septiembre 28, 2022

La fatiga política de las élites cruceñas

Por José Galindo *-.


A pesar de que el paro convocado por los cívicos cruceños ha sido un fracaso, ahora amenazan con una reedición de esta medida, pero esta vez por 72 horas. Su limitada capacidad de convocatoria es una clara expresión de que una parte de las élites económicas de ese departamento están demasiado agotadas para embarcarse en una nueva aventura golpista, al menos en lo inmediato. Por ello, Luis Fernando Camacho debería estar más preocupado de su declinante liderazgo y su deficiente gestión.

Ha sido una semana conflictiva para el Gobierno, aunque ello no implique que las cosas hayan salido bien para la oposición. Protestas y manifestaciones se activaron en los departamentos de La Paz, Santa Cruz y Beni en los últimos días, con altos niveles de violencia en los dos primeros, que son, respectivamente, las sedes política y económica del país. Pero más allá de cohesionar a los adversarios del Movimiento Al Socialismo (MAS), esas jornadas sirvieron para expresar las diferencias al interior de los propios bloques movilizados, como demuestra particularmente el caso de las élites cruceñas, cuya influencia política no parece ser tan grande como ellas mismas esperaban, incluso dentro de lo que podría considerarse como “su territorio”.

Tal como lo expresó una editorial del matutino La Razón en días pasados, Santa Cruz es un departamento en crisis, tanto en términos de liderazgo, como de institucionalidad y a nivel social. No se trata, por lo tanto, del bastión inexpugnable y unificado que muchos oficialistas pensaban que era, sino de una región en la que existen profundas divisiones políticas como económicas, que parecen estar más allá de las capacidades de gestión de las actuales dirigencias antimasistas. Esto es lo que ha demostrado el paro en contra de la suspensión del Censo Nacional de Población y Vivienda que tuvo lugar los días lunes 9 y el martes 10 de agosto, en el cual se hicieron difíciles de ocultar las divergencias entre un Comité Interinstitucional, de incuestionable impronta cívica, y una Alcaldía todavía independiente o, al menos, más que accesoria.

Un poder de convocatoria limitado

Igualmente quedaron patentes las limitaciones territoriales del bloque opositor regional, que al parecer están circunscritas a la capital de departamento, y tal vez incluso a un territorio aún menor todavía, tomando en cuenta que zonas periurbanas, caracterizadas por una composición más “popular”, se resistieron a la medida impuesta por el Comité, compuesto principalmente por la Gobernación de Santa Cruz, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y el Comité Cívico Pro Santa Cruz, que cuenta, además, con un brazo armado considerado por algunos organismos internacionales como una organización paramilitar: la Unión Juvenil Cruceñista.

La ausencia de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, así como de otros gobiernos subnacionales, sirven para ilustrar los desafíos que tiene dicho Comité por delante. Su paro de actividades se cumplió, pero demandó la movilización de un nivel de violencia más que moderado, expresado en peleas campales en varios puntos del país. El arresto de más de una veintena de sus capataces unionistas no es más que un dato anecdótico en comparación con la resistencia que tuvieron que enfrentar por parte de lo que ellos consideran su propia población, más preocupada de su sustento diario que de las consignas movilizadoras de la élite.

Finalmente, y quizás la mayor limitante de esta oposición, no parece haber acompañamiento por parte de otros sectores de la sociedad boliviana en otras regiones, debido a que la postergación del levantamiento de datos estadísticos fue aceptada por el resto de los gobiernos autónomos departamentales y la mayor parte de los municipios del país, que se verían poco beneficiados si la misma se diera este año. Ni siquiera el movimiento cívico del departamento de Potosí, que en los últimos años ha actuado como una suerte de aliado sumiso a las élites de Santa Cruz, ha rechazado la determinación respecto al Censo.

Las dos consecuencias más inmediatas de la encuesta nacional serían la redistribución de representación política y transferencias fiscales; concretamente, la reasignación de escaños legislativos en la Cámara de Diputados y una readecuación del presupuesto nacional por concepto de coparticipación tributaria, que tiene una base municipal, lo que seguramente explica el por qué incluso los niveles locales del departamento no secundan a su capital. En palabras de uno de los gobernadores asistentes al evento que concluyó con la postergación del Censo: “Santa Cruz es el único departamento que tiene algo por ganar (o perder) de realizarse o no este año”. Así las cosas, resulta comprensible el supuesto aislamiento de los cívicos.

Al parecer, mientras el Comité Cívico encabezado por Rómulo Calvo y la Gobernación dirigida por Luis Fernando Camacho representan y tienen el apoyo de las clases empresariales del departamento, la gestión municipal del alcalde Johnny Fernández está condicionada por una composición social que va más allá de los sectores acomodados de la principal urbe cruceña. Un ejemplo lo demuestra el apoyo que el burgomaestre brindó a los comerciantes afectados por un incendio que acabó con el mercado donde desarrollaban sus actividades hace un par de semanas, así como la demanda de no parar en sus actividades laborales por parte de sectores sociales que no cuentan con los beneficios que sí tienen otros que apoyan a los cívicos.

Crisis de liderazgo

La impotencia cívica puede explicarse tanto en términos estructurales como orgánicos. Las élites empresariales no solo adolecen de un déficit de legitimidad para convencer a la totalidad de la sociedad cruceña, sino que sus liderazgos todavía se encuentran en un estado larvario, por ponerlo amablemente. Como se indicó, Camacho no es Percy Fernández ni Rubén Costas, quienes fueron al menos gestores eficaces del excedente regional, preocupados por establecer condiciones aunque sea superficialmente atractivas para la inversión local. Su éxito fue más que modesto, puesto que Santa Cruz es el día de hoy un centro de gravitación migratoria que atrae a casi la totalidad de las poblaciones marginales de Bolivia; cuestión que no se hubiera logrado sin algo de esmero desde el embrionario aparato administrativo municipal y departamental que nació con el régimen autonómico de la actual Constitución Política del Estado.

Pero Camacho está a la cabeza de la Gobernación con menos ejecución presupuestaria en lo que va del año, con el agravante de que es la de mayor capacidad de captación de riqueza tanto en virtud de la población que concentra como por el hecho de que una buena parte de las regalías por la explotación de hidrocarburos que recibe el Estado boliviano van a parar a ella, lo que hace prácticamente incomprensible cómo una región tan rica, al menos en términos fiscales, tiene un desempeño tan mediocre, comparable al ministerio más pequeño del nivel central o a un municipio de frontera.

Una desidia que tendrá costos políticos considerables para el joven empresario, ahora que la temporada de revocatorios se ha abierto. Si los autonomistas de la Media Luna salieron duramente golpeados la última vez que se puso en marcha este recurso, allá por 2008, Camacho corre un riesgo más que probable de perecer de plantearse seriamente esta iniciativa.

Por otra parte, la gestión de su gobernación no es lo único en lo que falla este personaje, quien, a diferencia de Branco Marinkovic, es también un pobre dirigente, incapaz de administrar la diversidad de intereses que pugnan en el seno de la élite cruceña, compuesta por unas pocas logias que hicieron posible su elección como gobernador. Camacho les está fallando a ellas, que apostaron por su persona más que por convicción guiadas por una suerte de decepción y resentimiento en contra de Rubén Costas, quien abdicó ante el MAS sin presentar mayor resistencia.

Camacho demuestra las limitaciones del voto castigo incluso en un nivel regional, pues más allá de la imagen que trató de proyectar como un exponente de virilidad y decisión, se encuentra un hombre tan inseguro como tímido a la hora de tomar determinaciones importantes, como, por ejemplo, poner los intereses de la clase empresarial como un todo frente a los caprichos de cada una de sus facciones.

Para no perder el apoyo de estas élites Camacho trata de comprarlas con una retórica vulgarizada de federalismo maximalista, ya muy desgastado desde que pasara de moda allá por 2008. Tratar de reactivar un clivaje social es más complicado de lo que parece, y requiere algo más que discursos encendidos. Las condiciones para un proyecto como este eran más fértiles durante el primer gobierno de Evo Morales, debido a que no se trataba de Santa Cruz sola, sino de varios departamentos que servían como una suerte de refugio para los políticos neoliberales que quedaron huérfanos con el derrocamiento de Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003.

Hoy el único aliado que le queda a Santa Cruz es un comité que parece más una reunión de parientes, por su reducida capacidad de representación en relación al resto de su población; nos referimos, claro, al Comité Cívico Potosinista, cuya totalidad de miembros no alcanzaría para llenar la plaza más pequeña de su capital. Con un aliado como ese, el federalismo cruceño no puede ser más que una fanfarronería. Camacho es la personificación de toda esta comedia. Difícilmente un líder.

Prueba y error

Pero la victoria suele ser una acumulación de fracasos, por lo que la vergonzante suma de equivocaciones que comete actualmente la élite cruceña podrían conducir, eventualmente, aunque sea a un pequeño acierto, como sucedió a finales de 2019, cuando un improvisado bloque compuesto por clases medias resentidas dirigidas por una élite empresarial que despertaba de su letargo terminaron conquistando el poder político del país de forma tan sorpresiva que desconcertó incluso a sus propios protagonistas. Solo eso puede explicar el desmedido apetito con el cual procedieron a desfalcar el tesoro público, como si no hubiera un mañana.

La semana concluyó con la amenaza de una reedición de paro, pero esta vez de 72 horas, aunque es dudoso que ahora cuenten con más apoyo que el que apenas lograron por 48 horas. Tal como ocurrió entre 2009 y 2019, la mayor parte de las élites empresariales prefieren establecer relaciones pragmáticas de cooperación con el gobierno del MAS que dilapidar sus pequeñas riquezas en una aventura de conquista del poder político, al menos mientras el partido oficialista pueda proyectar cierta fortaleza en relación a las clases acomodadas y al aparato coercitivo del Estado, que no controla, sino que disuade, por cierto.

Por ello el proyecto federalista de Camacho no puede ser más que una bravuconada, mientras no reúna las condiciones políticas y militares necesarias para ejecutar otro golpe de Estado. Incluso en ese episodio la apuesta de las clases dominantes no fue inmediata, con parte de ellas sumándose solo cuando el derrocamiento del gobierno de Evo Morales era inminente. El hecho de que hayan tenido que recurrir a alguien como Jeanine Áñez demuestra lo improvisada de la aventura.

Con esto no se quiere decir que el Gobierno no tenga nada de qué preocuparse. Lejos de ello, la súbita explosión de conflictos en las últimas semanas debe alertar a sus autoridades de que la oposición intenta seriamente rearticularse como bloque social con capacidad de control de las calles. Por ello, es urgente que establezca puentes de diálogo con todos aquellos sectores con quienes no tiene contradicciones necesariamente antagónicas, como sucedió en su momento con los comerciantes informales, y como sucede en la actualidad con los productores de hoja de coca del norte de La Paz, cuyas demandas pueden resueltas, al parecer, mediante pactos que sean beneficiosos para las partes, y que no implican ningún obstáculo político para el MAS.


  • Cientista político.

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