mayo 18, 2022

Incremento salarial y la cuestión de clase

Por Sara Valentina Enriquez Moldez -.


El 18 de marzo la Central Obrera Boliviana (COB) presentó un pliego petitorio en el que planteaba su solicitud de aumento salarial e incremento de salario mínimo vital, por lo que hace algunos días se instalaron mesas de trabajo para la negociación en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Esta petición por parte de la COB es el resultado de ampliados departamentales en los meses pasados. Y, a raíz de esta petición, el sector empresarial tuvo declaraciones en rechazo profundo a la misma. Por un lado, Luis Barbery, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), objetó todos los pedidos de la organización obrera y los últimos días endureció su discurso. Como consecuencia a esta tensión entre la representación de trabajadores y la de empresarios, la COB de igual manera endureció su postura al rechazar la incorporación de ese sector patronal a la mesa de negociaciones, es decir, fustigó la negociación tripartita y dejó en claro que solo tratará con el Gobierno.

La aparición histórica de los empresarios en el mundo no tiene nada que halagar, mucho menos en Bolivia. Un conjunto de injusticias económico-sociales dieron paso a que hoy existan los empresarios que hay en el país.

Aunque en los últimos años, a excepción de la gestión del gobierno de facto, se haya avanzado económicamente y no se haya dejado de incrementar el salario mínimo vital, es preciso señalar que no se siguieron los clásicos procesos de una revolución socialista porque nuestro proceso revolucionario no fue clásico, tuvo y tiene las particularidades de estar situado en América del Sur, en un país indígena, con sus respectivas peculiaridades causadas por sus circunstancias históricas que obviamente no son las mismas europeas, empezando por las formas de acumulación originarias, organización política, la Colonia, oligarquías, etcétera, y principalmente porque no se tuvo un desarrollo industrial a tal nivel.

A pesar de que cada país tenga sus sellos propios, especialmente en América Latina o en otros lugares de mundo, no se puede negar una verdad que termina siendo un factor común como es el origen de la ganancia empresarial, que se resume en el plusvalor. La ganancia del empresario jamás será ética con la clase obrera.

Se sabe que este pedido de la COB no resuelve la contradicción fundamental de la explotación empresarial burguesa, debido a la complejidad de nuestro proceso, pero sí se enfoca en una contradicción adicional que tiene que ver con el costo de producción y la fuerza de trabajo, por lo tanto, es directamente inherente a la clase obrera.

Por otro lado, llama la atención que el principal argumento de la CEPB en contra del petitorio sea que no están bien económicamente por las consecuencias de la pandemia, ya que antes de la llegada de esta, y con avances económicos a nivel país, ellos mismos se opusieron a los incrementos del salario mínimo vital. Un claro ejemplo es lo que sucedió en 2009, cuando el presidente de la CEPB en ese entonces dijo que no acataría el DS 29.116, que obligaba a los empresarios a aumentar en un 5% los salarios de los trabajadores, y no sorprendentemente su argumento principal fue el mismo que el actual: “Las peticiones de los trabajadores no se adecuan a la situación económica de las empresas”.

Otro ejemplo, igual o quizá más importante, que demuestra la posición ideológica de las empresas y más precisamente de la CEPB, es que años atrás esta junta de empresarios rechazó el proyecto presentado a la Constituyente por parte del Movimiento Al Socialismo (MAS) para establecer una economía comunitaria que permitiera regular y controlar empresas y eventualmente expropiarlas en el caso de incumplir con las reglas que se pretendían instituir para dicho sector.

Incluso años antes, allá por 1993, el entonces presidente de la CEPB, Fernando Illanes, afirmó que el único ganador de las elecciones de ese año fue “el modelo de libre mercado”, siendo que años más tarde este personaje sería quien privatizaría YPFB, trayendo consigo consecuencias desfavorables para la economía boliviana.

Ya haciendo referencia a algo más reciente, tras haberse consolidado el golpe, días posteriores a la masacre de Sacaba y horas después de la masacre de Senkata, Luis Barbery se reunió con Jeanine Áñez para expresar su apoyo al gobierno de facto con comunicados y entrevistas.

Por otro lado, esta misma articulación de empresarios CEPB, el 1 de octubre de 2021, recientemente y ya bajo la administración de Luis Arce, pidió la suspensión del tratamiento de proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas 218, apoyando a la convulsión social del país.

Ya sabiendo y siendo consciente de quiénes son los que rechazan este pedido del incremento del salario mínimo vital e incremento salarial, es bastante fácil tomar una posición, porque surge una pregunta fundamental: ¿este sector de la sociedad tiene legitimidad para intervenir en este corte de asuntos y rechazar demandas?

Pisando nuestra realidad, podemos decir que plantear un 7% de incremento al salario mínimo vital no suena para nada descabellado. Afirmo esto porque el año 2011 se tuvo un crecimiento de 5,1%, una inflación de 6,9%, y un incremento del salario mínimo vital del 20% con respecto al año anterior. Hoy Bolivia tiene un crecimiento económico igual al del año 2011 y una inflación de 3,3%, según el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Banco Central de Bolivia (BCB). Y aunque estos datos puedan tener matices por las singularidades de los mencionados años, me parece que nos ayudan a sacar conclusiones cercanas a la realidad.

El desarrollo económico siempre tiene que ir de la mano de un desarrollo social. De nada sirve mostrar bonitos números si estos no se traducen en adquisición y multiplicación de derechos para los trabajadores. No sirve de nada buscar un crecimiento económico que no esté acompañado de la reducción de las desigualdades.

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