febrero 4, 2023

De pactos comprobados y especulaciones políticas


Por La Época -.


En la política se ha debatido bastante respecto del concepto teórico de “poder suma cero”. El criterio estándar en los cientistas políticos es que hay, contadas veces, coyunturas en las que la pérdida total de uno de los actores o bloques políticos implica la victoria absoluta del otro bloque. Y, desde el punto de vista militar, también son pocas las veces en las que hay la victoria militar absoluta. Por lo general, los triunfos deben de cuidarse de ulteriores derrotas.

Esta breve consideración surge a partir de la innecesaria e injusta descalificación que se pretende hacer del gobierno del presidente Luis Arce con la sindicación, no demostrada, de que habría realizado un pacto con la derecha para la aprobación de una ley de aplicación de los resultados del Censo que, por lo establecido en una decreto supremo, deberá realizarse el 23 de marzo de 2024. Los hechos: continuidad del paro y la dificultad de consensuar un texto breve y de artículo único en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) desvirtúan esa lectura prejuiciosa de la realidad.

Las negociaciones políticas son parte inherente al funcionamiento de los congresos y asambleas legislativas. Es inimaginable pensar en un escenario legislativo en el que las fuerzas políticas se peleen todo el tiempo, pues aún una de ellas tenga mayoría absoluta o dos tercios asegurados, el evitar ruidos, cuando se pueda, y alcanzar hegemonía, que no es unanimidad, será siempre un objetivo a alcanzar. Bolivia no está al margen de esa realidad, guste o no.

Por ejemplo, en diciembre de 2007, luego de año y medio de los trabajados accidentados de la Asamblea Nacional Constituyente, el texto final de la Constitución Política del Estado (CPE) fue aprobado en detalle en la ciudad de Oruro en medio de una gran satisfacción del bloque de las clases subalternas. Pero la alegría duró poco, la violenta resistencia de la derecha en varios departamentos, particularmente en la ciudad de Santa Cruz, obligó al gobierno de Evo Morales a aceptar la creación de una Comisión Multipartidaria para hacerle ajustes al documento aprobado. La decisión provocó cierto nivel de confusión ya que la Asamblea Constituyente, instalada el 6 de agosto de 2006 en la ciudad de Sucre, tenía un carácter originario y no derivado.

Pero la realidad es testaruda, sostenía Marx. La relación de fuerzas, a pesar del gran protagonismo popular que determinó la victoria electoral de Morales en las elecciones de diciembre de 2005, se caracterizaba por una situación de equilibrio. Y no estamos hablando de solo en el Legislativo, sino en todo el país. Y la realidad concreta de ese momento mostraba que se iba a perder la oportunidad de fundar el Estado Plurinacional si no se introducían ajustes al texto aprobado, primero en grande en la ciudad de Sucre, y luego en detalles en Oruro. Para eso, culminado el funcionamiento de la Asamblea Constituyente se dio paso a instalar, en los hechos, un Congreso Constituyente.

Las negociaciones y acuerdos entre el oficialismo y la oposición se tuvieron que hacer; no había otra alternativa si se quería avanzar. Tan es así que uno de los actores de esos acuerdos, exministro y ahora furibundo crítico del gobierno del presidente Arce escribió un ensayo “Bolivia: de la confrontación al pacto político”, que forma parte del libro titulado: “Del conflicto al diálogo, memorias del acuerdo constitucional”, publicado en marzo de 2009. La nueva CPE ajustada, finalmente fue aprobada el 25 de enero de 2009 mediante referéndum constitucional y promulgado en febrero de ese mismo año.

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