Por Soledad Buendía Herdoíza * -.
La muerte cruzada es una herramienta jurídica que tiene la Constitución política ecuatoriana, en su Artículo 148, que da potestad al Presidente de la República para disolver la Asamblea Nacional (AN) cuando, a su juicio, esta incurriera en las siguientes causales: si la AN se hubiera arrogado funciones que no le competen constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional; o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna.
Aquella facultad constitucional podrá ser ejercida por una sola vez en los tres primeros años de su mandato. En un plazo máximo de siete días después de la publicación del decreto de disolución, el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocará para una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos períodos.
Hasta la instalación de la AN, el Presidente de la República podrá, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, expedir decretos-leyes de urgencia económica, que podrán ser aprobados o derogados por el Órgano Legislativo.
El tema de la posible disolución de la Asamblea vuelve al debate en Ecuador después de la negación y archivo con el voto afirmativo de 87 legisladores, 44 negativos y tres abstenciones, del proyecto de Ley Económico urgente enviado por el presidente Guillermo Lasso.
Dicho proyecto presentaba un conflicto de interés pues facultaba al sector financiero y bancario a ampliar sus negocios sin restricción alguna. Este fue rechazado en marchas ciudadanas y sindicales, organizaciones sociales y políticas alertaron las intenciones de privatizar empresas públicas y la precarización de los servicios de salud y educación, entre otros.
Escondido en el discurso de la reactivación económica y la generación de empleo el Gobierno buscaba aplicar políticas neoliberales para asaltar los sectores energético, telecomunicaciones y de infraestructura, favoreciendo a la banca y al capital transnacional.
La incapacidad de dirigir el país y la crisis de gobernabilidad dejan en evidencia al presidente, quien frente al duro golpe político, enfila sus ataques contra la izquierda democrática, su aliando desde la segunda vuelta electoral. El mal reparto, seguramente, enoja a los compadres, el Presidente responde con graves denuncias de chantaje y corrupción, develando su práctica de repartirse el país como botín entre piratas.
Tan graves son las afirmaciones presidenciales que la justicia deberá investigar, sancionar y esclarecer todos “los acuerdos” llevados adelante y los costos de estos para las arcas de Estado. Si no sucede así, solo habrá sido un show más para esconder las leguleyadas en la Corte Constitucional.
Los corruptos siempre fueron ellos, solo es cuestión de tiempo.
* Miembro de la Asamblea Nacional del Ecuador.
Deja un comentario