agosto 17, 2022

Iglesia Católica se alinea con cívicos cruceños y advierte que “problemática” censal tiene origen en la “avaricia” de un sector

Santa Cruz (ABI).- La jerarquía de la Iglesia Católica usó este domingo el púlpito para atacar al Gobierno nacional y alinearse con el Comité Cívico pro Santa Cruz y el gobernador, Fernando Camacho, que decidieron ir a un paro de 48 horas, el 8 y 9 de agosto, para exigir el censo en 2023.

El arzobispo de Santa Cruz, René Leigue, desde la homilía dominical transmitida por la televisión privada, dijo a sus fieles que la “problemática” que ha desatado la fecha del Censo Nacional de Población y Vivienda en el país tiene como origen la “avaricia”, en alusión al Ejecutivo, “en la que un sector no quiere repartir la riqueza”.

La postura del prelado va en la línea con los discursos de los cívicos y el gobernador de Santa Cruz, que insisten en que es el Gobierno es el que “postergó” la fecha censal en desmedro del departamento oriental para no aplicar una nueva redistribución de recursos.

“Les pedimos a todos aquellos que les corresponde velar por el bien común que reflexionen de verdad, que vean que hay tanta gente que necesita, que realmente se ponga en práctica lo que se dice, y no se quede solamente en teoría aquello de gobernar escuchando al pueblo”, indicó.

De acuerdo con monseñor Leigue, “hay un pueblo que clama justicia, hay un pueblo que necesita”.

“A ellos se los debe escuchar”, dijo, y precisó que “con eso podemos evitar tantas cosas si realmente hay un diálogo sincero”, en referencia al paro anunciado para después de las fiestras patrias.

Monseñor cuestionó que se hable de los pobres, se los utilice, y no se los atienda, y defendió el censo como una “oportunidad para repartir a los pobres”.

“Hoy en día se habla tanto de los pobres, pero ¿qué se hace por ellos? Ahora se habla del censo, ¿el censo no será una gran oportunidad para poder repartir a los pobres lo que a ellos les corresponde? Y sin embargo hay peleas, hay malos entendidos, y a lo mejor cada uno quiere por su lado, y los pobres siguen ahí donde están, con sus necesidades, con sus preocupaciones, con tantas cosas que ellos quisieran tener, pero no tienen la posibilidad de tenerlo”.

La Iglesia Católica fue parte de las “negociaciones” con sectores de oposición para allanar la ruptura institucional en 2019 y promover a Jeanine Áñez como presidenta de facto.

Rol golpista

En el “Informe–Memoria de los Hechos del Proceso de Pacificación en Bolivia”, ocurridos entre octubre 2019 y enero 2020, que fue presentado por la Secretaría General de la Conferencia Episcopal Boliviana al Papa y a la Fiscalía, confirmó que dos días antes de que Jeanine Áñez asuma la Presidencia, en una reunión reservada de cívicos, políticos y delegados de embajadas, pidió a Ricardo Paz, entonces jefe de campaña y asesor de Carlos Mesa, llamarla para consultarle si podía asumir la presidencia de Bolivia.

La Jerarquía Católica también se refirió a los “acuerdos verbales” con varios actores políticos durante al menos cinco reuniones que sostuvieron en noviembre de 2019 y a los asistentes a dichos encuentros sostenidos en distintos días.

También hicieron pública la propuesta de Luis Fernando Camacho, en sentido de conformar un gobierno cívico-militar que suceda a Evo Morales y las gestiones de los obispos ante el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas para que ayuden en la “contención” de las protestas de 2019.

La cúpula del clero también aseguró que Áñez “se hallaba jurídicamente habilitada para ocupar inmediatamente el cargo de presidenta del Senado” y que el Movimiento Al Socialismo (MAS) propuso entonces que sea un legislador de ese partido el que asuma la presidencia del país o, en último caso, el senador de oposición Víctor Hugo Zamora, según el reporte de la Iglesia.

Estos datos están contenidos en el “Informe–Memoria de los Hechos del Proceso de Pacificación en Bolivia”.

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