mayo 16, 2022

Refundación de la justicia ¡ya!


Por La Época-.


El caso del asesino y violador serial en el Departamento de La Paz ha puesto en primer plano, con indignación e impotencia colectivas, lo que se sabía desde hace cerca de dos décadas: el estado de descomposición de la Justicia y la necesidad de una urgente refundación o reconstrucción de la misma. Ya no se puede ser indiferente ante una realidad que deber ser cambiada por el bien de todos y todas.

Más allá de la bizantina discusión de si en Bolivia hubo o hay independencia del Poder Judicial, el hecho de que 135 violadores y feminicidas con sentencia ejecutoriada se encuentren fuera de los recintos penitenciarios, según ha informado la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio, no puede pasar como un dato que coyunturalmente nos produzca rechazo y vergüenza, sino que debe convertirse en una poderosa motivación para impulsar un cambio radical de la justicia.

La mirada superficial y bastante politizada de la oposición política y mediática, en su permanente acción cargada de angustia contra el gobierno popular, afirma que la Justicia se acabó desde el momento en que el Movimiento Al Socialismo (MAS) alcanzó los dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y que procedió a la elección de los magistrados por voto popular. Y eso es equivocarse de partida. No se debe perder de vista que esa forma de elegir a los magistrados fue incorporada en la Constitución Política del Estado (CPE), redactada por los asambleístas del oficialismo y la oposición, y refrendada por la población en un referéndum constitucional. Por lo demás es pensar que antes de 2006 existía una buena administración de Justicia, cuando todos sabemos que no es así.

Y por cambio radical de la Justicia debemos entender ir hasta la raíz de los problemas. No se trata solo de colocar la mirada en jueces, fiscales y policías –que es una cadena altamente rentable– o en el propio mundo de los abogados, sino de contar con un diagnóstico lo más objetivo posible, realizado con las armas más eficaces de la ciencia, para saber dónde, cómo y en qué tiempos se podrá desmontar esa vieja Justicia heredada desde principios de la República, pero sobre todo para saber cómo y en qué tiempos se levantará el nuevo edificio de la Justicia.

Una refundación de la Justicia debe involucrar a las casas superiores de formación de profesionales, las cuales, como debe ocurrir en la Policía, deben implementar una metodología de ingreso de estudiantes que tome en cuenta al momento de la selección conocimientos y la motivación de sus postulantes, además de contar con mecanismos para detectar la degeneración temprana durante el desarrollo de la carrera. Cambiar contenidos basados en la exaltación de los principios liberales por otros

comunitarios y de responsabilidad social es también un imperativo.

Contar con mecanismos que lleven adelante una rigurosa observación de la carrera profesional de los abogados en el ejercicio de la profesión libre y en su condición de funcionarios de la magistratura (jueces o fiscales) es otra necesidad en la que el Estado tiene responsabilidad.

Y, si la elección de los magistrados por voto popular va a continuar, la clave del éxito está en la preselección. Hay que reconocer que ahí es donde lastimosamente el cuoteo entre asambleístas del oficialismo ha contribuido a los malos resultados. Con toda seguridad de que se han elegido a buenos, pero son los malos magistrados los que han colocado su sello a esta actual realidad.

Como Estado y sociedad estamos contra la pared. Es el momento de acabar con esta mala administración de Justicia. Como reza el dicho popular: “A grandes males, grandes remedios”.

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