Por José Galindo *-.
Varios sectores de la sociedad boliviana se disputan la máxima directiva de una institución urgente para la democracia, desde el oficialismo hasta la oposición, pero también desde otros sectores de la sociedad partidariamente menos comprometidos, pero con innegable experiencia en la defensa de los Derechos Humanos. Solo un actor no parece estar calificado para esta competencia, y ese es la totalidad de la oposición, que apoyó a un régimen responsable de dos masacres y una violación sistemática de todo tipo de derechos, desde sus alas más moderadas hasta las más radicales. La postulación de personas como Manuel Morales no deja de ser, por ello, una broma cruel jugada a costillas de las víctimas de Senkata y Sacaba.
El extenso interinato de Nadia Cruz en la Defensoría del Pueblo puede explicarse por el inesperado Estado de Excepción que se impuso en el país tras el golpe de Estado de noviembre de 2019, que implicó, entre otras cosas, una violación sistemática de los Derechos Humanos como no se había visto desde inicios de este siglo, cuando comenzó a desmoronarse el modelo neoliberal y la democracia pactada de los partidos tradicionales. Ahora que el orden constitucional ha sido restablecido, la presidencia de esta importante institución se disputa desde ambos lados del espectro político, muchas veces sobrepasando los límites de la institucionalidad, hasta llegar, literalmente, a los golpes. Curiosa forma de llevar la renovación de una oficina cuya principal preocupación es, justamente, condenar toda forma de violencia que pueda ser ejercida contra la humanidad.
Pero tal ironía no debería sorprender a nadie que haya seguido las noticias sobre Bolivia desde hace un par de años, en los cuales las inclinaciones más abiertamente fascistas han encontrado eco más allá de sectores marginales de la sociedad civil, sino en los mismos representantes de la sociedad política, varios de los que se reclaman liberales o demócratas, al mismo tiempo que lanzan vivas a masacres perpetradas contra campesinos o, en el mejor de los casos, las ignoran descaradamente. Al juzgar por el comportamiento de los principales actores de la oposición, se puede predecir que la selección de un nuevo Ombudsman será más complejo de lo que usualmente ya es en otras sociedades. Llama la atención, en esto, una preocupante ausencia de oposición democrática, lo que no es lo mismo que una ausencia de actores democráticos en general.
Aunque los sectores más moderados de la derecha han consentido e incluso motivado serias violaciones a los Derechos Humanos de hombres y mujeres y hasta de menores de edad y personas con discapacidad provenientes de las clases populares, la preocupación por el respeto a los Derechos Humanos ha recobrado impulso a raíz de los lamentables hechos de noviembre de 2019. En ello, el seguimiento realizado por organizaciones internacionales de las más diversas inclinaciones políticas influyó bastante, así como la reactivación de una militancia por los Derechos Humanos, eso sí, impulsada exclusivamente desde la izquierda dentro del país, así sea de corrientes disímiles o a veces contrapuestas, como lo demuestra la intervención decisiva de personajes como María Galindo, figura más representativa del colectivo feminista Mujeres Creando, u organizaciones provenientes del oficialismo masista, el trotskismo y el indianismo, así como otras de pertenencia más ambigua, como David Inca, y otros, todos interpelados por el abierto racismo del gobierno autodenominado “transitorio” de Jeanine Áñez, sin respaldo popular pero apoyado por el Ejército y la Policía.
Y posiblemente lo curioso del actual contexto reside en la insistencia de varios sectores de la derecha en participar en el concurso por la presidencia de una institución fundamental para evitar que hechos como los que se dieron en 2019 se repitan. La oposición política, al mismo tiempo, secundada por los medios de comunicación, reclama el derecho a competir por la Defensoría del Pueblo a nombre de un malentendido pluralismo político, que ignora conscientemente el asunto de que fue la totalidad de la derecha, desde su ala más moderada hasta la más radical, quienes cerraron filas en torno a un gobierno no solo dudosamente constitucional, sino que promulgó un decreto que deslindaba de toda responsabilidad penal a las fuerzas represivas del Estado en la “restitución” del orden, lo que derivó en dos masacres, numerosos asesinatos selectivos, cientos de heridos y miles de detenidos sin juicio alguno.
A pesar de ello, figuras que apoyaron públicamente tal violación de los Derechos Humanos, como Manuel Morales, uno de los pocos integrantes conocidos de la Comisión Nacional por la Democracia (Conade), o el exprocurador del Estado durante el régimen responsable por masacres y asesinatos, José María Cabrera, quien justificó su postulación a la mencionada oficina a título de que no habría cedido a las presiones del exministro de Gobierno de aquel entonces, Arturo Murillo, posiblemente una de las figuras más grotescas del gabinete de extrema derecha que controló Bolivia por casi un año, responsable no solo por las muertes de Senkata y Sacaba, sino además por delitos pedestres como desvío de fondos y corrupción. Una tercera figura que terciaría por la Defensoría desde la derecha es Amparo Carvajal, discutible presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en Bolivia (Apdhb), vinculada a grupos paramilitares desde 2019 hasta la actualidad. De hecho, es llamativo que, dentro de la oposición partidaria al gobierno de Morales, no parece haber una sola figura que no haya estado involucrada con el régimen de muerte y terror instaurado desde el derrocamiento de Morales hasta la victoria del Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones de octubre de 2020.
La Defensoría del Pueblo tiene una historia relativamente reciente en un país sacudido por dictaduras y regímenes de excepción durante casi toda su existencia. Una historia que se remonta hasta hace tan poco como 1998, pero que atravesó un momento de crisis tan temprano como en 2003, ante la obvia presión que significaron la Guerra del Agua, la Guerra del Gas y el enfrentamiento entre policías y militares precipitado por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. La Defensoría del Pueblo fue institucionalizada formalmente con la nueva Constitución Política del Estado (CPE), promulgada en 2009, y normativizada en 2016 con la Ley 870. Fuera de figuras rescatables como Ana María de Campero o Waldo Albarracín, la institución no contó siempre con representaciones muy idóneas y casi siempre estuvo bajo la presión partidaria más que de la sociedad. En ese aspecto, la gestión de Nadia Cruz, aunque cuestionada desde ambos frentes del sistema de partidos, jugó un rol por lo menos de resistencia ante el primer régimen de excepción desde la última dictadura encabezada por Luis García Meza.
Es a partir de todo esto que puede concluirse que la renovación de la directiva de esta institución será tan difícil como trascendental para la historia de Bolivia.
- Cientista político.
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