septiembre 28, 2022

Revisar la historia una mirada crítica al 6 de agosto

Por José Galindo *-.


Una sucinta revisión a lo largo de nuestra historia revela que este país, con sus victorias y sus desdichas, no es otra cosa que el sinónimo de una palabra: lucha. Celebremos este 6 de agosto no bajo falsas promesas de reconciliación, sino con la promesa de no rendirse.

El 6 de agosto suele ser una fecha de homenajes, desfiles y discursos que festejan la creación de un Estado que muchas veces no comprenden a cabalidad. Los orígenes de Bolivia se han mistificado para gran parte de la población que lo único que sabe es que debe festejar las efemérides nacionales, porque eso es lo que hace un buen ciudadano. Y acá no tenemos la intención de contradecir tan nobles deseos, pero sí matizar la exaltación de los valores cívicos en favor de una posición más crítica respecto a nuestros orígenes, sin ser por ello menos patriótica. Sin duda debemos agasajarnos por los 197 años de existencia que cumple Bolivia, deseando que el bicentenario nos encuentre en las antípodas de cómo nos encontró como sociedad en su nacimiento.

La emancipación de los territorios colonizados por los españoles fue impulsada a sangre y fuego por los pueblos sometidos a las peores formas de opresión y explotación que había conocido la humanidad hasta entonces. Habían sido reducidos a la condición de mitimaes y pongos incluso antes de que otros imperios coloniales europeos inventaran la aborrecible institución de la esclavitud. Por ello, la independencia del yugo español de lo que era hasta entonces la Audiencia de Charcas debe atribuirse, antes que nada, a los levantamientos indígenas de 1771, cruelmente reprimidos por las autoridades virreinales que todavía utilizaban el yelmo y la espada, mientras la vieja Europa se sacudía por los ideales de la Ilustración. Es decir, mientras se pensaba en el hombre libre y racional en un lugar del planeta, en el otro se lo descuartizaba con caballos. Este ímpetu liberador no es reconocido hasta el día de hoy por una parte –afortunadamente cada vez menos numerosa– de la intelectualidad criolla. Por algo será.

Una vez prendida la llama de la rebelión, la mayoría de la población, independientemente de las razones que la motivaron, decidió sumarse en contra del yugo español. En este movimiento se unieron sin reparos indígenas y criollos, peleando valientemente en las famosas republiquetas del Alto Perú. Se trataba, en los hechos, de guerrillas usualmente comandadas por indígenas, negros y mujeres, además de hombres blancos y de moderada riqueza. Se trató, en otras palabras, de un movimiento esencialmente popular, y esto es lo que quizá debe celebrarse con más entusiasmo, aunque no tenga el carácter épico de una república de esclavos liberados, como ocurrió en Haití. Este movimiento se unió a las fuerzas de Simón Bolívar, junto al cual pelearon valientemente en gloriosas batallas. Sus integrantes, sin embargo, no serían los que heredarían la tierra.

Tras expulsado el centenario invasor, la construcción de una Patria Grande, capaz de mantenerse independiente de los Estados Unidos, que ya comenzaban a expandirse guiados por la doctrina del Destino Manifiesto, fue rechazada por los miembros de las élites locales que quedaron en la cima de la pirámide social. Muchos de ellos ni siquiera habían peleado en la gesta independentista, pero creyeron que eran los más capacitados para conducir una recién fundada República, que no podía ser la de Bolívar, a quien, con todo, sí podían cederle el nombre. Así nace la República de Bolívar, luego llamada Bolivia. Sus primeros gobernantes convocaron a una Asamblea Constituyente en la que no participaron indígenas ni mujeres, quienes habían peleado en la guerra.

La recién fundada República de Bolivia fue una decisión, por lo tanto, de aquella reducida élite letrada de propietarios. Sus primeros años tuvieron la fortuna de ser conducidos por algunos de los comandantes que habían combatido en las guerras de independencia, aunque debiendo enfrentar la oposición y conspiración interna de las nuevas clases privilegiadas. Simón Bolívar fue exiliado, Antonio José de Sucre fue asesinado y Andrés de Santa Cruz debió dejar el fracaso de su proyecto de una Confederación Perú Boliviana, que sin duda habría constituido una amenaza para los intereses expansionistas de Chile. Ahí acabó la tradición emancipatoria altoperuana. José Ballivián trató de darle estructura al país que quedó tras esa derrota, pero sería el último presidente genuinamente preocupado por el porvenir de aquel Estado que había contribuido a fundar.

A partir de ese momento distintos líderes militares se disputaron el control de un país cuya única institución que no había dejado de funcionar era su Ejército. En sus filas no se permitían indígenas. Una exclusión que pudo ser más tolerable de lo que llegó a ser debido a que además de ello tenían vetada toda forma de participación política y, lo que era aún peor, fueron sometidos nuevamente a las instituciones del mitaje y el pongueaje, debiendo pagar impuestos por el solo hecho de ser indígenas. El resto de la sociedad los explotaba a través de la práctica de los servicios personales, heredada de la Colonia. El periodo de este caudillismo llegó a sus manifestaciones más desagradables con el gobierno de Mariano Melgarejo, quien impulsó una serie de leyes con el objetivo de separar a las comunidades indígenas de sus tierras. Las leyes de exvinculación dieron resultado, consolidándose así una clase terrateniente de carácter señorial cuya principal actividad económica consistiría en la explotación inmisericorde de la población indígena.

La capacidad represiva del Estado boliviano para con la población indígena no tenía un correlato en cuanto a la capacidad para imponer orden en todo su territorio ni mucho menos construir consenso en torno a la legitimidad de su mandato, a través de un aparato burocrático. En aquellos tiempos, por supuesto, hablar de escuelas y hospitales para todos no tenía mucho sentido, pero las limitaciones del Estado eran todavía más básicas: territorios como todo el norte amazónico o los puertos hacia el Pacífico carecían de presencia estatal que fuera más allá de algunos gendarmes o soldados. La población civil, más que reducida, estaba dispersa a lo largo de las muchas haciendas latifundistas, en servicios de pongueaje y en otro tipo de actividades productivas, mientras que la población civil chilena no estaba constreñida por semejantes condiciones de servidumbre, debiendo encontrar su sustento en la explotación costera de guano y salitre. En 1884 Bolivia había perdido oficialmente su litoral hacia el océano Pacífico, y 19 años después una parte de su territorio amazónico, el Acre, a manos del Imperio de Brasil.

En ese lapso, además de la élite hacendada, comenzó a tomar forma otra élite que emergió a partir del control y la explotación de los yacimientos de plata que quedaban en el país, que no eran pocos. Dicha élite asumió la conducción de Bolivia tras el fracaso de la Guerra del Pacífico, poniendo fin al periodo del caudillismo militar. Su reinado, sin embargo, sería corto. Más pronto que tarde emergió otra élite al norte de Bolivia, a partir de la explotación de otro mineral que se haría estratégico en la primera mitad del Siglo XX: el estaño. En 1899 ambas oligarquías se enfrentarían por el control político del país, trasladando la capitalidad desde Sucre hasta la ciudad de La Paz. Su enemistad fue episódica. El reclutamiento del ejército liberal de la población indígena puso en peligro el sistema de dominación étnica como un todo, razón por la cual ambas élites se aliaron contra los indios insurrectos liderados por Zárate Willka, dando inicio a un periodo de mayor represión contra este sector de la población bajo los criterios de un darwinismo social tan absurdo como cínico.

Superadas sus diferencias, las clases dominantes trataron de modernizar el país lo suficiente como para no sentirse inferiorizadas frente a sus pares regionales, pero no tanto como para desarrollar una ciudadanía con características democrático liberales ni menos transformar las relaciones económicas de producción lejos de los parámetros casi feudales y de los cuales dependían para el mantenimiento de su estatus. El periodo de definición limítrofe que atravesó el continente casi todo el Siglo XIX creó en ellas un complejo de inferioridad, aunque trataron de superarlo enfrentándose a un Estado en teoría más débil que el suyo: Paraguay, que tenía sus propios complejos y que trataba de extenderse hacia el sur boliviano, donde hipotéticamente existían yacimientos petrolíferos. Estalla así la Guerra del Chaco, que concluye en 1935 con un empate con sabor a derrota que provoca una crisis existencial tanto en el Ejército como en el resto de la sociedad boliviana que ya comenzaba a preguntarse porqué mandaban los que mandaban después de haber sufrido casi tres pérdidas territoriales de importancia y tener una estructura social atrasada en plena era de fe en el progreso.

El Ejército que regresó de la Guerra del Chaco, la población indígena que había peleado en el frente, y sobre todo el proletariado que se había sacrificado en todo ese periodo, adquirieron consciencia de su fuerza y comenzaron no solo a cuestionar el dominio de la élite que dominó el país hasta ese entonces, y que condujo, simplificando las cosas, a la Revolución Nacional de 1952, de la cual se apoderó el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), pero que no hubiera sido posible sin los sacrificios de militares patriotas como Toro, Busch y, especialmente, Villarroel, al igual que un movimiento minero que se había fogueado en más de una masacre. A pesar de ello, masas triunfantes tomaron las calles de la ciudad de La Paz aquel 9 de abril, obligando al Gobierno que quería representarlas a dictar una serie de reformas que sacaron al país de su cuasi condición de hacienda gamonal: el sufragio universal, la reforma agraria y la nacionalización de las minas.

La llamada Revolución de 1952 sería rápidamente domada por el gobierno de los Estados Unidos, en guerra con la Unión Soviética, a través de un programa de asistencia financiera llamado Alianza para el Progreso, patrocinado por la administración Kennedy, condicionado al disciplinamiento de las masas obreras que justamente hicieron posible la Revolución, debido a que eran sospechosas de promover el comunismo. Para ello se buscó el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, se creó un monstruo pretoriano que dio inicio a un largo periodo de dictaduras militares. La llegada del legendario guerrillero Ernesto Che Guevara sirvió para develar a las masas proletarias que aquel Estado que habían contribuido a crear ya no era suyo, sino un enemigo declarado, después de la Masacre de San Juan.

Aquel cruento periodo duró casi dos décadas, en las cuales no solo se reprimió al movimiento obrero, sino que se instrumentalizó al campesinado tras un pacto con los militares, mismo que rápidamente se rompió tras la Masacre de Ucureña, dejando en claro que, nuevamente, este país no era ni para indios ni para mineros.

Los años 80 llegaron con la novedad de que ya no era políticamente correcto para los Estados Unidos financiar dictaduras militares a la hora de mostrarse como una alternativa frente a la URSS, lo que, sumado a la resistencia del movimiento obrero, dio paso al regreso de una democracia frágil que lo primero que requirió fue la abdicación de la izquierda del poder, y luego la desarticulación del enemigo de las élites que el propio MNR ayudó a resucitar: el movimiento minero.

Al mismo tiempo, el agotamiento y la caída de la URSS, junto a la desaparición política de la clase obrera, dieron paso a un largo periodo caracterizado por la privatización de la totalidad de la economía boliviana, el ejercicio de una democracia tutelada y restringida a pactos entre las diferentes facciones de la élite gobernante, y la represión de todo movimiento popular bajo la bandera de la lucha contra el narcotráfico, cuando Reagan declaró ya consciente que la caída del campo socialista demandaría la invención de un nuevo enemigo para justificar su dominio global. Los teóricos del Imperio celebraron “el fin de la historia” como los nazis anunciaban el inicio de un Reich de mil años. Y tal como les sucedió a estos, aquellos no duraron ni 20.

Aunque el movimiento obrero cayó en la desgracia tras la promulgación del DS 21060 y el proceso de la deslocalización, las fuerzas populares se fueron acumulando justamente en el sector que sufría las peores consecuencias de la política antidrogas impulsada desde Washington: el campesinado, que de paso había adquirido consciencia acerca de la falsedad de las promesas de inclusión que el MNR hacía con su propuesta de mestizaje desde los años 70, demandando no solo que se reconocieran sus derechos más básicos como el derecho a la vida, sino su derecho a existir con su propia identidad: su indianitud. Así, la privatización extrema promovida por los distintos gobiernos neoliberales, así como el carácter excluyente y todavía racista de su República, provocaron una reacción igual de fuerte desde la sociedad, que comenzó a cuestionar el statu quo desde que inició el nuevo milenio. Para 2003 la crisis del Estado neoliberal era ya irreversible: el derrocamiento de Gonzalo Sánchez de Lozada marcó el fin de ese largo y oscuro periodo.

La llegada del Movimiento Al Socialismo (MAS) al gobierno en 2005 fue impulsada por dos consignas que se foguearon en todo el periodo de convulsión en contra del neoliberalismo: la nacionalización de los hidrocarburos y la realización de una Asamblea Constituyente. Su cumplimiento fue más complicado de lo que se pensaba hasta entonces, debiendo superarse la resistencia de aquella misma élite que había sido derrocada en 2003, pero que logró refugiarse en prefecturas y comités cívicos. A pesar de ello, una nueva Constitución Política fue promulgada en 2009. Y un nuevo proyecto se fue delineando en el horizonte: la descolonización, que se mostraba no solo como un rechazo a la larga exclusión y opresión del indio y su identidad, sino también como reivindicación de esa soberanía subastada por las élites en más de una ocasión. Alcanzar esa meta no será posible sin vencerlas.


  • Cientista político.

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