Por José Galindo *-.
La oposición, desde el tímido Carlos Mesa hasta los fundamentalistas antiindígenas de Creemos, proclamaba que la visita del relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) serviría para desprestigiar al Gobierno. Ciertamente la evaluación de la Justicia en Bolivia deja mucho que desear y demuestra las limitaciones del partido oficialista, pero para que García-Sayán empatice con Jeanine Áñez o las plataformas del 21F era necesario que los detractores del Movimiento Al Socialismo (MAS) no se hubieran visto implicados en masacres de indígenas y golpes de Estado. Ese requisito no lo tienen y sus manos están manchadas por la sangre de las víctimas de Sacaba y Senkata. Para aclarar: el relator era de la ONU, y esta defiende un discurso de respeto a los Derechos Humanos, mientras que la oposición no cree en los Derechos Humanos, sino que cree que masacrar ciudadanos de extracción indígena y campesina no es malo: la oposición piensa como en el siglo XIX, el relator como en el siglo XX. Están caducados.
La visita de Diego García-Sayán puede valorarse de forma positiva desde una perspectiva partidaria y oficialista, a juzgar por las conclusiones preliminares adelantadas por el relator especial para la Independencia de Jueces y Abogados de la ONU, después de cumplir con su misión evaluativa sobre el sistema judicial boliviano. Los detractores del actual Gobierno pretendían convertir la visita en una oportunidad para desprestigiar a su oponente, sin considerar que la condena de toda masacre perpetrada desde el Estado no es una cuestión de ideología, sino un acto de consecuencia ineludible para cualquier persona comprometida con los principios establecidos a mediados del siglo XX en relación a los Derechos Humanos. Dicha conclusión no implica, sin embargo, que no haya nada que criticar al partido gobernante respecto a la situación actual de la Justicia, pero si lo que la oposición esperaba era una condena inequívoca al MAS y sus autoridades se puede decir que, desde su perspectiva, los últimos días han sido decepcionantes.
La frustrante visita de García-Sayán
García-Sayán llegó específicamente para evaluar la situación del sistema judicial, sin una agenda partidaria explícita y con el aval de una organización obligada a mantenerse estrictamente apegada a un discurso de defensa de los Derechos Humanos que consigna la Declaración Universal de los mismos, redactada hace casi 70 años. En otras palabras, una condena a las masacres de 2019 era inevitable, como también lo era una censura indirecta a la totalidad de la oposición que se sumó alegremente al régimen dudosamente constitucional encabezado por Áñez. No podía ser de otra forma, debido a que la mayor parte de los actores pertenecientes a las facciones de la oposición han demostrado no estar plenamente identificados con las metas que nominalmente defiende la ONU ni mucho menos con los principios propios del liberalismo, como el respeto por la vida, la libertad o la igualdad entre seres humanos.
A pesar de ello, los variados actores opositores no dudaron en tratar de reunirse con el visitante para validarse políticamente, lo que dio paso a una interminable serie de entrevistas que García-Sayán tuvo que soportar, incluyendo a la autoproclamada presidente Jeanine Áñez, que se encargó de montar un show al que se sumaron entusiastamente medios de comunicación opositores enfocados específicamente en desprestigiar al Gobierno y presentarlo como el origen de todos los problemas que enfrenta el sistema judicial. Pero, más allá de las sonrisas, el trato obsecuente y las fotografías de los principales actores de la oposición, el representante de la ONU no terminó diciendo nada que pudieran utilizar para atacar a su rival, lo que provocó una seguidilla de titulares llenos de escepticismo respecto a su visita, sugiriendo en muchos de ellos que su misión no fue ejecutada apropiadamente o que se pasó de largo varias cosas, como que no mencionó las muertes que se dieron durante el gobierno de Evo Morales, aunque sin decir cómo esos hechos se relacionan directamente con la situación de la Justicia.
Pero tal como advertíamos desde un principio, aquello no implica que no haya nada que reclamarle al gobierno de Morales o al de Luis Arce, para tal efecto de evaluar la situación judicial del país. Ciertamente, tanto la gestión de los recursos destinados al sector Justicia, como las reformas y políticas aplicadas desde el Gobierno, dejan que desear e incluso contribuyen directamente con una situación judicial que cada día empeora sin poder tocar finalmente fondo, de manera preocupante. Muchos de los problemas señalados en el documento redactado a forma de conclusiones preliminares que dejó García-Sayán, empero, también aclaran que la situación de la Justicia en Bolivia nunca fue mejor que la que se tiene ahora, aunque haya llegado a niveles casi impensables desde cualquier otro punto de vista que no sea el de un conformismo criminal. En otras palabras, el gobierno del MAS hizo poco por mejorar la situación judicial e incluso contribuyó a deteriorar más su estado, sin ser por ello la causa de todos los males.
Un hecho oportuno
Debe reconocerse que, aunque su visita ya fue planificada desde finales del año pasado, como se esmeró en aclarar el ministro de Justicia, Iván Lima, casi todos los sucesos que se dieron durante el mes de febrero resultaron ser oportunos para poder dar una idea sobre cómo se encuentra el país en materia de Justicia, Derechos Humanos y cultura política democrática. Así, la visita del relator de la ONU coincidió con una serie de interpelaciones que la miembro del colectivo anarco feminista María Galindo vino haciendo desde finales de enero a autoridades gubernamentales a raíz de una serie de casos de secuestro-violación-homicidio que fueron posibles solo gracias a la corrompida naturaleza del órgano judicial, al que el Ejecutivo, con su Ministerio de Justicia y Gobierno, contribuyó poco a mejorar. Nos referimos con esto al caso del violador y asesino en serie Richard Choque, cuya captura destapó la existencia de innumerables consorcios judiciales entre abogados, jueces y fiscales, conformados específicamente para liberar a presos probadamente culpables de los peores crímenes, como violaciones y asesinatos.
Una entrevista de la activista con el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, sirvió para acordar la apertura de una comisión que revisara más casos como el de Choque, en el que feminicidas pudieran haber salido libres a pesar de contar con sentencia, y eso sin tomar en cuenta casos de violencia contra la mujer, violaciones y otro tipo de agresiones sexuales. La escéptica feminista terminó impulsando otra serie de medidas y elaborando varios programas informativos que solo sirvieron para desnudar hasta niveles pornográficos los contubernios de corrupción, ineptitud y perversidad en los sistemas judicial y penitenciario.
Casi inmediatamente los bolivianos nos enteramos de que no solo eran feminicidas y violadores los liberados, sino además otros asesinos con sentencia, como Felipe Froilán Molina, alias “El Killer”, sentenciado a 30 años sin derecho indulto por el asesinato de nada menos que el líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz. El sujeto en cuestión, de paso, salió libre por las órdenes del juez Abraham Aguirre, justamente en los días de gobierno de Jeanine Áñez, ya salpicados en exceso, sino es que bañados, por denuncias de violaciones a los Derechos Humanos, y un régimen de ultraderecha declarado, lo que da paso a no creer en las coincidencias en este caso. El juez en cuestión fue a parar a la cárcel, tal como lo hicieron otros jueces a los que se descubrió como parte de dichos consorcios, incluyendo al que liberó al feminicida en serie Choque, el magistrado Rafael Alcón. Esto llevó a la Asociación de Jueces y Magistrados de Bolivia a presentar públicamente un comunicado en el que exigían mayor respeto a los honorables jueces del país, a pesar de que estos estuvieran involucrados en hechos de corrupción y que no se los presentara ante las cámaras como criminales. Obviando, claro, que la corrupción es un delito.
De hecho, en el mes se destaparon tantos actos de corrupción judicial que incluso un convicto ampliamente conocido como “el abogangster” salió en los medios ofreciendo revelar a más miembros de consorcios criminales. ¿A cambio de qué?, eso no lo dijeron.
Una oposición caducada
Pero lo mejor sucedería en la segunda mitad del mes, en la que, seguramente motivados por la llegada de un miembro de una comisión internacional con prestigio particularmente estadounidense y europeo, decidieron preparar un escenario de denuncia medianamente conflictivo. Jeanine Áñez entró en huelga, y políticos de los dos únicos y pequeños partidos de oposición no pudieron contener las ganas de seguir denunciando, ya muchos años después, el incumplimiento del referendo constitucional de 2016, a lo que Sayán parece no haberle dado gran importancia, a juzgar por la omisión de este dato en su informe preliminar. Coronó el hecho una serie de movilizaciones protagonizadas por pequeños grupos para conmemorar quizá la única victoria política opositora con algo de legitimidad. Nos referimos al 21-F y las concentraciones que se dieron en la ciudad de La Paz, protagonizadas por la cuestionada miembro de la Asamblea Permanente para los Derechos Humanos en Bolivia, Amparo Carvajal.
La huelga de Áñez, por otra parte, casi fue utilizada por un juez para ser trasladada temporalmente hacia un hospital, momento en el cual existía una duda razonable de fuga que motivó a varios colectivos oficialistas a movilizarse rápidamente en rechazo a tal medida. En medio de las protestas para evitar la salida de la principal acusada por el golpe de Estado de 2019 (aunque ciertamente su papel como autora intelectual debe ser considerado), su hija, Carolina Ribera, protagonizó una serie de espectáculos mediáticos en los que muchos sugieren se autolesionó, y que, de todas formas, no lograron que su madre fuera liberada. Una foto con el relator de la ONU no alcanzó para despertar la compasión del resto de Bolivia y aunque ella y Carlos Mesa le insistían a Áñez que desistiera de su huelga, por lo menos una humana Carvajal le pedía que resista nomás. Dicha recomendación llena de lucidez fue ignorada, no obstante 14 días luego de que se iniciara la huelga, el 9 de febrero, con Áñez claudicando el 23, sin pena ni gloria y, sobre todo, sin haber logrado despertar la compasión del representante internacional.
Todo esto lleva a considerar seriamente porqué la oposición no pudo utilizar la visita de García-Sayán, como hacer eco de sus denuncias contra lo que consideran un gobierno autoritario. La razón estriba seguramente en que para lograr cierto grado de empatía más que demostrar su punto los denunciantes deben de alguna manera tener algo con qué empatizar respecto al visitante, quien era miembro de una organización al menos nominalmente comprometida con el respeto por los Derechos Humanos. El hecho de que toda la oposición haya participado en un golpe de Estado que se bautizó con una treintena de muertos, cientos de heridos y miles de torturados, no ayudó a que un relator comprometido con ideas tan liberales como la libertad, la igualdad o el respeto por la vida encontrara algo con qué estar de acuerdo con ellos. García-Sayán no podía, si es que quería ser políticamente correcto y consecuente con principios liberales, ignorar a las víctimas de Senkata y de Sacaba, como tampoco podía desconocer a los culpables de las masacres perpetradas.
Lo llamativo es que la oposición en su conjunto, desde el timorato de Mesa a los radicales de Creemos, haya considerado que la misión de la ONU podía servirles políticamente. Dicha pretensión solo es explicable a partir de una visión distorsionada de lo que la ONU representa, posiblemente alguna forma de paralelo occidental, que creyeron los favorecería. Pero las ideas y acciones que esta oposición defienden solo son comprensibles en sociedades que no hayan visto la Declaración Universal de los Derechos Humanos, una oposición que acepte la igualdad de indígenas y no indígenas, y una oposición que esté dispuesta a jugar políticamente antes que dar golpes de Estado o masacrar ciudadanos. En otras palabras, una oposición moderna, no por ello menos derechista, pero más inteligente en cuanto a discurso y acciones. Una oposición distinta a la actual, caducada, que todavía piensa como se pensaba en el siglo XIX. Creyeron que matar indígenas sería ignorado por la ONU. De verdad, no sé en qué estaban pensando.
- Cientista político.
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