febrero 2, 2023

Arce derrota intento de acortar su mandato y derecha demuestra control territorial

Por José Galindo *-.


No es pertinente hablar de un empate como resolución del último episodio de conflictividad que atravesó el país. El Censo nunca fue el verdadero objetivo, y aunque no se logró acortar el mandato del actual Gobierno las élites regionales han demostrado que están dispuestas a sacrificar incluso el bienestar de su propia región con tal de interrumpir el proceso de transformaciones sociales abierto en 2006. Es natural que busquen eso, aunque lo que no es natural es que cierta dirigencia del bloque popular coincida con ellos.

Que Luis Fernando Camacho no haya conseguido adelantar la fecha del Censo no implica una victoria absoluta por parte del Ejecutivo. La cuestión de fondo no es el recuento de población, ni siquiera la redistribución de escaños y recursos en favor de Santa Cruz, sino la interrupción del mandato de Luis Arce, que implicaría no solo la apertura de un nuevo ciclo autoritario, sino una fuerte derrota para el movimiento popular. Es necesario que la dirigencia del Instrumento Político supere sus diferencias, en orden de no reeditar la caída de la Unidad Democrática y Popular (UDP) y la larga noche del neoliberalismo en pleno siglo XXI, que esta vez sería más oscura. En todo caso, se puede decir que la última coyuntura, que se encuentra en sus estertores, solo ha producido pérdidas para el Estado y su pueblo, lo cual siempre fortalece a la derecha.

Desde la perspectiva de que el objetivo del paro indefinido era el acortamiento de mandato, el Presidente entonces salió victorioso.

Una situación absurda

Santa Cruz cumplió este último sábado 36 días de paro cívico, en reclamo de un problema que en cualquier otro país se habría resuelto con una reunión entre funcionarios gubernamentales. La medida de presión se distinguió por sus altos niveles de violencia, contabilizándose cuatro muertes y una violación grupal, además de hechos delictivos que rayan los límites de la sedición, como la toma de comandos policiales por tropas de cívicos paramilitares. Y todo ello sin mencionar las millonarias pérdidas económicas provocadas al departamento y la economía nacional en su conjunto.

Durante esta coyuntura el Gobierno fracasó en múltiples intentos por encontrar una salida negociada a la crisis, frente a una oposición regional claramente interesada en prolongar el conflicto en las calles; pasando de mesas técnicas, cumbres y reuniones, a cabildos, marchas y enfrentamientos directos entre partidarios y opositores del oficialismo. A pesar de que la determinación de la fecha del Censo es una prerrogativa privativa del nivel Ejecutivo, la controversia acabó siendo trasladada a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), posiblemente la última instancia en la que pueda resolverse, pese a la limitada inclinación de sus miembros para el debate.

La situación ha superado las expectativas de la población, que todavía no entiende si la conmoción que se venía sosteniendo desde hace más de un mes es por la determinación de la fecha de un Censo, la distribución de recursos y escaños de representación parlamentaria que se derivan de sus resultados, o por impulsar un movimiento en Santa Cruz orientado hacia el federalismo. En realidad, no se trata de ninguno de los motivos anteriores, sino de acortar el tiempo de mandato del actual Gobierno como objetivo último y final, lo que implicaría, también, la apertura de un nuevo ciclo autoritario para el país, debido a que se trataría justamente de una interrupción de un mandato constitucional.

Victoria, derrota o empate

Es solo a partir de la última afirmación que se puede realizar una ponderación más o menos cabal de lo que ocurre. El hecho de que la oposición cívica haya aceptado el primer trimestre de 2024 como fecha para el Censo no implica necesariamente una victoria indiscutible por parte del Gobierno, como tampoco puede afirmarse que mantener el bloqueo de las calles sea un logro definitivo en favor de las élites cruceñas. No es pertinente hablar de un empate, aunque ambos lados del conflicto sean fustigados desde sus propias filas: en el oficialismo se critica que el Ejecutivo no haya hecho prevalecer el principio de autoridad al no haber encerrado a los dirigentes de la medida que excedió los límites de la legalidad desde un principio; mientras que en la oposición se castiga a la dirigencia cívica por salvaguardar un paro cuando ya se ha definido la fecha de la realización de la consulta, de acuerdo a lo propuesto por el Gobierno.

Un dato indiscutible es que las élites cruceñas han demostrado tener la capacidad de ejercer el control sobre un territorio, al cual han aislado y parroquializado a través de un discurso regionalista orientado hacia la federalización del departamento, pero, sobre todo, mediante el despliegue de organizaciones paramilitares que han ejercido altos niveles de violencia en contra de sectores específicos de la población en orden de mantener el control sobre un espacio territorialmente apropiado, al mismo tiempo que se mantuvo paralizada a una parte de la población con la contratación de músculo callejero y la disponibilidad de recursos de prebendalización desde la Gobernación y los centros empresariales radicalizados en contra del gobierno popular.

En otras palabras, las principales élites empresariales ejercen su control sobre Santa Cruz a través de tres mecanismos: la coerción, con la acción de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC); la seducción, con un discurso federalista que explota un clivaje profundo de la consciencia colectiva regional; y la prebendalización, con los recursos dispuestos a partir de la Gobernación departamental y la colaboración decidida del empresariado local. Se debe añadir a todo esto una coordinación política que va desde los medios de comunicación hasta, posiblemente, la interferencia de organismos de inteligencia extranjeros.

Fortaleza o debilidad del bloque cívico

Debemos matizar este panorama, sin embargo, tomando en cuenta que el bloque cívico no está plenamente cohesionado ni cuentan con un liderazgo indisputado. Durante la crisis del último mes no solo se han expresado las contradicciones dentro del propio partido de Gobierno, sino entre la propia dirigencia del movimiento cuasi federalista, especialmente entre un ala moderada, representada por el rector de la Universidad Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar, y un ala radical, a la cabeza del gobernador Luis Fernando Camacho, y el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, dándose, incluso, disputas entre estos dos últimos. Paralelamente, es de notarse que tampoco la oposición partidaria se ha librado de sufrir disputas intestinas, con mayores fraccionamientos en el seno de las bancadas de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos en la presente coyuntura.

Y lo que también es central, sin una capacidad de poder explotar el descontento latente de las capas medias del resto de Bolivia con el actual Gobierno, que no pueden movilizarse como lo hacen sus pares cívicos en Santa Cruz. Así, la oposición regional no ha conseguido auxiliar ni impulsar a los sectores disidentes antes conocidos como plataformas ciudadanas, y hoy organizados sobre todo en el Comité en Defensa de la Democracia (Conade), así como tampoco activar la movilización de otros sectores aparentemente más populares como la Asociación de Productores de Hoja de Coca de La Paz (Adepcoca) o las asociaciones empresariales del cooperativismo minero. Es decir, la oposición cívica no es capaz, todavía, de nacionalizar su influencia al resto del país.

Finalmente, para materializar su aspiración de provocar una crisis de gobernabilidad semejante a la vivida por el país cuando el gobierno de la UDP, a principios de la década de los 80 del siglo pasado, la oposición cívica debe además contar no solo con cierto apoyo popular, sino además con cooperación internacional que consolide un eventual golpe de Estado o cambio de gobierno; pero que no cuenta con el mismo contexto geopolítico del golpe de Estado de 2019, cuando la Región estaba poblada por presidentes de extrema derecha que no duraron en asistir al gobierno de facto de Jeanine Áñez.

A propósito de lo último, debe recordarse que el caso de Hernán Siles Suazo suele ser presentado por cierta historiografía como la historia de un político que sacrificó sus ambiciones personales para garantizar la supervivencia del régimen democrático, cuando en realidad se trató de la capitulación de un líder que hizo posible la victoria absoluta de las élites empresariales, que instauraron un régimen político y económico que tenía muy poco de democrático.

El principio de autoridad

Por otro lado, si aceptamos que se busca acortar el mandato de Luis Arce y no solamente reivindicar posturas federalistas o acumular fuerzas orientadas a objetivos electorales desde la dirigencia cívica, entonces entendemos que la principal forma de lograr esto es provocando una crisis de gobernabilidad, que es, en esencia, una crisis para sostener el principio de autoridad que tiene la dirección del Estado sobre el resto de la sociedad. Algo que se critica desde ciertas fracciones dentro del propio Movimiento Al Socialismo (MAS), que demandan una acción más decidida por parte del Ejecutivo en contra de los dirigentes del paro cívico, debido a los hechos de extrema violencia, crimen e incluso sedición que se dieron en más de un mes en el departamento de Santa Cruz, donde las calles pasaron a ser controladas, en los hechos, por organizaciones paramilitares apoyadas por miembros del bajo mundo criminal. En otras palabras, un parcial retroceso del Estado en el ejercicio de su monopolio sobre el uso de la fuerza, que es incluso acusado por una fracción rivalizada con el Gobierno, como un pacto de impunidad con la oposición cívica; aunque esa misma fracción no declaró estado de excepción en 2008, cuando Santa Cruz era el epicentro de la ofensiva contra el gobierno de Evo Morales.

Tal afirmación obviamente es falsa y malintencionada, pero no deja de advertir sobre una situación peligrosa, que es la de dejar que la oposición cívica acumule fuerzas frente a una pasividad gubernamental, que no será equilibrada, por cierto, por las instituciones coercitivas del Estado, que, de hecho, funcionan como un árbitro parcial inclinado a favorecer al bloque que demuestre tener mayor fuerza. Por otro lado, la dubitación para recurrir a la coerción legítima de la sedición puede responder a cierto recelo con respecto a las Fuerzas Armadas, pero, ante todo, de la Policía Nacional, que ya han demostrado sus inclinaciones hacia el amotinamiento. Se puede acusar, por supuesto, un carácter ambivalente desde la Policía, las Fuerzas Armadas y el Órgano Judicial, que demostraría que el Gobierno no tiene control pleno del Estado, o que este, incluso, todavía está atravesado por un carácter de clase orientado hacia posiciones conservadoras. Ser precavido, en este sentido, no está demás, aun cuando hasta el principio de precaución debe ser equilibrado, o estar acompañado del principio de moderación.

Las bases sociales

Para superar la presente crisis y garantizar la continuidad del proceso de transformaciones políticas iniciado en 2006 es necesario contar con un apoyo popular organizado y fortalecido, lo que al mismo tiempo silo es posible si se tiene una dirigencia coherente y comprometida. Actualmente, estamos lejos de dicha situación, con rivalidades dentro del partido expresándose de las formas más prosaicas e infantiles, que no solo confunden, sino que desmoralizan a las bases sociales que sustentan la estructura del MAS.

Ejercer el principio de autoridad requiere necesariamente del acompañamiento del resto de la sociedad y el pueblo organizado, debido a que la fortaleza del Estado descansa justamente sobre su legitimidad, que puede partir de las urnas, pero que debe renovarse diariamente no solo a través de una gestión eficiente de Gobierno, sino a partir de la discusión política y el alcance de consensos que le permitan organizarse cada vez de forma más cohesionada frente a una derecha reaccionaria que se alimenta del conflicto y del caos.


  • Cientista político.

 

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