En un día histórico para el país, un emisario del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos participará desde hoy como observador en el juicio contra la expresidenta de facto Jeanine Añez por el denominado caso Golpe de Estado II, con el fin de velar por el debido proceso y la aplicación de la justicia.
El ministro de Justicia, Iván Lima, hizo el anuncio y explicó que la presencia de un representante del organismo internacional se logró por medio de un acuerdo.
“Hemos suscrito un convenio con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la instancia máxima que regula, critica y observa cuando un gobierno no respeta el debido proceso, y el representante de Michelle Bachelet va a estar como observador de este juicio”, dijo en el programa Las 7 en el 7, de Bolivia TV.
“Son diferencias sustanciales entre un gobierno democrático y un gobierno de facto”, sentenció.
En cuanto al juicio oral, Lima recordó que la exmandataria será procesada por la comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes.
Por ello, destacó que el acto procesal dará las condiciones favorables para que se aclare lo sucedido durante las masacres de Sacaba y Senkata, así como las graves violaciones a los derechos humanos registradas durante el gobierno de facto, complementó.
“Retomamos algo que había quedado suspendido para el inicio de un juicio de responsabilidades”, aseveró.
El Gobierno nacional, dijo, está preparado, encabezado por la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría General del Estado para lograr el debido proceso y que haya justicia.
En ese sentido, manifestó que se espera que los abogados defensores de la expresidenta de facto dejen de lado la chicana jurídica, aunque anunció que es seguro que recurrirán de manera permanente al uso de excepciones e incidentes para obstaculizar la acción penal y la discusión fundamental del fondo de los hechos que serán juzgados: establecer si hubo una sucesión constitucional o un golpe de Estado.
“Eso no es lo que desea la parte que está en este momento imputada, lo que están planteando son únicamente obstáculos legales, chicanas, que sólo tienen como fin atrasar en el tiempo el juzgamiento y el debido proceso que se caracteriza por este elemento que es fundamental, la publicidad, la oralidad, la contradicción (…) Dejemos las chicanas, entremos a la discusión política de fondo”, sostuvo.
La autoridad manifestó que se tiene previsto que el juicio oral debería durar un máximo de tres años, de acuerdo con el artículo 133 de la Ley 1970 del Código de Procedimiento Penal, pero rememoró que existe una “grave distorsión” del procedimiento penal y esa norma “no está bien y tiene muchos vacíos que permiten demoras en los procesos penales”.
Asimismo, Lima hizo referencia a la reciente revelación de que Carlos Sánchez Berzaín, exministro de Defensa de Gonzalo Sánchez de Lozada, asesoró a Añez durante el golpe de Estado de 2019.
Ante tal hecho, explicó que en el juicio oral por el caso Golpe II no será posible la incorporación de nuevos procesados por más que se determine que tienen algún tipo de responsabilidad penal, porque debe “existir un principio de congruencia entre (el contenido de) la acusación y la sentencia” que sea emitida.
“Lo que va a ocurrir es que en algún momento del proceso o a su conclusión cuando se dicte sentencia el Ministerio Público va a poder abrir otros casos, un golpe de Estado IV o V, sobre la base de lo que ocurra en este proceso”, indicó.
La expresidenta de facto Jeanine Añez fue acusada en el caso Golpe de Estado II porque asumió la presidencia del Senado el 12 de noviembre de 2019, lo que luego le permitió acceder al poder, sin cumplir con los preceptos constitucionales y el Reglamento de Debate de la Cámara Alta.
Los hechos se registraron luego que una reunión de políticos de oposición y cívicos definió que tome el mando de la nación porque el entonces presidente Evo Morales había renunciado dos días antes.
ANTECEDENTES DEL JUICIO ORAL
-La expresidenta de facto Jeanine Añez es procesada por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes.
-La acusación formal en su contra determinó que tomó la presidencia del Senado para luego llegar al poder sin cumplir con los preceptos constitucionales.
Informe del GIEI confirmó que hubo sucesión ilegal en 2019
El informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) que investigó la violencia ocurrida en el país desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2019 confirmó que Jeanine Añez llegó a ocupar el cargo de presidenta del Estado Plurinacional por medio de una sucesión ilegal.
El documento da cuenta de que el artículo 169 de la Constitución señala que “en caso de impedimento o ausencia definitiva” del Presidente “será reemplazado en el cargo” por el Vicepresidente y, a falta de este, por el titular del Senado y, a falta de este, por el de la máxima autoridad de la Cámara de Diputados.
Por lo que después de la renuncia de Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019, se desencadenó una serie de dimisiones de las personas consideradas para asumir la Presidencia, de acuerdo con la cadena de sucesión.
Sin embargo, el documento menciona que Añez no siguió los preceptos constitucionales para llegar al poder.
“En reunión del Senado, sin el quórum previsto en reglamento, Jeanine Añez se proclamó como presidenta de la Cámara de Senadores, en sucesión por vacancia de los cargos de presidente y primer vicepresidente. Luego, también sin el quórum requerido, en el recinto de la Asamblea Legislativa, Añez se declaró presidenta interina del Estado Plurinacional de Bolivia”, señala el informe.
El 12 de noviembre de 2019, el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió un ‘Comunicado’ que fue usado como pretexto para intentar legalizar la toma del poder por parte de Añez; sin embargo, ese comunicado carecía de valor legal ya que el TCP sólo se pronuncia para fines jurídicos a través de autos y sentencias constitucionales.
Bolivia cumple con más del 50% de las recomendaciones del GIEI
En el marco de la consigna de Memoria, verdad y justicia, el gobierno del presidente Luis Arce cumplió hasta el momento con más del 50% de las 16 recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) desde octubre de 2021 para la reparación integral de daños a las víctimas del golpe de Estado de 2019.
El ministro de Justicia, Iván Lima, detalló que entre los avances logrados se creó un fideicomiso de Bs 8 millones para atender las demandas de los familiares de fallecidos y los heridos en los rubros de salud, educación y vivienda, así como la provisión de un bono alimenticio.
Además, recordó que el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima continúa con la atención de las solicitudes de los afectados.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Betty Yañíquez, trabaja por su lado en la elaboración de una ley de reparación del daño a las víctimas, complementó.
“En estos seis meses se tiene acciones concretas en el Legislativo, con la aprobación de leyes, en el Ejecutivo con acciones concretas de reparación de daños a las víctimas y también la Fiscalía y el Órgano Judicial que han empezado a trabajar, revisando y ajustando los ejes del debido proceso y la investigación de los casos penales”, agregó.
La autoridad explicó, asimismo, que se firmó un convenio, el 25 de marzo de 2022, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el seguimiento de la implementación de las recomendaciones del GIEI-Bolivia durante los próximos dos años.
El acuerdo, recordó, hará que la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum, y su comisionado relator para Bolivia, Joel Hernández, visiten el país para verificar el progreso de las tareas encaminadas.
“Se ha comprometido conformar un equipo entre funcionarios de la CIDH y el Ministerio de Justicia para que este mandato que tenemos de cumplir todas las recomendaciones no sea sólo una voz del Gobierno, sino una voz internacional que refleje este compromiso de la región y del mundo de reparar el daño frente a las graves violaciones a los derechos humanos que ocasionó el golpe de Estado producido en nuestro país”, relievó.
El titular de Justicia explicó en BTV que el trabajo conjunto permitirá también que el organismo internacional provea asesoramiento técnico para una clasificación de algunas de las víctimas en el afán del cumplimiento del más alto estándar de protección de los derechos humanos.
“Hay una categoría, la de perseguido político que puede tener diferentes matices. No vamos a imponer una posición como gobierno. Le hemos pedido al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a la misma CIDH que nos ayuden en un diálogo constructivo con todos los perseguidos políticos a generar parámetros objetivos y también formas de reparación integral del daño”, aseveró.
Mencionó que el término de reparación integral del daño será incluido en el análisis porque “tiene matices, tiene precisiones y varía en cada caso”.
El GIEI-Bolivia presentó las 36 recomendaciones el 19 de agosto de 2021, junto con un informe sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.
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