Por José Galindo *-.
A pesar de haberse tomado fotografías con armas de grueso calibre y haber concedido entrevistas en las que se admitía la intención de organizar una guerra de secesión en Bolivia, los medios de comunicación tradicionales han desatado una cruzada para convencer a la ciudadanía de que el “caso de terrorismo separatista” no fue real, y de que, en su defecto, iniciar una guerra secesionista no es un delito.
En abril de 2009 la Policía abatió a tres ciudadanos austrohúngaros y detuvo a otros dos extranjeros en un operativo realizado en el Hotel Las Américas en la ciudad de Santa Cruz. El líder de este grupo irregular, 0, había admitido públicamente meses antes su rol como organizador de una guerra secesionista para independizar al departamento de Santa Cruz, no sin antes tomarse fotos posando con armas de grueso calibre, junto a sus correligionarios, también armados hasta los dientes. Hoy, la prensa omite este pequeño detalle, mientras difunde y tergiversa un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con dos objetivos: 1) Avivar la confrontación ya existente dentro del oficialismo; y 2) Presentar como víctimas a quienes pretendían la destrucción del Estado boliviano. No se trata solo de defender lo indefendible, sino de matar la verdad o, al menos, encubrirla.
Estamos hablando de quizá la jugada que selló la derrota de la oposición regional, luego de un fallido intento de golpe de Estado que saldado con la masacre de más de una veintena de personas en la localidad amazónica de Porvenir en septiembre de 2008, que consistió en la contratación de una célula mercenaria que ya había actuado en otras guerras separatistas en los Balcanes, y donde, vaya casualidad, también había estado presente el embajador estadounidense, Phillip Goldberg, expulsado de Bolivia por reunirse con Rubén Costas y otros miembros de la oposición en la víspera de la toma de instituciones con la que se pretendía expulsar a Evo Morales del poder o independizar la región oriental del resto del país.
Es decir, tres hechos relacionados en cuanto a sus protagonistas como en su proximidad en el tiempo, que marcaron la derrota provisional de la oligarquía cruceña y dieron la hegemonía transitoria del Movimiento Al Socialismo (MAS), que duró hasta principios de 2016. Así, la expulsión de Goldberg, la derrota del golpe de Estado y la neutralización de la célula terrorista dirigida por Eduardo Rozsa deben ser vistos como hitos relevantes en una sola línea de tiempo, la que la actual oposición de derechas en Bolivia desea borrar de la historia, en una verdadera campaña por falsear la verdad a partir de la filtración de un informe que todavía no fue hecho público.
Lo que dice el Informe
El Informe se encuentra todavía bajo reserva, lo que impide que el Gobierno pueda pronunciarse públicamente al respecto. Cuestión que podría indicar que se trata de un documento de carácter provisional. En todo caso, en el mismo se concluye que en la operación que se ejecutó contra la célula terrorista en el Hotel Las Américas, la noche del 16 de abril de 2009, se dieron ejecuciones sumarias en contra de los abatidos y de torturas contra los detenidos, a pesar de la evidencia conocida hasta el momento, que revela su intencionalidad de instigar un conflicto armado en el país, con entrevistas, llamadas, itinerarios de viaje y declaraciones de testigos e implicados involucrados en la conspiración secesionista.
La elaboración del documento ha sido posible debido a que los acusados de separatismo y sedición interpusieron una demanda en contra del Estado boliviano en instancias internacionales en 2018, pero que tomó fuerza luego de que la Justicia y el Ministerio Público cerrara arbitraria e ilegalmente el “caso terrorismo” durante el gobierno de facto presidido por Jeanine Áñez, cuyo ministro de Gobierno, Arturo Murillo, presentó la determinación como un “regalo al departamento de Santa Cruz”. Esta semana el exministro se declaró culpable, en los Estados Unidos, por actos de corrupción y lavado de dinero.
Pero volviendo al tema principal: los liberados por el gobierno de Áñez que estaban siendo procesados por el caso eran, aproximadamente, una veintena de personas que colaboraron con la célula terrorista desde funciones relacionadas a la planificación, provisión logística, pero, sobre todo, financiamiento de las operaciones, a través de dos procesos judiciales: Terrorismo I y Terrorismo II. Entre los beneficiados por el virtual indulto se encuentran personajes como Zvonco Matkovic, actualmente asambleísta departamental de Santa Cruz. Son estas personas quienes acusaron al gobierno de Evo Morales de haber violado sus Derechos Humanos, en prolongados juicios que quedaron sin sentencia y omitiendo el debido proceso.
Pero son Elod Toatso y Mario Tadi, los únicos sobrevivientes a la operación policial, quienes prueban que el “caso terrorismo” efectivamente existió. Ambos pidieron juicio abreviado en febrero de 2015 y fueron condenados a poco más de cinco años de privación de libertad. Y como ya estaban en cinco años, obtuvieron su libertad y salieron del país.
Lo que dicen sobre el Informe
Aparentemente no existiría la intención de desmentir que se haya tratado de una organización armada que tenía la intención de atentar contra la unidad del país ni que el Estado se hubiera visto obligado a responder a tal amenaza. Lo que el Informe indica es que se dio una actuación gubernamental desapegada a las normas nacionales y tratados internacionales referidos a los Derechos Humanos, incluyendo actos de tortura y ejecuciones sumarias, lo que ciertamente constituye una acusación seria, pero que en todo caso debe ser demostrada. Y todo esto tomando en cuenta que el documento no fue puesto bajo conocimiento público por la CIDH ni por la Organización de Estados Americanos (OEA), sino que fue filtrado sin el consentimiento del organismo.
El Informe, además, establece eventualmente una serie de recomendaciones al Estado boliviano, que van desde el resarcimiento a las presuntas víctimas, hasta la aclaración y determinación de responsabilidades por las faltas aparentemente cometidas.
Tal noticia no pasó desapercibida por la oposición, que en los últimos días ha tratado de direccionar la interpretación del hecho hacia los siguientes propósitos: avivar el conflicto existente entre diferentes facciones del oficialismo; desgastar aún más la imagen del expresidente Evo Morales; involucrar al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela como parte de un supuesto crimen; y, lo peor de todo, presentar como “víctimas” a quienes pretendían desatar una guerra civil que pudo haber terminado no solo con la división del Estado, sino con la muerte de miles de personas.
Instigar la lucha interna en el MAS
Así, tanto las conclusiones como las recomendaciones del Informe fueron utilizadas, primero, para arrojar más dardos contra el expresidente Morales, a quien recomiendan enjuiciar, dirigiendo tal reclamo nada menos que al actual presidente del Estado Plurinacional, Luis Arce, instigando así un conflicto que ya se desarrolla por su propio impulso, al que, lastimosamente, se han prestado algunas figuras del oficialismo, sin tomar en cuenta de que se trata de una estrategia evidentemente fraguada desde la oposición.
A tal punto que la propia hija de Jeanine Áñez, Carolina Rivera, le demanda al actual mandatario enjuiciar a Morales, a riesgo de ser enjuiciado él mismo por el líder histórico masista si no lo hace. Su inverosímil advertencia estuvo secundada por supuestos analistas y exministros de la derecha en los medios de comunicación, provocando cierta susceptibilidad en la facción que apoya al exmandatario, quien fue respaldado por un comunicado titulado “Defender la Patria del separatismo junto a Evo”, que cuenta con la rúbrica de casi medio centenar de sus exministros.
Obviamente, es poco probable que el Gobierno ceda a las provocaciones de los medios de comunicación, debido a que hacerlo no solo seguiría dañando la imagen de Morales y profundizaría las grietas al interior del oficialismo, sino que daría la razón al verdadero objetivo de la oposición: falsificar la historia y convertir a quienes pretendían provocar una guerra civil como inocentes ante la opinión pública, liberando de culpa a una célula terrorista cuyos miembros se fotografiaban a sí mismos con armamento de guerra a solo unos meses antes de ser neutralizados.
El matutino El Deber, por ejemplo, presentó la noticia como “uno de los episodios más sangrientos de la historia boliviana” y como una “matanza”; mientras que Página Siete se refirió a los casos extinguidos arbitrariamente por el gobierno de Áñez como un “montaje”, acompañados por un séquito de analistas y exautoridades de gobiernos de derecha.
Falsificar la verdad
No se repara en lo esencial del hecho: eran terroristas que pensaban iniciar una guerra civil, cuya preparación, financiamiento y planificación de sus acciones quedaron documentadas en el “Informe Conclusivo Terrorismo Separatista”, de la Comisión Multipartidaria de la Cámara de Diputados, publicado en 2009, en el que se comprueba no solo el involucramiento directo de los miembros abatidos por la Policía esa noche, sino los periodos en los que ingresaron al país, los hoteles en los que se alojaron, los contactos que tuvieron con figuras prominentes de la élite regional de Santa Cruz
Por si ello fuera poco, existe, además, una entrevista concedida por propio jefe de la organización terrorista, Eduardo Rosza, al periodista Andreas Kepes, en la que admite, sin posibilidad a ser tergiversado, que: “Si no hay autonomía y no podemos vivir juntos, vamos a gritar que somos independientes y haremos un nuevo país. Esa es la idea, primero están probando razonar para prevenir la matanza de la gente, pero queremos mostrar la fuerza e independizarnos. Mi alma ya está en Santa Cruz”.
A pesar de eso, de contar con declaraciones por parte de los implicados en las que admitían abiertamente haber llegado a Bolivia con la intención de organizar un movimiento armado en el departamento de Santa Cruz, con mapas para operaciones en zonas habitadas por civiles, y considerando la posibilidad de que estallase una guerra civil, los medios de comunicación, que no por nada tienen su principal asiento en el departamento de Santa Cruz y pertenecen a las logias y élites locales, se empeñan hasta hoy en demostrar que aquel caso fue un “montaje”.
Dos mentiras no hacen una verdad
Para demostrar aquello del “montaje” se sirven del principal fiscal que investigaba el caso, Marcelo Soza, así como del hecho de que uno de los oficiales que estuvo en el equipo de élite que neutralizó a Rosza terminó siendo un feminicida, el teniente Jorge Clavijo, quien asesinó a su esposa en un caso que conmocionó a la ciudadanía paceña; además de las declaraciones del guardaespaldas del propio Soza, Germán Cardona, un militar que perdió mucho de su prestigio profesional al verse involucrado en actividades irregulares y no haber tenido una carrera particularmente destacable.
En todo caso, Soza se refugió en Brasil en 2014, tras ser acusado de haber cometido múltiples actos de corrupción, que aparentemente también pasaban por los juicios Terrorismo I y Terrorismo II, calificados por él mismo como “montajes”, pero salvándose de cualquier responsabilidad.
No obstante, aunque se dieron indicios de un procedimiento desapegado a la ley por parte del fiscal fugado en ambos casos, eso no significa que estos hayan sido montados, sino que una autoridad judicial vio una excelente oportunidad para hacer negocios utilizando su posición de poder sobre determinados casos que la Justicia seguía contra algunas personas. Por otro lado, admitir que Soza era corrupto no es lo mismo que decir que Rozsa y su gente eran inocentes.
Es posiblemente en este punto donde reside el meollo del asunto. No es que el caso haya sido un montaje, sino que el desarrollo de los juicios pudo haber sido irregular justamente por la intervención del entonces fiscal Soza, cuyos esquemas de corrupción habrían desvirtuado un proceso de vital importancia no para el Gobierno, sino para el Estado boliviano. Así, Soza habría cobrado coimas y sobornos a ciertos implicados para ahorrarse el ser procesados, entre otros delitos que no borran el hecho de que a Bolivia llegó una célula terrorista financiada por las élites oligárquicas enfrentadas con Morales, a quien, por cierto, se habría tenido la intención de eliminar físicamente. El caso terrorismo fue real, eso es innegable e irrebatible. Ahora, si hubo o no “graves” violaciones de los Derechos Humanos, como señala el Informe, es algo que el Estado, llegado el momento, está en plena disposición de investigar.
- Cientista político.
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