abril 21, 2024

Nacionalizar e industrializar los recursos naturales como praxis ecosocialista

Por  Iván Zambrana Flores *-.


Una de las marcas que distinguen a la actual gestión de gobierno constitucional llevada adelante por el presidente Luis Arce, de las que fueron conducidas por el expresidente Evo Morales, es el énfasis que se ha dado a la transición de la “nacionalización” a la “industrialización”. Si bien estos procesos representan naturalmente fases sucesivas de un mismo proyecto político, también existen contrastes de estilo y visión económica que requieren ser analizados en su dimensión ecológica.

Ecología política de la nacionalización

Durante los 90, cuando la economía se puso a merced de las fuerzas de mercado como la soñaba Milton Friedman, esta se convirtió en una máquina de apropiación de valor natural y de destrucción de los bienes comunes compartidos, y generador de desigualdades. Aun así, no se avizoraba una alternativa más que la de “humanizar” y “verdificar” el neoliberalismo.

En este contexto, la nacionalización de los hidrocarburos materializada en 2006 fue una demanda social, una necesidad histórica y política económica que hizo posible luego la refundación del Estado Plurinacional. El decreto supremo Héroes del Chaco permitió la renegociación de los contratos petroleros y el cambio de régimen de concesiones a un nuevo régimen constitucional que consolida la primacía del derecho colectivo de los bolivianos sobre sus recursos naturales. Este proceso incrementó significativamente el “government take”, o la proporción de recursos que beneficia al país y no se llevan las transnacionales producto de la explotación del recurso; sin embargo, se podría debatir si este fue el logro más trascendental.

Esta decisión política permitió demostrar que el Estado no solo puede participar como actor productivo, sino que tiene tal vez el rol más importante a la hora de alinear objetivos sociales, económicos y ecológicos. La nacionalización permitió que el Estado de diferentes maneras pueda ser un actor que vele por los intereses colectivos locales y nacionales, aunque se la acuse de lo contrario. Por ejemplo, nunca antes se había conseguido que los costos de prevención ambiental fueran asumidos por el Estado, al considerarse como costos recuperables para las empresas que operan en el país.

Directa e indirectamente la nacionalización demostró la importancia de tener instituciones legítimas que velen por el bienestar colectivo, incluyendo las amenazas a la sustentabilidad. Aun cuando se critica al Gobierno por acciones u omisiones relacionadas a problemas ambientales, se demuestra que el Estado es el actor principal a la hora de afrontarlos, enterrando así el dogma neoliberal.

Ecología política de la industrialización

Una vez recuperada la propiedad sobre los recursos naturales es necesario maximizar los beneficios que se obtienen de ellos. Por eso el proceso de industrialización es naturalmente la fase subsiguiente. Producir urea a partir del gas natural, industrializando el litio para producir baterías, e inclusive reduciendo la importación de diésel a partir de la producción doméstica de combustibles más renovables, son todas acciones que permiten aumentar el beneficio por unidad de recurso no renovable consumido.

Sin embargo, existe el riesgo de que el ser más eficiente en el aprovechamiento de los recursos nos genere una demanda mayor de los mismos, fenómeno descrito por el economista inglés William Stanley Jevons. [1] Pero más allá de cuestionar la necesidad de industrialización, la paradoja de Jevons confirma que no se puede dejar rienda suelta a los mercados. Consecuentemente, nuestro Estado debe hacer uso de los recursos naturales para poder superar la pobreza y la desigualdad, pero además para superar de manera planificada la dependencia de los sectores extractivos.

Para esto es necesario reinvertir los beneficios en bienestar humano, capacidades productivas y sectores no tradicionales con alto potencial, como la producción agrícola de pequeña y mediana escala, el aprovechamiento sustentable de productos de la biodiversidad. Así también la substitución de importaciones ayuda a fortalecer circuitos comerciales más cortos, reduciendo los impactos ambientales generados por el transporte. Estas son algunas de las alternativas políticas posibles hoy en Bolivia, indudablemente gracias al despliegue de políticas soberanas de nacionalización e industrialización.

La recuperación de la propiedad del gas natural y otros recursos naturales por parte del Estado, en beneficio del pueblo boliviano, y su industrialización para superar la dependencia primario exportadora, es una alternativa proto-ecosocialista a su convencional tratamiento neoliberal. En consecuencia, las políticas económicas del Estado Plurinacional indudablemente han generado un impacto significativo en las relaciones socio-ecológicas internas y externas, con implicaciones regionales y globales.

Hoy en día múltiples países latinoamericanos debaten las políticas en las que Bolivia fue pionera, para aplicarlas en sus contextos. No es casualidad que Chile pronto asumirá su plurinacionalidad y México creará una empresa pública para el aprovechamiento litio. Por un lado, el progresismo internacional presta atención a nuestro país como modelo a seguir; y la derecha sigue a un más de cerca el ejemplo boliviano ya que se ha demostrado tangiblemente que amenaza al perverso orden económico mundial.


  • Especialista en ecología política y cambio climático, miembro del Comando Madre Tierra.

1       Alcott, B. (2005). “Jevons’ paradox”. Ecological economics, 54 (1), 9-21.

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