mayo 16, 2022

Informe final del GIEI reveló la verdad de los hechos ocurridos en 2019

Durante ocho meses, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) trabajó en contacto directo con las víctimas, asociaciones de víctimas, organizaciones de la sociedad civil, testigos presenciales de los hechos de violencia y autoridades e instituciones bolivianas, para entregar un informe final sobre las violaciones de derechos humanos en 2019.

LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD Y LA JUSTICIA

Debido a la crisis política y social que Bolivia vivió luego de las elecciones generales del 20 de octubre de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo una visita de observación entre el 22 y 25 de noviembre de ese año y, entre sus observaciones preliminares, estableció la existencia de “graves violaciones de derechos humanos de amplio espectro y lamentables consecuencias”, por ello recomendó la creación de un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia.

El 10 de diciembre de 2019, mediante Nota Diplomática MPB-OEA-NV 274-19, el gobierno transitorio expresó su conformidad con la elaboración de una investigación internacional imparcial que determinaría y calificaría los hechos de violencia ocurridos en el país y, con base en estos antecedentes, la CIDH y el Estado firmaron un acuerdo para apoyar la investigación de los actos de violencia y las violaciones de los derechos humanos en Bolivia en ese periodo de tiempo.

En ese marco, el GIEI trabajó con autonomía e independencia para asegurar el derecho a la verdad y sobre todo para identificar debidamente a los responsables.

El GIEI Bolivia fue integrado por cinco expertos de alto nivel técnico profesional y reconocida trayectoria en la protección de los derechos humanos: Juan Méndez, Julián Burger, Magdalena Correa, Marlon Weichert y Patricia Tappatá; Jaime Vidal fungió como secretario ejecutivo del grupo.

EL TRABAJO

Un equipo técnico de investigadores radicó en La Paz y estuvo compuesto por profesionales de distintas nacionalidades y con experiencia multidisciplinaria en el ámbito penal y de derechos humanos.

La agenda de trabajo consistió en reuniones y audiencias públicas con autoridades estatales, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de víctimas, víctimas y familiares.

Se recorrieron las ciudades de La Paz y El Alto, Cochabamba, el Chapare, Santa Cruz, Montero, Potosí y Sucre, donde se escuchó en audiencias públicas a las víctimas y a actores y autoridades. Se sostuvieron reuniones con representantes de Diputados, Senado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General, Instituto de Identificación Forense (IDIF), los ministerios de Defensa, Gobierno, de la Presidencia, Relaciones Exteriores, Salud, Procuraduría General y Tribunal Constitucional.

A partir de la información recopilada en dos semanas, el GIEI Bolivia elaboró un plan de trabajo general y planes de investigación específica para los hechos acontecidos en Betanzos, Cochabamba, Challapata, El Alto, La Paz, Montero, Sacaba, Santa Cruz, Senkata, Potosí, Vila Vila y Yapacaní.

A lo largo de su mandato, el GIEI Bolivia entrevistó a más de 400 personas, entre víctimas, testigos, autoridades, actores políticos y personalidades públicas que brindaron su testimonio.

Se reunió con periodistas nacionales y sindicatos de prensa, organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, así como con organismos internacionales y delegaciones diplomáticas en Bolivia.

Para la toma de testimonios se implementó una metodología basada en la voluntariedad y confidencialidad de las víctimas, familiares y testigos. En primer lugar, se centró en generar un ambiente de confianza y comodidad para las personas que brindaron testimonio.

Respecto de la revisión de expedientes y demás información investigativa u oficial sobre los hechos de violencia que se solicitó al Estado y otros órganos autónomos mencionados, el GIEI Bolivia analizó más de 120 mil folios de expedientes investigativos, judiciales, periciales e información aportada por diversas autoridades. De igual forma, analizó más de 1.000 archivos de material audiovisual aportados por la sociedad civil, autoridades, CIDH, así como material de la prensa y de las redes sociales.

Adicionalmente, contó con el apoyo de pericias internacionales para aspectos técnicos y específicos, tales como balística, antropología forense, experticia militar, imágenes satelitales, del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y de la organización Justice Rapid Response.

Finalmente, los expertos inspeccionaron varias oficinas e instalaciones gubernamentales afectadas por los hechos de violencia, tales como tribunales electorales, estaciones policiales integrales y la planta de YPFB-Senkata.

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