Legisladores de oposición y del oficialismo coincidieron ayer, con la decisión expresada por el Gobierno, de no negociar la impunidad de las masacres de El Pedregal, Sacaba, Senkata, Montero y Betanzos por el régimen de facto en 2019.
El diputado por el MAS, Sandro Ramírez respaldó la posición expresada por la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, quien aseguró que “acá no hay canjes ni negociaciones con delincuentes que han masacrado a nuestro pueblo”.
En esta línea, Ramírez manifestó que “el Gobierno del hermano Luis Arce no podría negociar o aceptar el ofrecimiento de Arturo Murillo, pues ese es un tema que le corresponde a la justicia, además que el pueblo votó por el MAS en 2020 para que se haga justicia y no se den más episodios como lo ocurrido en 2019, que se vulneró la democracia”.
La pasada semana el exministro de facto Arturo Murillo ofreció su extradición voluntaria desde Estados Unidos, donde guarda detención por el lavado de dinero, obtenido por la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos.
A cambio pedía la detención domiciliaria de Jeanine Añez y que el Gobierno boliviano entregue a Maximiliano Dávila.
En ese contexto la diputada Zulay Mamani cuestionó el ofrecimiento de Murillo, y lo calificó como desesperado, toda vez que debe rendir cuentas ante la justicia en Estados Unidos y busca la manera de beneficiarse.
“No necesitamos ese tipo de ofrecimientos. Él está detenido allá, y cuando cumpla su condena deberá volver a Bolivia para purgar sus delitos”, dijo.
Por su parte, la diputada de Creemos, María René Álvarez coincidió con la posición expresada por la Ministra de la Presidencia, en el sentido de que no hay nada que negociar con Murillo, y que esas palabras “hay que tomarlas como de quien viene”. “Dentro del derecho internacional me parece que no existe ese tipo de situación (…) ¿por qué habría que haber un intercambio?”, cuestionó.
Álvarez aseguró que muchas de las acciones de Arturo Murillo “nos han demostrado quién realmente es él”, por lo que desestimó cualquier posibilidad de aceptar el ofrecimiento.
Cabe recordar que Bolivia inició los procesos correspondientes, que están siguiendo su curso, contra los responsables, autores intelectuales y materiales por la violación de los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, encarcelamientos ilegales y persecución política, entre otros.
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