febrero 2, 2023

Medios de comunicación, mafias y paramilitares: nuevo conato golpista

Por José Galindo *-.


Los últimos 28 días han acumulado suficientes hechos de violencia y crimen como para justificar una intervención gubernamental mucho más contundente, sin olvidar que es justamente la derecha la que está interesada en la interrupción de la democracia en el país. En esta coyuntura de violencia, arreciada por pandilleros y paramilitares, los medios de comunicación han superado toda expectativa al no solo justificar los atropellos perpetrados contra los sectores populares, sino también incitarlos.

Página Siete no publicó un solo titular sobre la mujer violada presuntamente por un grupo de hombres que acataban el paro cívico en sus primeros días; tampoco informó sobre la toma de un comando policial en el municipio de La Guardia, a manos de jóvenes equipados con armas de fuego; ni dijo mucho sobre los actos de intimidación y vandalismo cometidos por miembros de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) para reforzar el cumplimiento de la medida impuesta por una facción ultraradicalizada de las clases empresariales.

En vez de cumplir con parámetros de imparcialidad que cierto periodismo defiende, el medio en cuestión apuntó a los simpatizantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) como los únicos responsables de la violencia desatada en el departamento de Santa Cruz, dejando patente no solo su línea editorial, sino su filiación partidista de apoyo al intento de golpe de Estado disfrazado de manifestaciones por el Censo, sin el menor de los rubores.

Página Siete, como Unitel y otros medios hegemónicos son la voz (inmerecida) de un sector radicalizado del empresariado consciente de que no tiene posibilidad alguna de acceder al gobierno a través de elecciones, quedándoles como única alternativa la suspensión de la democracia y la violación de la Constitución Política del Estado (CPE). Las clases privilegiadas se creen dueñas del país y han apostado abiertamente por el fascismo como proyecto político, mientras sus medios de comunicación se prestan sin vergüenza alguna a esta estrategia, amparados por el supuesto derecho de la libertad de expresión.

Una justificación que no solo es falsa, pues la libertad de prensa no tiene absolutamente nada que ver con la libertad de empresa, sino que actualmente constituye una broma cruel por parte de su equipo editorial para con el resto del gremio periodístico. En esta última semana publicaron por lo menos dos titulares para denunciar amenazas contra uno de sus caricaturistas, “Abecor”, justo cuando se cumplieron tres años del asesinato de Sebastián Moro en circunstancias no aclaradas, en el golpe de Estado de 2019. ¿Era Sebastián menos periodista por haber trabajado en un órgano de prensa alternativa y popular? Lo cierto es que, para la dirección de Página Siete, no todos los derechos ni las vidas tienen el mismo valor.

El periodismo empresarial

Por el encubrimiento de ese hecho de sangre, que ni se molestaron en recordar a pesar de su usual enfoque reivindicativo de la actividad periodística, son también culpables otros medios de comunicación: Unitel, El Deber y toda la prensa asociada a intereses empresariales envalentonados por el golpe de Estado de 2019 y que buscarán reeditar la experiencia tan pronto como sea posible.

En esta intentona golpista han sido los propios dirigentes cívicos quienes admitieron que el paro estaba siendo reforzado ya no por vecinos comprometidos con la causa del Censo, sino por criminales y malvivientes que cobraban dinero en cada rotonda, incluso a los propios adherentes de la causa federalista promovida por el gobernador Luis Fernando Camacho, abierto admirador de Pablo Escobar, por cierto.

Pero lo interesante de este fenómeno no es la intervención de sectores relacionados al mundo del hampa en el acontecer político, sino su acompañamiento por parte de medios de comunicación que, al menos teóricamente, deberían denunciarlos en vez de encubrirlos mediante la invisibilización de sus acciones o, incluso, su justificación.

La incitación al conflicto, por otro lado, forma parte de su arsenal de estrategias desestabilizadoras, a través de titulares como: “Policías llevados a Santa Cruz denuncian que duermen en el piso y robo de viáticos”. Titulares y páginas enteras orientadas a antagonizar a la Policía Nacional fueron muy comunes en los días previos al golpe de Estado, narrando incluso historias como las de una hija de un policía que se enfrenta a este durante el ciclo de protestas que concluyeron con la renuncia de Morales y la posición inconstitucional de Jeanine Áñez como presidenta.

En cuanto a la invisibilización y el encubrimiento, sirve el siguiente ejemplo: un hecho como la revelación de los nexos entre paramilitarismo pandillero y la política opositora por parte del exlíder de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), Yassir Molina, es matizado con titulares como: “Yassir Molina es defendido por el ‘abogado torturador’ y salpica a opositores; Milena Soto ve afanes políticos”. Las últimas cinco palabras son utilizadas para reducir la importancia del hecho central: una pieza clave de los esquemas golpistas de 2019 está dispuesto a revelar los pormenores del derrocamiento de un presidente democráticamente electo.

Paramilitarismo y contubernio mediático

Por otro lado, debe pensarse si el paramilitarismo y el mundo del hampa están preocupados por sus relaciones públicas o por su imagen ante la opinión periodística, puesto que su actividad, el uso empresarial de la violencia, no es algo muy fácil de justificar ante el resto de la sociedad. Tal vez es ingenuo pensar que la denuncia de dichos grupos que actúan como organizaciones criminales los disuadiría de cumplir con sus propósitos. No obstante, es deber de la prensa y la opinión pública denunciar dichos actos como lo que son: una violación a la ley y a las normas de convivencia democrática.

La colaboración entre sectores del hampa y el paramilitarismo nos retrotrae a los tiempos de la Operación Cóndor en el Cono Sur, en la que infames narcotraficantes como Pablo Escobar establecieron relaciones de negocios e intercambio de información con los principales organizadores de la represión militar en contra de dirigentes de la izquierda de aquellos tiempos, como el mismísimo Klaus Barbie, empleado por el gobierno de Hugo Banzer Suárez, pero, además, siempre (en) cubiertos por los medios de comunicación. La actual configuración del bloque opositor no debería sorprender a nadie, con uno de los líderes de la resistencia paramilitar de Cochabamba, Yassir Molina, recibiendo asesoramiento de un abogado que tenía afiches de El Padrino cuando fue arrestado.

Pero sea mediante la selección no arbitraria de contenidos, la incitación al conflicto en coyunturas críticas o la abierta y directa desinformación, es claro que los medios de comunicación ejercen hoy un rol no solo político, sino indisimuladamente partidario, como se ha podido demostrar en las últimas tres semanas, en las cuales se dieron diferentes hechos de violencia que demuestran el carácter autoritario y hasta criminal de la oposición cívica, que no es otra cosa que el empresariado nacional radicalizado en su pretensión de tomar el poder político. Repasemos algunos de estos hechos.

Los efectos directos del paro

  • El asesinato de un hombre en Puerto Quijarro. La mañana del 22 de noviembre, en el municipio fronterizo de Puerto Quijarro, Julio Pablo Taborga Cuéllar cayó inconsciente al piso tras haberse enfrentado a los cívicos que comenzaban a acatar el paro instruido desde Santa Cruz de la Sierra. Los titulares de la prensa opositora no se concentraron en la muerte, que se determinó a causa de un traumatismo cráneo encefálico, destacando, por otro lado, que el funcionario de la alcaldía del lugar, que pertenece al MAS, habría sido obligado a movilizarse por instrucciones del burgomaestre, poniendo en duda, además, la responsabilidad de los tres cívicos arrestados por el asesinato.
  • Violencia contra la mujer y destrucción de una comunidad ayorea en La Concepción. El viernes 29 de octubre, en el municipio de La Concepción, un grupo de mujeres fue atacada por el subgobernador de la provincia Ñuflo de Chávez, Daniel Velásquez, acompañado por miembros del comité cívico del municipio. Las imágenes registradas muestran a un grupo de mujeres siendo agredidas por la gente del subgobernador, informándose luego que las casas de las mujeres ayoreas fueron vandalizadas y destruidas por fuego, hecho que no fue reportado por los medios hegemónicos que estuvieron cubriendo los conflictos, como Página Siete o El Deber.
  • Saqueo de puestos policiales y robo de armas. El miércoles 2 de noviembre el matutino La Razón informaba acerca del saqueo de un comando policial en el municipio de La Guardia y la destrucción de seis patrullas, con el uso de armas de fuego por parte de miembros de la UJC. La noticia, cuya seriedad obligaría a cualquier medio de prensa a reportar y reproducir la cobertura del hecho, como efectivamente sucedió con la fuente citada, fue totalmente ignorada no por algunas, sino por todas las cadenas de televisión y los diarios empresariales, en indisimulada demostración de parcialidad a favor del paro cívico.
  • La violación grupal de una mujer en el tercer día de bloqueo. A mediados de esta semana se supo que se habría dado un caso de violación grupal en contra de una mujer en el cuarto anillo de Santa Cruz de la Sierra, el 24 de octubre. Aunque no se tiene claro si la mujer sufrió la agresión en un punto de bloqueo o no, sí se sabe que cívicos y personas que acataban el paro se apersonaron a la Casa de la Mujer de esa ciudad para amenazar a la víctima y a las personas que le prestaban ayuda en dicho establecimiento, lo que constituye no solo un acto de revictimización de una persona que acababa de sufrir una violación, sino un hostigamiento ejercido justamente por cívicos que acataban el paro, sin concluirse, todavía, si la violación fue perpetrada por cívicos. La noticia no ocupó ningún titular en medios como Página Siete o El Deber, con el primero apenas mencionando el hecho sin darle un tratamiento aparte, a pesar de la gravedad.
  • El degollamiento de un hombre en un punto de bloqueo. El último jueves otra persona se sumó a las víctimas fatales del paro cívico, quien habría muerto degollado por un cable colocado entre dos postes por cívicos que acataban el paro. Su nombre era Eduardo Arancibia, tenía 22 años, y se dirigía a su fuente laboral el día en el que perdió la vida.
  • El asesinato de otro hombre al que le extirparon el corazón. Aunque la noticia fue cubierta por Página Siete, quizá porque la víctima, José Eduardo Sosa, era uno de los miembros de los puntos de bloqueo en la localidad cruceña conocida como Barrio Latino, otros medios como El Deber fueron muy directos al señalar a simpatizantes del MAS como potenciales perpetradores del morboso crimen, a pesar de la hipótesis razonable hecha por la Policía de que se abría tratado de un hecho de violencia entre pandillas.

Además del evidente enfoque parcializado en su cobertura de los hechos de las últimas semanas, habría que añadir la evidente intención de varios de los medios de oposición, como Página Siete, para antagonizar a ciertos actores con el gobierno nacional, a través de titulares como: “De sembrar pruebas a proteger grupos de choque del MAS, el papel de la Policía”; titulares que podrían considerarse como pretensiosos o, peor aún, como abiertamente sediciosos, sin que ello preocupe en lo más mínimo a los director de estos medios.

Los 28 días de paro que se cumplieron al cierre de esta edición, el viernes 18 de noviembre por la noche, se caracterizaron por actos de violencia que resultan injustificables desde todo punto de vista, protagonizados por malvivientes y personas en estado de ebriedad, como se reconoció desde el propio Comité Cívico Interinstitucional de Santa Cruz. A pesar de ello, cierto periodismo no solo no ha denunciado esta evidente vulneración al sistema democrático, sino que ha adoptado una posición abiertamente partidista y en favor de las hordas sediciosas, llegando al extremo de publicar editoriales que advertían al presidente Luis Arce sobre las consecuencias de no cumplir con las demandas cívicas.


  • Cientista político.

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