Por Canela Crespo Sánchez *-.
El año 2003 la correlación de fuerzas ya era definitiva. Los neoliberales daban patadas de ahogado intentando guardar estabilidad para sus vidas y sus negocios, pero el pueblo ya había dictado sentencia: se imponía un cambio.
Ese mandato popular no fue una cuestión abstracta o vacía, todo lo contrario; el mandato popular, que fue bautizado como Agenda de Octubre, fue construido durante décadas por bolivianas y bolivianos de distintos sectores y latitudes y dictaba: Asamblea Constituyente, nacionalización de los hidrocarburos, Estado Plurinacional, tierra y territorio, agua y recursos naturales para todas y todos, etcétera.
Hace ya algunos años da la sensación de que la gente en la calle, en el campo, en las aulas, en las plazas, dejamos de tener así de claro qué queremos para nuestra Bolivia. No es evidente qué pelear para la economía, ni para lo estructural institucional, ni para lo social. En cambio, y eso sí, somos bien capos para definir bandos y ponernos detrás de distintos líderes y caudillos, como si de eso se tratara avanzar.
En los últimos meses, sin embargo, desde las entrañas de la sociedad se está formulando una demanda con capacidad de aglutinarnos: Justicia.
Después del golpe de Estado de 2019, para legitimarse en el poder los golpistas apostaron por la estrategia del terror: persiguieron, detuvieron ilegalmente y masacraron. Hoy la recuperación de la democracia solamente tiene sentido cerrando cada una de esas heridas. Pero, el lento avance de los procesos en contra de las y los protagonistas del golpe y sobre todo los reiterados intentos de maniobras y chicanas jurídicas que acostumbran los miembros del Órgano Judicial generan ya no solamente descontento, sino una sensación de desamparo.
Ya en 2021 se hicieron mediáticos varios casos de feminicidios ocurridos después de dictarse medidas de protección para las víctimas, quienes hoy estarían vivas de haberse cumplido aquellos dictámenes. Del mismo modo, hace unas semanas se hizo público el caso de un feminicida y violador serial que, con sentencia ejecutoriada, fue liberado ilegalmente por el juez Rafael Alcón y siguió cometiendo delitos en contra de distintas mujeres. No son casos aislados, hay una carencia institucional que le juega en contra a cada una de las mujeres que denuncian violencias en el país.
Las bolivianas y los bolivianos sabemos desde siempre que si por alguna desgracia nos toca acudir al Ministerio Público o al Órgano Judicial buscando justicia tendremos que gastar tiempo y dinero (probablemente también en coimas) para quizás no obtenerla nunca. Para darnos una idea, la mayor parte de las denuncias que la Policía recibe son de mujeres que acusan violencias, pero solo el 9% supera la fase investigativa y llega a juicio y menos del 2% a tener sentencia. Además, algunos sentenciados son liberados ilegalmente. Estos datos son un reflejo del estado de situación de la Justicia.
Ahora bien, la experiencia histórica nos ha enseñado que la Justicia no se mendiga, se la conquista. Por eso, desde distintos sectores y latitudes venimos convocándonos en movilizaciones, pedimos justicia por nuestros hermanos caídos en el golpe de Estado y las masacres en diferentes territorios del país y demandamos justicia por cada una de las mujeres asesinadas, violadas y violentadas por hombres que muchas veces quedan en la impunidad.
Tenemos una primera bandera plantada en esta nueva agenda popular: exigimos justicia y que pare la impunidad.
excelente articulo !!!