agosto 17, 2022

Añez podría ser condenada a 14 años de prisión por caso Golpe de Estado II

La exsenadora Jeanine Añez podría ser condenada a 14 años de prisión por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes por el caso Golpe de Estado II.

El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, explicó que por el delito de incumplimiento de deberes puede enfrentar cuatro años de cárcel y por resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes otros 10. Ambas transgreden el artículo 169 de la Carta Magna y suman 14 años de condena.

“En este caso se la acusa a la señora Añez por dos delitos de corrupción: El incumplimiento de deberes tiene una pena máxima de cuatro años, las resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes tiene un máximo de 10 años”, aseguró Siles ayer en conferencia de prensa.

La autoridad insistió en que tras el rechazo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) a la acción de inconstitucionalidad presentada por la defensa de Añez, y otros implicados, por los dos delitos por los que los juzga, el Tribunal de Sentencia 1° de Anticorrupción de La Paz debe reinstalar el juicio a más tardar esta semana.

“Debería dictarse sentencia, máximo en esta semana, no estamos queriendo hacer injerencia al Órgano Judicial. El procedimiento penal claramente dice: Si se ha dictado el auto constitucional respectivo corresponde reanudar el juicio, y una vez reanudado se debe dictar sentencia. (…) La defensa pedirá la absolución, seguramente, pero corresponde al tribunal dictar la sentencia correspondiente”, dijo Siles.

Bajo esa misma lógica, el vocero presidencial, Jorge Richter, indicó que tanto al Gobierno como a la sociedad les corresponde esperar la culminación del proceso. “Que se manifiesten los jueces, que den su veredicto sobre las consideraciones judiciales y que le comuniquen al país qué determinan”.

SOBRE EL JUICIO

El 28 de marzo empezó el juicio oral en el caso Golpe de Estado II. El 29 de abril durante una audiencia se conoció que la defensa de Añez activó una acción de inconstitucionalidad, alegando que su sentencia no puede dejarse a interpretación de un fiscal o un juez y que es atribución del TCP.

El 4 de mayo, el Tribunal de Sentencia suspendió temporalmente la audiencia del juicio oral.

En el caso Golpe de Estado II se investigan las acciones de Añez cuando era la segunda vicepresidenta de la Cámara Alta en 2019 para asumir la Presidencia del Estado de forma irregular.

Los exjefes militares Gonzalo Jarjuri y Jorge Terceros fueron sentenciados a tres años de prisión en un proceso abreviado luego de que aceptaron su culpabilidad.

SENTENCIA SERÁ UN PRECEDENTE PARA NO ATENTAR CONTRA LA DEMOCRACIA

El abogado constitucionalista Israel Quino considera que la sentencia, que podría ser condenatoria para Jeanine Añez y jefes militares y policiales,  en el caso Golpe de Estado II, debe sentar un precedente para quienes atenten contra el orden democrático del país.

“Tiene que sentarse un precedente para quienes atenten contra el orden democrático de las autoridades legal y constitucionalmente elegidas (…) para que ningún otro grupo de funcionarios públicos, promovidos por inclinaciones políticas atentatorias a la ley, puedan generar un atentado a un poder público”, declaró Quino a la Agencia Boliviana de Información.

Bajo esa línea, el abogado constitucionalista manifestó que la sentencia también debe generar la posibilidad de captura internacional de los involucrados en el golpe de Estado de 2019 que fugaron del país para que retornen y respondan por sus acciones ante la justicia.

“Una vez que se conozca la sentencia entre los principales acusados, se tiene que generar una búsqueda internacional de captura y extradición de los prófugos de la justicia boliviana”, sentenció Quino.

El exministro de Gobierno Arturo Murillo, considerado como la mano derecha de Añez, es una de las personas que debe rendir cuentas ante la justicia boliviana por los hechos de corrupción y por las masacres de Senkata y Sacaba, tras dar órdenes que determinaron la actuación de las  fuerzas armadas en noviembre de 2019.

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