Por La Época -.
Por donde se lo mire, el golpe de Estado que se perpetró en 2019 fue posible, entre otras cosas, por una crisis de legitimidad, incluso fabricada en algunos niveles, que había afectado a una gran parte de la institucionalidad del Estado, de la cual no se salvó ni siquiera una tan necesaria como la Defensoría del Pueblo, duramente afectada por el terrible desempeño de su representante, David Tezanos Pinto.
Superar aquella gestión no solo era necesario, sino sencillo, y su sucesora, Nadia Cruz, puede considerarse como una representante que estaba más que preparada para desenvolverse en el cargo. De hecho, aunque muchos estén interesados en no reconocerlo, la respuesta de Cruz al desafío que supuso el golpe de Estado estuvo a la altura de las circunstancias, tomando en cuenta que el aparato golpista apuntó sus armas también en contra de su persona e institución.
No obstante, por muy idónea que resultase haber sido, y que podría seguir siendo, para ocupar el cargo de Defensora del Pueblo, Cruz adolece de un defecto que la oposición no dejará de resaltar: una supuesta inclinación afín al partido gobernante, algo que ella no se esfuerza en desmentir. Sea o no cierta tal simpatía, el hecho es que los medios de comunicación opositores y la opinión pública parecen haber dictado un veredicto inapelable en torno a su persona, a la que condenan con la identificación de masista.
No se puede decir mucho de los otros candidatos, algunas de cuyas figuras resultan ofensivas por sus extravagantes posicionamientos y presentaciones ante las cámaras y las redes sociales, lo que augura un futuro preocupante para una institución que es de suma importancia para evitar la consolidación de gobiernos no democráticos e inconstitucionales, como los que la derecha está obligada a instaurar si alguna vez desea ocupar el poder.
Una victoria opositora en elecciones es simplemente impensable, y es bueno que así sea, y así debe seguir siendo. Personas como Luis Fernando Camacho son los mejores aliados en ese sentido. La emergencia de la derecha fascista es el mayor argumento que tenemos para las siguientes elecciones.
Pero para contener los impulsos sediciosos de esa derecha radical, que crece como lo hacen los hongos, es necesario contar con instituciones fuertes, que solo se pueden levantar con liderazgos decididos, y en ese sentido, la propuesta de María Galindo, que no se va a consumar, no dejaba de ser atractiva. Su indisimulada antipatía por varios dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS) hubiera sido argumento suficiente para desmentir cualquier parcialización de la institución en favor del oficialismo, a lo que debe sumarse otra consideración: la derecha más decidida y con más posibilidades de enfrentarse al MAS es justamente autoritaria, misógina, racista… a la que Galindo no hubiera dudado en combatir. No solo hubiera dado legitimidad a la Defensoría del Pueblo, sino que hubiera sido una aliada poderosa en la lucha contra la extrema derecha que emergió durante el golpe de Estado de 2019.
En todo caso, la activista feminista no es candidata. Ahora se trata de que la Comisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) encargada de evaluar a los aspirantes a Defensor del Pueblo haga un buen trabajo y la población tenga la institución que merece.
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