julio 3, 2022

Menoscabar la democracia: la apuesta de la oposición política

Por José Galindo *-.


La oposición en la teoría

Uno de los principios de la teoría democrática sostiene que los ciudadanos tienen el derecho a oponerse a cualquier medida gubernamental que consideren inapropiada o dirigida en contra de sus intereses. Se trata de evitar lo que algunos liberales llaman “la tiranía de la mayoría”, que consiste en la adopción de decisiones no democráticas a partir de medios democráticos, que vulneren derechos básicos como el derecho a la vida, por ejemplo. Es bajo este paraguas conceptual que se considera que toda democracia saludable debe garantizar la existencia de una oposición, partidaria en sistemas parlamentarios e institucional en sistemas presidencialistas, en orden de garantizar que las mayorías no abusen de las minorías.

Dichas instancias, y cualquier otra que tenga la capacidad de paralizar la agenda gubernamental, son conocidas como actores de veto, con los cuales el oficialismo está en la obligación de negociar si es que quiere implementar reformas o simplemente funcionar normalmente. El Parlamento, o cualquier instancia legislativa análoga, es considerado el lugar por excelencia para alcanzar dichos entendimientos, a través de discusiones racionalmente orientadas, que tengan en mente, sobre todo, el bien común de las personas. Los actores de veto por excelencia, a partir de este enfoque, son: la oposición parlamentaria, el sistema judicial, los medios de comunicación y grupos de interés. Una idea queda implícita tras todo esto, y es aquella que considera a los seres humanos como agentes racionales que siempre tomarán decisiones acordes a sus mejores intereses, a partir del principio del egoísmo racional.

No obstante, y de algún modo contradiciendo la teoría democrática, la teoría de partidos advierte que toda oposición está interesada en una sola cosa en última instancia: conquistar el poder y ocupar los mayores puestos de autoridad política, y para ello, si las condiciones se lo permiten, se opondrá a cualquier iniciativa del oficialismo, al mismo tiempo que tratará de paralizar o por lo menos dificultar su gestión de gobierno hasta que consiga su renuncia o el electorado lo castigue por su inoperancia en los comicios más próximos. En este tipo de situaciones, el principio de la agencia racional de los sujetos políticos queda desmentido, pues una oposición puede terminar entorpeciendo la gestión de gobierno hasta llevar al país a una situación de caos con consecuencias negativas para todos, incluyendo a los propios miembros de esa oposición política. En los casos más extremos, esta situación puede llevar a la anulación del propio sistema democrático.

La oposición en la práctica

Es esta, pues, la situación que actualmente enfrenta el gobierno de Luis Arce Catacora, que ha tenido que plantarse a una tozuda oposición que se ha negado a viabilizar toda iniciativa proveniente del oficialismo. Algo que se advertía desde finales del año pasado, cuando dos jóvenes legisladores del partido Comunidad Ciudadana (CC), Alejandro Reyes y José Ormachea, hicieron el ridículo al no lograr explicar por qué se opondrían al Plan de Desarrollo propuesto desde Ejecutivo. Los muchachos abandonaron la testera entre risas y carcajadas, lo que dio una idea acerca de cuan seriamente se toman sus funciones. En todo caso, desde entonces, la oposición legislativa ha aprovechado todo momento posible para entorpecer la gestión del gobierno de Arce.

Actualmente, en orden de urgencia, el Gobierno enfrenta el desafío de negociar exitosamente a la oposición en los siguientes asuntos: la elección del Defensor del Pueblo, la elección del Contralor del Estado, la viabilización del Censo Nacional de Población y Vivienda 2022, y problemas de mayor alcance como la reforma de la Justicia y la Policía Nacional. Adicionalmente, debe lidiar con otros frentes de potencial conflicto social como el que hoy amenaza el Colegio Médico de Bolivia o la supuesta escasez de maíz que anuncia el sector agropecuario del Oriente, conocido por sus inclinaciones golpistas y conspiradoras. Habría que sumar a esto, finalmente, la renuncia de la vocal María Angélica Ruiz al Tribunal Supremo Electoral (TSE), entre cuyos efectos puede estar la merma de la legitimidad del Órgano Electoral, con insospechadas consecuencias a futuro.

De lo que se trataría a la larga es de no solamente paralizar la gestión de gobierno, sino la de la institucionalidad misma del país en su conjunto, abriendo la posibilidad de que la situación nacional se torne tan ingobernable que no quede otra alternativa que la suspensión de la democracia y, posiblemente, de las próximas elecciones, debido a que la oposición nunca ha podido superar el 30% como techo electoral y la propia vocación de mayorías que caracteriza del partido oficialista. En tales circunstancias, las Fuerzas Armadas podrían convertirse en un nuevo actor de veto, a su vez, tal como sucedió con la Policía Nacional, reacia, como se ha mostrado hasta ahora, a cualquier intento de reforma que se anuncie desde el Gobierno. En otras palabras, la derecha, en ejercicio de su democrático derecho a oponerse, está decidida a socavar las propias bases de una democracia que ya ha dejado de servirle desde hace mucho tiempo. De forma muy similar a como sucedió durante el golpe de Estado de 2019, al cual se contribuyó cuando se decidió desconocer los resultados del referendo constitucional del 21 de febrero de 2016.

La anulación de la democracia

La muestra más clara de todo esto se puede observar en la tenaz resistencia que las bancadas de CC y Creemos le han opuesto a la elección de un nuevo Defensor del Pueblo, institución decisiva para evitar, o por lo menos suavizar, situaciones como las que se dieron en octubre y noviembre de 2019. De mantenerse la decisión oficial de bloquear la elección de esta instancia “tantas veces como quiera el MAS”, tal como lo admitió el senador Guillermo Seoane, su dirección volvería a quedar a cargo de Nadia Cruz, cuyo desempeño fue más que loable en la coyuntura de excepción del mentado golpe de Estado, pero que es rechazada por varios sectores de las clases urbanas por pertenecer, supuestamente, al oficialismo, algo que la frustrada candidata no se ha esforzado por refutar. El curso correspondiente, de darse esto, sería utilizado por la oposición para deslegitimar esta institución.

Súmese a ello la renuncia de la mencionada vocal al TSE, sin el cual no es posible llevar a cabo elecciones generales. No olvidemos, en este sentido, de que una parte de la derecha boliviana se negó incluso a reconocer la validez de las elecciones de finales de 2020, llamando, en contra del más mínimo compromiso democrático, a una intervención de las Fuerzas Armadas y la conformación de una Junta Militar. El desconocimiento de estas elecciones, por si fuera poco, ha sido seguido por ciertos miembros de la oposición legislativa, lo que da una idea de los extremos en los cuales podría incurrirse si es que no se cuenta con una oposición con un mínimo de compromiso con la viabilidad del país, no del Gobierno. En este sentido, la renuncia de la exvocal María Angélica Ruiz, sumada a las renuncias previas de Salvador Romero Ballivián y Rosario Baptista, pueden considerarse como una abierta renuncia de la clase media urbana a contribuir con la institucionalidad del país.

El abandono del campo democrático por parte de la oposición política moderada, usualmente presente en los sectores de clase media, a los cuales pertenecían los tres vocales que dimitieron, le abriría el paso a su par más radical, de extrema derecha, dispuesto a la anulación del propio sistema democrático en orden de recuperar el poder perdido hace décadas, que solo pudieron volver a tocar durante un año, provocando graves consecuencias con las cuales debe lidiar hoy el gobierno de Arce.

La reforma de áreas estratégicas como la salud, la educación, la seguridad y la Justicia, es virtualmente imposible de implementar bajo estas circunstancias, lo que podría dar la equivocada impresión de que la democracia es de hecho un obstáculo para la estabilidad política. Pero, esta idea sería reforzada por la misma oposición interesada en defenestrar al Gobierno, sin importar qué.

La ausencia notable es la de una oposición políticamente responsable, que se distancia de los sectores más extremos de la sociedad, más alejados de la toma de decisiones de carácter público y más abocada a sus negocios, como las clases empresariales del agronegocio, que en esta coyuntura amenazan con encarecer productos básicos de la alimentación mediante el agio y la especulación. O el sector de la salud, con reconocida trayectoria conservadora, hoy disconforme con el incremento salarial inversamente proporcional dispuesto por el Gobierno a principios de este mes. La “oposición sectorial”, por llamarla de alguna manera, carece de convicciones democráticas, que deberían estar presentes, sin embargo, en la oposición parlamentaria. Al menos en una parte de esta.

En este sentido, el oficialismo debe apelar a los sectores más racionales y democráticos de la oposición en orden de evitar que un descalabro institucional como el de 2019 vuelva a repetirse, esta vez con repercusiones más severas que la última vez. Y sin olvidar que la democracia es, también, un campo de lucha, solo que institucional, donde se mide una correlación de fuerzas usualmente apoyada en las calles. El oficialismo no puede perder dicho recurso y está obligado a fortalecerlo dentro de los márgenes mismos de la democracia. Concertar y, paralelamente, construir fuerza social: esa es la consigna.


  • Cientista político.

Sea el primero en opinar

Deja un comentario