Por Elio Alberto Colque *-.
“Un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla”; “un pueblo sin memoria está condenado a repetir su pasado”; “…un país sin memoria es un país sin historia”.
Conmueve ver que aún existan personas con pensamientos de la época dictatorial, neoliberal, extremadamente influenciadas por corrientes ideológicas y políticas del pasado, queriendo inculcar supuestos desaciertos del actual modelo económico y adoctrinar las bondades del modelo neoliberal, que, como es de conocimiento general, favoreció únicamente a personas adineradas y a algunas oligarquías del país que aumentaron sus ingresos gracias a la venta, mal llamada capitalización, de las empresas públicas del Estado.
Considero que es importante recordar insistentemente los indicadores económicos y sociales que dejaron gobiernos de derecha: 1) En 2005 el 38,2% de la población se encontraba en pobreza extrema (cuatro de cada 10 personas no podían satisfacer sus necesidades más básicas, como alimentación, vivienda, etcétera); 2) El crecimiento económico promedio no superaba el 3% entre 1986 y 2005, y el PIB per cápita era solo de 873 dólares; 3) El salario mínimo nacional (SMN) era menor a Bs440, no obstante, mientras que el del Presidente superaba Bs30, mil sin incluir los gastos reservados, es decir, era casi 70 veces más que el SMN; 4) La inversión pública no sobrepasaba los 600 millones de dólares por año, pero la deuda pública externa representó el 99,1% del PIB en 1987 y 77,4% en 1990.
El tamaño del Estado en ese periodo era minúsculo para realizar inversiones de gran envergadura y gigantesco para dilapidar los pocos recursos que se generaban como país. Hubo presencia de déficits fiscales continuos de hasta dos dígitos y un nivel de endeudamiento público externo desproporcional. Asimismo, el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada –del cual formaron parte las personas ahora opositoras al gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS)– masacró a cerca de 100 personas en octubre de 2003, intentando vender gas boliviano a los Estados Unidos por territorio chileno, cuando la garrafa de GLP en Bolivia era escasa y su precio aumentaba continuamente. En fin, el papel del Estado en la economía estaba extremadamente limitado, toda vez que las principales empresas como YPFB, ENDE, Entel y otras fueron obsequiadas a firmas extranjeras.
Es innegable señalar que, desde 2006, se implementaron una serie de cambios dentro el aparato estatal, permitiendo recuperar el rol protagónico del Estado en la economía, principalmente a través de la nacionalización de las empresas estratégicas y la inversión pública. Asimismo, en 2009, mediante referéndum de consulta se aprobó una nueva CPE. Hasta 2021 se benefició a más de cinco millones de habitantes con conexiones de gas domiciliario; en 2013 comenzó la industrialización de los recursos hidrocarburíferos con el inicio de operaciones de las Plantas Separadoras de Líquidos de Río Grade y de Gran Chaco (2015), la Planta de producción de urea y amoniaco (2017) y la operación de 27 estaciones de regasificación de GNL en el país. Estos resultados alcanzados guardan estrecha relación con las consignas sociales que nacieron de las movilizaciones de octubre de 2003.
Adicionalmente, no es casualidad que Bolivia por tres años consecutivos haya liderado el crecimiento económico en la Región (2014, 2015 y 2016); tenga la inflación más baja de Sudamérica (1,55% en julio de 2022), en un contexto de presiones inflacionarias en todo el mundo; sea el país de la Región que más recursos destinó a inversión pública, en términos del PIB, por cinco años consecutivos (2015, 2016, 2017, 2018 y 2019).
Está claro que los ingresos, o “la plata”, provinieron fundamentalmente de la recaudación tributaria y las favorables exportaciones de las empresas estatales. No obstante, fue el Gobierno del MAS el que, a través de la administración del Estado, implementó las políticas públicas necesarias para alcanzar todos los avances e indicadores positivos, que no habrían sido posibles de no contar con un gobierno progresista.
La ampliación y modernización de la infraestructura y diversidad productiva, en la última década y media, es reconocida no solo por la población boliviana, que apoyó nuevamente con su voto en las elecciones generales de octubre de 2020, sino también por países extranjeros como Argentina, que empezó a utilizar la moneda boliviana en sus intercambios y como depósito de valor, debido a la reducida o nula fluctuación de “el boliviano” frente al dólar.
* Economista.
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