julio 3, 2022

El autoritarismo local de Camacho


Por José Galindo *-.


Aunque no debería ser una sorpresa para nadie, los gobiernos locales pueden ser tan o más autoritarios que ciertos Estados nacionales al distribuir recursos y oportunidades sin la supervisión con la que deben lidiar muchos gobiernos nacionales, haciendo realidad aquel proverbio que dice “pueblo chico, infierno grande”, con la diferencia de que el gobernador Luis Fernando Camacho es el rey chiquito del departamento más grande del país, económica, demográfica y territorialmente hablando. Santa Cruz estaría presa de una oligarquía que maneja la región como si fuera su hacienda.

Camacho asumió el cargo de gobernador después de haber saltado a la palestra política como uno de los principales impulsores del golpe de Estado de 2019, ganándose así la confianza de las élites cruceñas desencantadas por la actitud conciliadora de Rubén Costas, el adalid fracasado de la oligarquía de ese departamento, a quien recriminaron hasta el final su actitud conciliadora con el gobierno de Evo Morales. La apuesta por el joven empresario, cuya fortuna es más bien una herencia más que un logro personal, puede haber sido otro error por parte de aquel sector conservador de la sociedad boliviana, al confiar en el liderazgo de quien no ha demostrado ni gran destreza en el ámbito de los negocios ni mayor inteligencia en el campo de la política, y que muy difícilmente podría tener un desempeño distinto en la gestión pública.

El botín de las logias

Es inevitable comparar la gestión de ambos exponentes de la oposición regional del departamento más pujante del país en términos económicos, tal vez la única políticamente relevante; Rubén Costas también era un brabucón en su tiempo, pero lo respaldaban años de experiencia como impulsor de las autonomías, antes que estas adquirieran un carácter constitucional o siquiera fueran un asunto de discusión en la opinión pública. Antes de asumir como gobernador, prefecto o incluso presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, era un prominente miembro de la oligarquía cruceña, empresario del agronegocio, gremio del cual emergió con capacidad de dirigente a inicios de este siglo.

Camacho, por otro lado, adquirió notoriedad solamente a partir de la crisis postelectoral de octubre de 2019, en la cual demostró intrepidez, pero poca iniciativa en realidad, al descubrirse que el principal conspirador que movió los hilos para su arribo a la ciudad de La Paz no fue él sino su padre, José Luis Camacho Parada, exparamilitar durante la dictadura del general Hugo Banzer Suárez, y muy probablemente uno los perpetradores de una masacre estudiantil que ocurrió en la Universidad Gabriel René Moreno en 1971. Antes del golpe de Estado de 2019 Camacho fue presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz y notorio solamente en las comparsas carnavaleras del departamento, en las cuales suelen socializar los miembros de la élite. Es decir, ni promotor de la causa autonómica, ni genio empresarial ni menos político de carrera.

Pero las diferencias son tantas como las similitudes. Para llegar al cargo de primera autoridad departamental ambos personajes debían llenar una serie de requisitos indispensables para ser aceptados por la élite empresarial, que ostenta el verdadero poder allí: contar con ascendencia europea en su árbol genealógico, ser dueños de un millonario negocio que les permita solventar su propia campaña, no ser sospechosos de simpatía por proyecto popular o comunista alguno, y formar parte de cualquiera de los pocos círculos de poder o logias dentro del departamento: Los Caballeros del Oriente o los Toborichi. Camacho pertenece a la primera, en tanto que Costas es miembro de la segunda.

Diferencia que, de acuerdo a los conocedores de la política local de esa región, explica en gran parte la situación actual del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, escenario y objeto de disputa entre ambos grupos de poder, con Los Caballeros del Oriente organizados en torno a la relativamente reciente organización Creemos, mientras que los Toborochi tuvieron el control de aquel espacio durante casi 15 años apoyados sobre las espaldas de Costas y su Movimiento Demócrata y Social, casi completamente desintegrado tras haber perdido el visto bueno de la oligarquía local en las elecciones subnacionales de abril de 2021. Dicha disputa ha hecho que la Gobernación de Santa Cruz se vea paralizada por escándalos políticos, atrapada en una de las gestiones más ineficientes de la última década.

Ausencia de gestión

Durante la última rendición de cuentas, realizada a inicios de este mes, el gobernador Camacho reportó solamente un 4% de ejecución presupuestaria. Dato alarmante tomando en cuenta que se trataría de la mitad de su gestión, en la que han destacado, eso sí, movidas políticas orientadas a debilitar al gobierno central, al cual se culpa por la mayor parte de los problemas en la administración de la institución. No obstante, las líneas generales de la agenda de Camacho no han sido bajadas desde ningún ministerio, sino que responden a los prejuicios más básicos del neoliberalismo en su versión más caricaturizada. Así, Camacho trató de enfatizar en los recortes presupuestarios más que en las obras realizadas. Resaltó, por ejemplo, que las secretarías se redujeron de 12 a siete, y que se había despedido a la mitad de los funcionarios que trabajaron durante los años de Costas.

Las cosas tampoco eran mejores, sin embargo, antes de la llegada de Camacho. Una discusión personal de una pareja que tramitaba su divorcio reveló a finales del año pasado uno de los casos de corrupción más escandalosos de la historia reciente, que involucraba la existencia de miles de partidas presupuestarias asignadas a trabajadores ficticios cuyos sueldos, sin embargo, se cobraban religiosamente nada menos que desde 2006, incluso antes de la propia constitucionalización de las autonomías. Los casos reportados subieron de 800 a casi tres mil, conocidos como “ítems fantasmas”, debido a su espectral naturaleza. El daño económico al Estado y la gobernación cruceña ascendería a más de 600 millones de dólares, de acuerdo a algunos analistas, incluyendo los de oposición. Hablando en términos estrictamente técnicos, se trataría de un acto de corrupción por el cual sería responsable directamente Rubén Costas, en su calidad de entonces autoridad jurídicamente responsable por la Gobernación de Santa Cruz.

Pero la administración de Cotas sí estuvo caracterizada por una gestión de obras públicas propias de un departamento que atraviesa un momento de plena expansión económica, con la urbanización de la periferia de la ciudad capital Santa Cruz de la Sierra. La gestión de Camacho, por otro lado, no ha cumplido, hasta el momento, ninguna de sus promesas de campaña, que comprendían desde la creación de 70 mil empleos hasta la adquisición de vacunas contra el Covid-19. En mayo de este año la Asociación de Municipalidades de Santa Cruz se expresó en contra de la gestión del gobernador cruceño para reclamar tal inoperancia, solo para chocarse con una actitud negacionista que los llevó a abandonar la reunión a pocas horas de instalada. El discurso del joven gobernador insistía, por otro lado, en la necesidad de enfrentarse al centralismo del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Un gobernador autoritario

No es de sorprender, entonces, que la gestión de Camacho enfrente problemas con sectores de la sociedad civil comprensiblemente enfadados por el empantanamiento de su gestión, en la cual se entregaron unos cuantos motores de electricidad que operaban a diésel, como principal logro de este año. Otras responsabilidades como la construcción y mantenimiento de vías locales, que deben ser coordinadas entre la Gobernación y los gobiernos municipales, han quedado en el olvido, provocando el reclamo de municipios como Cuatro Cañadas, hoy en bloqueo de protesta por tal falta de obras. Camacho, a su vez, los atribuye a una supuesta confabulación desde el oficialismo y el gobierno central, sin aportar prueba alguna, más allá de las obvias antipatías existentes con el partido de gobierno. En todo caso, el corte de las rutas que unen Santa Cruz con los departamentos de Beni, Pando y Cochabamba produce, según algunos, pérdidas diarias de casi dos millones de dólares, dado que es a través de estas vías que se transportan bienes perecederos como carne y otros alimentos.

A pesar de ello, el gobernador ligado a la paramilitar Unión Juvenil Cruceñista (UJC) en sus años mozos se niega a reunirse con los bloqueadores, llevando hasta el viernes cuatro días de bloqueo, provocando la molestia de asociaciones empresariales como Fehasacruz y Fegabeni, ambas ganaderas, e incluso de productores y transportistas provenientes de Cochabamba. Negarse a reunirse con los sectores movilizados no es su peor error, sino el permitir que los comités cívicos regionales del departamento realicen declaraciones amenazantes en contra del gobierno de Cuatro Cañadas, echando con ello más leña al fuego, además de reforzar la idea, acertada, por cierto, de que el suyo es un gobierno subnacional autoritario, caracterizado por la discrecionalidad en la administración de los recursos y la fascistización del discurso regional.

De la misma forma en cómo ocurre con los Estados nacionales, los gobiernos subnacionales también pueden ser presas de eso que algunos llaman autoritarismos sub nacionales o locales, que consisten en el manejo más discrecional de los recursos públicos de una región. La declarada proveniencia del gobernador de una logia conocida por beneficiarse del manejo de los asuntos públicos hace muy probable que el suyo no sea más que el juego cerrado de un grupo de familias que manejan a Santa Cruz como si fuera su hacienda, en desmedro de una población conocida por su vocación de trabajo.


  • Cientista político.

 

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