mayo 16, 2022

La trama política que involucra a la oposición boliviana, Facebook y Google

Una denuncia de Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, a su sucesor Rubén Costas —que también involucra a los representantes locales de Facebook y Google—, puso en evidencia la ruptura entre quienes fueron aliados en 2019 para apoyar el golpe de Estado contra Evo Morales.

El gobernador de Santa Cruz de la Sierra, Luis Fernando Camacho, cumple un año en su cargo agobiado por las críticas de sus exaliados, con quienes está envuelto en batallas judiciales. Sus detractores lo acusan de «falta de gestión». Pero él acusa a su antecesor, Rubén Costas, por haber dejado la Gobernación sin financiamiento.

En este contexto, Camacho denunció a Costas por desvío de fondos públicos para financiar la campaña de 2021, cuya finalidad era que ingrese a la Alcaldía cruceña su delfín: Roly Aguilera, del Movimiento Social Demócratas (MSD). Por este caso también son investigados los representantes en Bolivia de Facebook y Google.

Sputnik consultó a conocedores del ambiente político cruceño, quienes ofrecieron su mirada sobre una inminente crisis que se cierne sobre el gobernador Camacho. Este empresario estuvo en la presidencia del Comité Cívico Pro Santa Cruz en 2019, donde se destacó como uno de los principales impulsores del golpe de Estado contra Evo Morales (2006-2019).

Santa Cruz de la Sierra es el departamento más próspero de Bolivia. En la década del 50 contaba con 50.000 habitantes. Luego de 70 años de continuo crecimiento, la urbe reúne a más de dos millones de personas, entre locales y migrantes de todo el país.

«Este señor [Camacho] está rompiendo con un modelo de gestión de la gobernabilidad departamental que tiene más de 70 años. Solamente responde a la voluntad de él y su grupo de amigos. No está coordinando, no está consultando y eso genera una fractura interna muy fuerte dentro de la élite política y empresarial cruceña», dijo a Sputnik la politóloga Helena Argirakis.

Varias investigaciones, realizadas por Argirakis y otros investigadores de Santa Cruz, determinaron que desde hace décadas la política y el mundo empresarial cruceño es gestionado por logias secretas, como Toborochi y Caballeros del Oriente. El problema es que Camacho tampoco obedece a estos poderes tradicionales, que cimentaron su llegada a la Gobernación.

«Camacho está manejando a Santa Cruz como si fuera su feudo, lo cual también hicieron en su momento las logias. Pero antes había una articulación corporativa entre los empresarios. Ahora es personal», aclaró Argirakis.
«Entonces, no hay que ser genia para darse cuenta de que esto en muy poco tiempo va a eclosionar y generar una crisis», consideró.

El intento de golpe de Estado de 2008

Argirakis recordó el origen de ambos bloques opositores, que en un principio compartían su aversión hacia el Gobierno y las políticas del expresidente Evo Morales. La politóloga mencionó un momento clave: septiembre de 2008, cuando estos actores iniciaron en Santa Cruz un golpe de Estado que finalmente fue sofocado, a costa de la masacre de 10 campesinos en el departamento amazónico de Pando, la cual presuntamente fue ejecutada por el gobernador Leopoldo Fernández, parte del bloque opositor conocido entonces como La Media Luna, por la forma que los departamentos bajo su control tenían en el mapa boliviano.

En ese momento se pudieron diferenciar dos facciones dentro de la oposición cruceña: una, liderada por el exgobernador Rubén Costas (2006-2021), tuvo una tendencia más negociadora con el Gobierno nacional. El otro bando, más radical, estaba representado por el exministro de Economía del Gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020) Branko Marinkovic y —actualmente— por Camacho.

Luego del fallido golpe de 2008, el bando entonces liderado por Marinkovic quedó debilitado. Sumado a ello, en abril de 2009 fue desbaratada en la ciudad de Santa Cruz la banda del boliviano-húngaro Eduardo Rózsa Flores, que había llegado a Bolivia con el propósito de dividir al país en dos: una nación integrada por los departamentos andinos; otra formada por las regiones de la Amazonía y las tierras bajas, con liderazgo cruceño.

Por sus vínculos con Rózsa, varios políticos y empresarios opositores terminaron presos o tuvieron que escapar de la justicia, como Marinkovic, que permaneció en Brasil por 10 años, hasta que regresó luego del golpe de 2019. De inmediato se sumó al Gobierno de Áñez.

Junto con Marinkovic regresaron al país aquellos opositores vinculados a Rózsa. «Este grupo autoclandestinizado volvió a Bolivia en el contexto del golpe. A ellos ya no les bastaba con administrar el poder, los recursos y el aparato público cruceño, sino que querían administrar el poder a nivel nacional», explicó Argirakis.
Para la politóloga, estas divisiones internas del bloque opositor imposibilitaron al Gobierno de facto mantenerse en el poder.

Cuando el Movimiento Al Socialismo (MAS) volvió a la presidencia, en noviembre de 2020, los grupos golpistas se abocaron a controlar los Gobiernos departamentales. Llevaron a esos ámbitos sus divisiones y enfrentamientos.

El motor cruceño

En la década de 1950, Santa Cruz era una tierra olvidada por el Estado nacional. Esto llevó a que su población formara cooperativas de agua, de electricidad y de telefonía, entre otras, para guiar su propio desarrollo. El sentimiento de autosuficiencia y de abandono estatal sigue latente en la identidad cruceña.

Para la politóloga, la actual disputa entre los bandos opositores se remite al control de las cooperativas y otras instituciones cruceñas que generan ganancias. «Se están disputando el control del excedente, que no es reinvertido en obras de infraestructura y políticas públicas en el departamento y sus municipios», analizó.
Argirakis reflexionó sobre un aspecto que pasó desapercibido en el golpe de 2019, una figura a la cual ella denominó «golpismo subnacional».

«Así como hubo un golpe de Estado en el ámbito nacional, también hubo golpes en el nivel subnacional, como municipios en los cuales las autoridades electas en 2015 fueron obligadas a renunciar de manera coercitiva», comentó. El caso más conocido es el de la entonces alcaldesa Patricia Arce, vejada públicamente por los golpistas. Actualmente es senadora de Cochabamba por el MAS.
«Esa estructura golpista se blanqueó en las elecciones de marzo de 2021», con la asunción de Camacho en Santa Cruz, Manfred Reyes Villa en la ciudad de Cochabamba e Iván Arias, exministro de facto de Jeanine Áñez, en la capital paceña.

«Yo lanzo la hipótesis de trabajo de que a partir de estas estructuras territoriales pueden haber intentos de generar una red de copamiento territorial. Y a partir de esas redes de copamiento, volver a acceder al control del Gobierno central, porque no lo pueden hacer por la vía electoral», evidenció Argirakis, quien también es escritora y docente universitaria.

Destacó que actualmente Santa Cruz se encuentra en la etapa de «disputa por el control territorial de la base política por parte de este grupo muy radicalizado, conservador y reaccionario».

Del discurso a la práctica

Para Emilio Rodas, cruceño e integrante de la organización social Columna Sur, «cuando Camacho llegó a la Gobernación se dio cuenta de que al discurso hay que respaldarlo con gestión institucional. Pero él no está preparado para eso. Él se hizo famoso porque tenía a todos los medios de comunicación a su disposición», dijo a Sputnik.

Pero, en los hechos, ni siquiera juntaba gente en las calles: «Cuando fue el golpe de Estado, la alcaldesa Angélica Sosa [actualmente presa por el caso de los ítems fantasma] le sostenía las calles con funcionarios públicos y con ollas comunes que eran pagadas por la Alcaldía. Y también tenía a la Gobernación de Costas», su exaliado.

Días atrás, Camacho lideró una movilización local quejándose del formato que tendrá el próximo censo nacional, a realizarse a finales de este año. «La movilización es todo el discurso político que maneja Camacho, resultado de su incapacidad de gestión institucional. Como no sabe hacer gestión, lo único que le queda es culpar al anterior Gobierno departamental. De ahí vemos la disputa entre Camacho y Costas», indicó Rodas.

La reciente denuncia de Camacho contra Costas ya entró al ámbito judicial, pero aún no presenta resultados. A finales de marzo se presentó a declarar Roly Aguilera, pero se suspendió por la falta de funcionarios judiciales. El pasado martes 5 de abril también fue al Tribunal Costas, pero tuvo que retirarse sin que nadie le tomara su declaración.

En un principio, la Fiscalía inició la investigación contra Aguilera, Costas y el concejal Manuel Saavedra por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y uso indebido de influencias. Más tarde, ampliaron el proceso por legitimación de ganancias ilícitas y «receptación de delitos proveniente de corrupción».

Para la fiscal Rose Mary Barrientos, hay pruebas suficientes para incriminar a los mencionados: «Los documentos dicen que se utilizaron recursos del Estado para financiar una campaña política. No lo dice el Ministerio Público: lo dice el banco, lo dice el cheque y las personas que cobraron», contó al canal televisivo cruceño Gigavisión.

Giovanni Gamarra Ortiz es gerente de Cisneros Interactive, representante de Facebook y Google en Bolivia. Fue convocado como testigo y afirmó que no había recibido dinero de la Gobernación para que los mensajes de campaña de Aguilera aparezcan en estos sitios de Internet.

Pero luego Gamarra cambió su versión, por lo cual pasó al grupo de los acusados. Para la Fiscalía, los representantes de Cisneros Interactive (Gamarra y Joan Enrique Ibarra Flores) «son con probabilidad autores de los delitos de obstrucción a la justicia, sancionado con privación de libertad de tres a ocho años; y receptación proveniente de delitos de corrupción, sancionado de tres a ocho años de prisión».

El programa Detrás de la Verdad, de Gigavisión, difundió la declaración de Gamarra, en la cual implicó a Costas.
El desvío sería de 700.000 pesos bolivianos, aproximadamente 100.000 dólares. Aunque no es una suma muy alta —en comparación con otros casos de corrupción— eran recursos que debían destinarse originalmente a una campaña informativa contra el COVID-19.

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