es una mina de oro que en su magnitud se equipara a la mina San Cristóbal; Capacirca es un “rodado”, no tiene yacimiento, el mineral recogido es aquel que el viento y la lluvia arrastra de la cordillera.

Las minas de Amayapampa y Capacirca paulatinamente fueron pasando de propiedad de bolivianos a propietarios extranjeros yugoeslavos y croatas. En 1996 eran dueños de Amayapampa Raúl Garafulic G., y de Capacirca Boris Yasick O. El problema se suscitó cuando ambos vendieron las minas a la empresa canadiense Da Capo Resources Ltda. (que luego se fusionó a la compañía norteamericana Vista Gold Corporation), Amayapampa por ocho millones de dólares y Capacirca por dos millones de la misma moneda; pero, en las escrituras figuraban las sumas de 400 mil y 100 mil dólares, respectivamente. Los sindicatos mineros denunciaron esta evasión impositiva.

El cambio de propietarios significó despidos de trabajadores sin goce de sus beneficios sociales, el conflicto empezó el 27 de julio de 1994 y se acrecentó a partir del 15 de marzo de 1996. Los trabajadores firmaron un acuerdo con la empresa Da Capo, que entre algunos puntos contemplaba: estabilidad laboral, el pago de beneficios sociales, mejorar las condiciones laborales, aportes a la seguridad social y dotación de pulperías.

Ante el incumplimiento de la empresa a la firma de un primer convenio, el 29 de julio el sindicato de Capacirca presenta un nuevo pliego de peticiones; el 5 de septiembre los trabajadores de Amayapampa firman un segundo convenio que también es incumplido por parte de la empresa, lo que aumenta las tensiones, hasta que el 14 de noviembre tropas policiales fueron enviadas desde Oruro y tomaron el campamento de Chuquiuta; no pudieron hacer lo mismo con el campamento de Capacirca porque los mineros desarmaron a los 150 policías e incautaron sus fusiles. Desde entonces hasta el 16 de diciembre las relaciones entre los trabajadores y la empresa Da Capo se tensionaron aún más, llegaron refuerzos policiales desde La Paz en resguardo de la transnacional. Entre los días 17 y 19 de diciembre los mineros hicieron llegar un voto resolutivo y realizaron un cabildo abierto de mineros y campesinos, donde resolvieron: defender los recursos naturales, ratificaron el Pacto Minero-Campesino y exigieron el repliegue de los policías, entre otras resoluciones. La respuesta del Gobierno fue militarizar la zona, los invadieron mil policías de élite y dos mil militares; el resultado fueron cuatro muertos y 19 heridos, la Central Obrera Boliviana (COB) instruyó la movilización de mineros del país hacia Amayapampa. El 20 de diciembre la COB declaró duelo nacional, ratificó huelga general indefinida y bloqueo de caminos, cocaleros del Chapare se declararon en emergencia y anunciaron que se movilizarían a Potosí. El 21 de diciembre tropas policiales interceptaron a mineros que iban rumbo a Amayapama con el resultado de más fallecidos –hombres y mujeres–, sumando un total de 11 muertos y 50 heridos hasta el 22 de diciembre.

Después de la derrota política sufrida en la “Marcha por la vida” –realizada entre el 21 al 28 de agosto 1986–, los mineros, vanguardia revolucionaria del siglo XX, retornarían a enfrentarse a los neoliberales de los años 90 ofrendando sus vidas, ese fue el inicio de la apertura del Proceso de Cambio que vivimos.

Actualmente Amayapampa y Capacirca son empresas estatales, forman parte de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), ambas fueron recuperadas de las transnacionales con el gobierno de Evo Morales.

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