agosto 10, 2022

Los límites de la comunidad internacional

Por José Galindo *-.


Si la comunidad internacional está genuinamente interesada en promover la estabilidad y el desarrollo en Bolivia lo primero que debe hacer es respetar su orden institucional interno, que fue violentado por Jeanine Áñez y varios representantes de la actual oposición política.

Que el sistema judicial boliviano es uno de los peores del mundo está fuera de toda duda, tal como lo está el hecho de que la exsenadora asumió la Presidencia ignorando los procedimientos establecidos por ley. Por tanto le corresponde a los bolivianos definir cómo juzgar a tales personajes, mientras se respeten sus garantías establecidas por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que irónicamente negaron a millones de bolivianos durante el gobierno de Áñez.

El pronunciamiento del relator de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Oacnudh), Diego García Sayán, brinda una pobre ayuda a la estabilización política del país al pasar por alto el problema central en torno al cual se levantó el juicio en contra de Áñez: ¿violó o respetó la institucionalidad del Estado para alcanzar la Presidencia? Al ignorar esta cuestión lo único que consigue el representante de las Naciones Unidas es contribuir al fortalecimiento de una derecha que se caracterizó durante todo un año por violar sistemáticamente los Derechos Humanos de millones de personas. Y esto es algo que tanto su autoridad como la comunidad internacional verdaderamente comprometida con el bienestar del pueblo boliviano deben tomar en cuenta.

Los instigadores del golpe

Asumir que los actores y organizaciones internacionales son tan benévolas en sus motivaciones es un error. Mientras organismos como la Oacnudh tienen razones para preocuparse por los derechos de personas como Áñez, que cometieron crímenes de lesa humanidad, otros pronunciamientos emitidos desde la Unión Europea (UE) o el Reino Unido tienen, sin duda, otro tipo de intereses. Tanto el Reino Unido como la UE, y también la Iglesia católica, fueron parte activa del proceso que llevó al poder a Áñez. Es decir, al pronunciarse sobre el tipo de juicio que le corresponde a la exsenadora tratan de presentarse como juez y parte de una cuestión que atañe a, nada menos que, la soberanía del Estado Plurinacional de Bolivia.

Además de Áñez, tanto la representación diplomática del Reino Unido como de la UE deberían ser investigadas por su rol en aquellos aciagos días. Es decir, si hay países y organizaciones internacionales que no deberían emitir pronunciamientos son justamente aquellos que fueron parte de aquel proceso lleno de crímenes, irregularidades y forcejeos jurídicos que condujeron al golpe de Estado que llevó a Áñez a ocupar la más alta investidura del país. Al hacerlo, no secundan los derechos de la exmandataria, inconstitucionalmente posesionada por una junta militar, sino que avalan una serie de acontecimientos cuya esencia fue violar la institucionalidad, partiendo del simple hecho de que la elección de Áñez como encargada de conducir al país tras el derrocamiento de Evo Morales se dio en un espacio ajeno a la voluntad popular : la Universidad Católica Boliviana San Pablo.

El caso del eurodiputado español Víctor González es mucho más desvergonzado al tratarse no solo de un representante del partido de ultraderecha Vox, sino por haber acompañado en diversas ocasiones a personajes funestos e impresentables como Arturo Murillo y Fernando López, hoy investigados por delitos comunes como el desvío de fondos, con el primero guardando prisión preventiva en los Estados Unidos por lavado de dinero. Es decir, González condonó a no otra cosa que criminales comunes con su presencia en actos públicos al lado de ellos.

González llegó a Bolivia hace unos días para tratar de visitar a Áñez y denunciar la supuesta irregularidad del proceso judicial que la condenó a 10 años de prisión, protagonizando un pequeño escándalo en su salida por el Aeropuerto de Viru-Viru.

Pero el pronunciamiento más impertinente vino desde Washington, de la boca de Brian Nichols, encargado de la diplomacia de ese país para América Latina y el Caribe, en el sentido de que “compartía” la preocupación de las Naciones Unidas por el respeto al debido proceso en el juicio a Áñez.

La declaración realizada a través de las redes sociales es impertinente debido a que los Estados Unidos no solo estuvieron entre los primeros países en reconocer a Áñez como presidenta de Bolivia, sino que son sospechosos de haber impulsado el proceso del golpe de Estado a partir de una reunión realizada en julio de 2019 con los principales representantes de la oposición boliviana, a quienes expresaron su “preocupación” por la transparencia de los comicios de ese año, marcando la pauta que luego habrían de seguir en octubre y noviembre.

Los cómplices locales

Por ello no es de extrañar que junto con la intromisión de la UE y el Reino Unido actores políticos de oposición se hayan alineado tras el conjunto de pronunciamientos que le siguieron al de García Sayán, tal como Carlos Mesa, Tuto Quiroga y Luis Fernando Camacho, protagonistas de primera línea del golpe de Estado por el cual fue condenada Áñez. Cómplices que deberían ser juzgados y sentenciados en el juicio que investiga los hechos de esos días, interpuesto por la exlegisladora Lidia Patty y llamado «Golpe de Estado I». No debe olvidarse que cada uno de ellos no solo admitió haber participado de la reunión que consolidó el golpe contra la Constitución, sino que especificó públicamente en qué consistió esa participación: Mesa se encargó de descartar cualquier sucesor proviniente de las filas del Movimiento Al Socialismo (MAS); Tuto Quiroga negoció la salida del expresidente usurpando funciones a las que tenía título incluso el funcionario del menor rango del gobierno saliente; y Luis Fernando Camacho admitió que su llegada a La Paz para tomar por la fuerza el Palacio de Gobierno fue financiada y negociada por su padre, previamente, con altas esferas militares, nada menos.

Mucho menos sorprendente debe resultar el que toda la muchedumbre que tomó las calles en aquellos días reactive su movilización después de emitida la sentencia contra Áñez, tal como se ha venido dando en Cochabamba la última semana. Lo llamativo de esto es que se trata de personas pertenecientes a la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), organización que junto a la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) han sido señaladas como bandas paramilitares que deben ser desmanteladas, a sugerencia de comisiones como las del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), cuyas conclusiones y recomendaciones planteadas en su informe publicado a finales del año pasado son selectiva y alegremente reproducidas por la oposición cuando les resulta conveniente. Se trata de organizaciones no solo de carácter paramilitar, lo que es suficientemente malo, sino también delictivo, con varios de sus miembros guardando prisión no por sus actividades políticas y sí por estar vinculados al narcotráfico y hechos de violencia callejera.

Y, como no podía ser de otra manera, otras organizaciones de menor relevancia pero magnificadas a través de los medios de comunicación, como el Comité en Defensa de la Democracia (Comade), igual se han reactivado, impulsadas por liderazgos algo menos que escuálidos,ñ como Manuel Morales, otrora izquierdista radical ahora devenido en fascista declarado, y Amparo Carvajal, cuya presidencia a la cabeza de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en Bolivia (Apdhb) ha sido cuestionada en más de una ocasión al no haber sido elegida mediante directorio alguno, careciendo, por lo tanto, de verdadera representatividad. El resultado de esto es que las movilizaciones de Conade no cuenten con más de una treintena de personas que, sin embargo, son mostradas de forma tan repetitiva en los medios de comunicación que da la impresión de que se tratara no de un grupo, sino de una multitud.

García Sayán y la ambigüedad de su trabajo

Diego García Sayán hizo noticia cuando llegó a Bolivia a finales de febrero pasado para hacer una evaluación de la independencia del sistema judicial boliviano, invitado, irónicamente, por el gobierno del presidente Luis Arce. Su trabajo fue ecuánime al reunirse tanto con víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata, como con la perpetradora principal de las mismas: Jeanine Áñez, quien firmó el DS 4.078 que las hizo posibles. Se reunió, también, con legisladores del oficialismo y representantes de la oposición para recoger insumos que luego utilizados en su informe final, cuyas conclusiones fueron aceptadas por relativamente todos los actores políticos del país y con las cuales era difícil estar en desacuerdo.

De hecho, si alguien estuvo relativamente insatisfecho con su visita de principios de este año, ese sería el conglomerado mediático encabezado por medios como Página Siete, que criticaron al relator de las Naciones Unidas por reunirse y hacer eco de las denuncias de las víctimas de Senkata y Sacaba, y no condenar el supuesto autoritarismo de Morales. Incluso el propio Mesa criticó en su momento a Sayán por lo mismo, mientras que el oficialismo aceptó sin cuestionamiento alguno su reunión con Áñez, quien había preparado para entonces una huelga de hambre que duró 14 días con el objetivo de obstaculizar el juicio que se realizaba en su contra.

El problema surge, sin embargo, no porque Sayán haya expresado su preocupación por la vigencia del debido proceso en el juicio contra Áñez una vez dictada su sentencia, sino en la insistencia en reconocerla como expresidenta, aunque aclarando que no por ello reconoce su constitucionalidad. Al hacerlo, tal vez sin intención, coincide con la agenda de la derecha local e internacional, que buscan colocar a Áñez y los impulsores de su posesión como la cabeza de un proceso de pacificación que le siguió a una crisis postelectoral, y no cómo un engranaje más en un golpe de Estado que violentó la institucionalidad y le costó la vida a más de una treintena de personas.

Como comisionado encargado de velar por los Derechos Humanos puede observar el procedimiento judicial al que fue sometida Áñez, pero no emitir criterios sobre si fue o no una mandataria legítima o siquiera legal.

Al no haber ganado elecciones y al asumir la Presidencia de forma altamente cuestionable, corresponde solo al pueblo boliviano valorar si fue o no una mandataria legítima y legalmente establecida, y, además, cómo la juzgará a partir de ese hecho y otros, como las masacres. Es decir, si fue presidenta legítima y legal es una determinación propia, solo del pueblo boliviano, y no de la comunidad internacional, cuyos intereses, por otro lado, no son siempre benévolos ni transparentes.

Actuar de otra forma no es solo desconocer la soberanía de nuestro Estado, sino tratar al país, a sus habitantes y al Gobierno como un protectorado que necesita que se lo gobierne desde el exterior, y eso es algo que, naturalmente, ningún Estado legítimo o con la pretensión de existir puede permitir. En ese sentido los pronunciamientos de la UE, del Reino Unido y, sobre todo, de los Estados Unidos, sin mencionar a diputados de extrema derecha españoles, están no solo por demás. Se trata de pronunciamientos que se alinean con el discurso de la oposición. Las Naciones Unidas y sus diversas agencias no pueden prestarse a ese juego.


  • Cientista político.

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