mayo 18, 2022

Aguas del Silala ¿el último obstáculo entre Bolivia y Chile?

Por José Galindo *-.


El juicio internacional por las aguas del Silala podría ser el último obstáculo que enfrentan Bolivia y Chile para encaminarse en un reacercamiento que se muestra prometedor para el futuro, para resolver problemas en ámbitos como la migración, el comercio e incluso el control sobre el precio de un recurso estratégico: el litio. A pesar de ello, este proceso no estuvo exento de tensiones, tonos subidos y posiciones férreas, que deben considerarse como el correlato natural de una rivalidad centenaria. Competencia, sin embargo, que ahora es más una rémora que un impulso.

Bolivia y Chile presentaron el pasado 13 de abril sus últimos alegatos orales frente a la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), donde se dirime otra polémica histórica entre ambos países, esta vez por el uso de las aguas del Silala. Aunque es difícil predecir cuál será el veredicto de la instancia jurídica más importante del mundo, programado para finales de este año, es de esperarse que el resultado sea más salomónico que el que se dictó respecto al diferendo marítimo de 2019, que dejó un sabor amargo en la percepción de muchos bolivianos. En todo caso, pocas veces suele haber ganadores absolutos en este tipo de espacios, en los que los que los principales sujetos jurídicos son Estados. Cabe ambicionar que tras este episodio las diplomacias se esfuercen en estrechar lazos, mientras lidian con el descontento de sus respectivas oposiciones nacionales y, en el caso boliviano, regionales.

El contexto

Como es bien sabido, la controversia internacional tiene su origen a principios del siglo XX, y puede decirse que es algo así como un efecto colateral de la derrota de Bolivia en la Guerra del Pacífico, oficializada recién en 1904, con un tratado aborrecido hasta el día de hoy por la mayor parte de los bolivianos.

Una de las cláusulas de dicho documento establecía el compromiso del Estado de Chile de concluir los últimos tramos del ferrocarril de la región perdida de Antofagasta hasta los territorios del interior de Potosí, para garantizar el flujo del comercio internacional desde y hacia Bolivia. Y para hacerlo posible era necesario contar con la provisión de recursos hídricos que fueron extraídos del cuerpo de agua en cuestión. Fue así como en 1928 la empresa chilena Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia inició la construcción de una serie de embalses y ductos artificiales para mejorar, según la parte chilena, o para desviar, de acuerdo a la parte boliviana, las aguas del Silala. Tal operación contó, incluso, con un aval de la Prefectura potosina.

La empresa en cuestión, sin embargo, siguió operando hasta tan tarde como 1961, cuando se retiró del lugar oficialmente. Las aguas del Silala siguieron siendo utilizadas esta vez por la Corporación Nacional del Cobre de Chile, como se adivinará, para operaciones mineras. Todo esto pasó inadvertido a pesar de la intensa conflictividad que se daba entre ambos países, que rompieron relaciones diplomáticas en la década del 60, tras lo cual vivieron un breve periodo de acercamiento protagonizado por las dictaduras de Banzer y Pinochet, que volvieron a distanciarse oficialmente a raíz de otra disputa territorial de aquel entonces, en torno al río Lauca.

Durante todo ese tiempo la minería dejó de ser la única actividad beneficiada del uso de las aguas del Silala, con el norte chileno diversificando su producción a otras ramas como la agricultura. No fue hasta 1996 que varios medios de prensa bolivianos denunciaron el desvío de las aguas que nacían en territorio boliviano, lo que obligó al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada a revocar la concesión realzada hace casi un siglo por las autoridades locales potosinas. Es desde este punto que podemos considerar que nace la discusión entre ambos Estados, que volvió a emerger en 1999, aunque solo a través de comunicados emitidos por las dos cancillerías.

La llegada de Evo Morales y Michelle Bachelet a los gobiernos de Bolivia y Chile, respectivamente, fue considerada como un momento propicio para revisar las relaciones entre La Paz y Santiago, interesados en reanudar lazos diplomáticos a partir de lo que se llamó la “Agenda de los 13 Puntos”. Se llegó a considerar, incluso, el pago de una indemnización retroactiva por parte del Estado chileno del 50% de las aguas, tan pronto como en 2006, pero la oposición política de ambos países inviabilizó esa propuesta.

El anuncio del gobierno de Morales de iniciar un juicio contra Chile por el tema marítimo terminó por liquidar la agenda de reencuentro y marcó una nueva era de distanciamiento entre ambos países. En 2013 el gobierno de Morales inauguró un criadero de truchas en la región del Silala, provocando la protesta del gobierno chileno, que reclamaba el uso de esas aguas.

El proceso de la CIJ

La opinión pública olvidó el asunto hasta 2016, cuando en pleno proceso de oficialización de la demanda marítima boliviana y ante la posibilidad de ser llevado a un segundo juicio justamente por las aguas del Silala, Chile, nuevamente bajo la presidencia de Bachelet, se adelantó a la cancillería boliviana e interpuso una demanda contra Bolivia por el mismo tema, en cuya argumentación central se aclaraba que aunque el Silala nacía en Bolivia, sus aguas fluían hasta el río San Pedro, ubicado en su territorio, convirtiendo al Silala en un río internacional. El 6 de julio de 2016 la CIJ registró el caso formalmente como: “La disputa por el estatus y uso de las aguas del Silala”.

A diferencia del proceso de la demanda marítima boliviana, el caso de la controversia por las aguas del Silala atrajo menos atención pública y menos movilización por parte de las sociedades boliviana y chilena, aunque sí se extendió por un periodo más largo de tiempo, debido a los episodios de conflictividad social que estos países experimentaron desde finales de 2019 hasta mediados de 2020, y por la irrupción de la pandemia del coronavirus. Por ello, lo que acaba de acontecer la segunda semana de abril de 2022 marca un largo recorrido que se arrastra por casi un lustro, y que encuentra a ambos países esta vez bajo el signo de gobiernos progresistas.

El proceso judicial arrancó oficialmente el 3 de julio de 2017, fecha en la que la cancillería chilena presentó su memoria de seis tomos, que contenían estudios hídricos, geológicos, topográficos y demás pesquisas de carácter científico. La contra memoria boliviana debía ser presentada el 3 de julio del año siguiente, pero terminó siendo entregada recién el 31 de agosto de 2018, a partir de registros históricos, estudios topográficos e hidrográficos y evidencia acerca del carácter artificial de las estructuras presentes en el curso de las aguas del Silala. La controversia principal giraba en tono a la naturaleza de las aguas del Silala: manantial desviado hacia curso extraterritoriales o río internacional cuyo origen sufrió mejoras que no alteraron la cualidad de su curso.

El 15 de febrero de 2019 Chile presentó su réplica a la contra memoria boliviana, esta vez bajo el gobierno del presidente Sebastián Piñera. En la ocasión, el entonces canciller chileno, Roberto Ampuero, informó que la réplica insistía en la existencia de una pendiente considerable entre la fuente de nacimiento del Silala y su punto de llegada en el río San Pedro, por lo que se remitían, en lo fundamental, a la ley de la gravedad. Por su lado, Bolivia presentó su dúplica el 15 de mayo de ese mismo año. El canciller boliviano en aquel momento era Diego Pary, quien, junto al agente de la demanda, Eduardo Rodríguez Veltzé, adelantó que la dúplica constituida por seis tomos contenía todos los registros necesarios para demostrar la naturaleza artificial de las estructuras alrededor del Silala, aunque reconociendo que se trataba de un curso de aguas internacionales, es decir, un río.

Se tenía previsto que la fase oral del juicio se llevaría a cabo desde mediados de 2020, lo que tuvo que posponerse por la expansión de la pandemia a finales de marzo de ese año. No fue hasta finales de 2021 que ambos países anunciaron que el juicio sería reanudado en 2022, como efectivamente sucedió.

El último tramo de la demanda

La última fase del juicio entre Bolivia y Chile inició el 1 de abril de este año. Los dos países habían atravesado profundos cambios políticos desde su último encuentro en instancias internacionales a finales de 2019, que los condujeron a elegir presidentes de izquierda en 2020 y 2021, lo que implicaba posibles cambios en los quipos jurídicos respectivos: por el lado chileno, fue ratificado la totalidad de los especialistas que asesoraron su caso desde 2016; mientras que por el lado boliviano se tuvo que recontratar a varios de los juristas que renunciaron durante el gobierno de Jeanine Áñez, considerado por muchos analistas como un golpe de Estado.

En su primer alegado, el secretario general de la Dirección de Reivindicación Marítima y Silala (Diremar), Emerson Calderón, anunció que Bolivia sí aceptaba que el Silala fuera efectivamente un río internacional, pero cuya fuente fue modificada artificialmente para mejorar el aprovechamiento de los recursos hídricos por la parte chilena, lo que implicaba que Bolivia tenía soberanía sobre dichas estructuras debido a que se encontraban en su territorio. Además de esta posición, la parte boliviana demandó levantar la reserva sobre los documentos presentados por las partes ante la opinión pública, en orden de cumplir con el principio de transparencia del caso, lo que finalmente fue aceptado por la CIJ, en cuyo portal web se puede acceder a la evidencia proporcionada.

El 3 de abril se informó que Bolivia asumiría tres posiciones, explicadas de la siguiente forma: Primero, Bolivia tiene un derecho sobre los canales instalados en su territorio y quiere saber si Chile los va a conservar o no; segundo, Bolivia tiene derecho sobre el flujo mejorado que producen las obras hidráulicas instaladas en territorio nacional, aclarando que Chile no tiene ningún derecho sobre este flujo porque no se ha suscrito ningún acuerdo; y tercero, que si Chile quiere continuar beneficiándose de este flujo mejorado a costa de la canalización instalada está obligado a negociar un acuerdo que incluya una compensación a Bolivia a fin de conservar estos canales que generan un perjuicio a los humedales del Silala que están protegidos por la Convención de Ramsar.

Por su parte, Chile argumentó que al tratarse de un río internacional y estar sujeto a la ley de la gravedad, puede hacer uso irrestricto de las aguas del Silala, lo que fue planteado en términos quizá más severos de la boca del abogado Alan Boyle, quien afirmó: “Nosotros decimos que Chile es libre de usar las aguas del Silala como le plazca, sin pago o algún acuerdo adicional siempre y cuando, naturalmente, su uso sea equitable y razonable, e invitamos a la Corte a que falle en consecuencia”, añadiendo luego que “si Bolivia decide mantener las canalizaciones, Chile no tendría obligación alguna de pagar por la entrega continuada de las aguas del Silala”.

Para el 13 de abril Bolivia y Chile presentaron sus conclusiones ante la CIJ, tras la segunda ronda de alegatos orales que se llevaron a cabo durante la primera mitad de este mes, bajo el principio mencionado de soberanía sobre el territorio donde se encuentran las estructuras que rodean las aguas del Silala y que afectan negativamente a bofedales en otras partes de su territorio, algo, por supuesto, rechazado por la parte chilena.

El veredicto o fallo final será dictado a finales de este año. Hasta entonces, es de esperar que ambos gobiernos, que comparten una abultada agenda de problemas y asuntos bilaterales, se hayan acercado más, después de un centenario alejamiento. Temas como la migración, el comercio e incluso la posibilidad de crear un cartel que controle el precio del litio a nivel mundial junto con Argentina, también gobierno aliado, reclaman la atención de sus aparatos burocráticos.


  • Cientista político.

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