febrero 4, 2023

Presidente reafirma el valor supremo de la vida y aclara que no es “traición” evitar un golpe con el derramamiento de sangre

La Paz-. (ABI). – El presidente Luis Arce afirmó este viernes que evitar un golpe de Estado con derramamiento de sangre del pueblo “no es traición”.

En un mensaje a la nación en el que anunció la promulgación de la Ley de Aplicación de los Resultados del Censo de Población y Vivienda en los Ámbitos Financiero y Electoral, el jefe de Estado dijo vehemente que para su administración la vida es el valor supremo a cuidar.

“Y mientras esté como presidente haré todo lo que esté en mis manos, sin tranzar mis principios políticos e ideológicos, para que no se derrame la sangre del pueblo”, remarcó en alusión a quienes observaron que elevar a rango de ley el Decreto Supremo 4824, que fija para el 23 de marzo de 2024 el empadronamiento nacional, era una traición al Movimiento Al Socialismo y al Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) porque implicaba acuerdos con fuerzas parlamentarias de oposición.

“La ley aprobada no es una ley de la derecha, fue una ley propuesta por el MAS-IPSP que no vulnera competencias del nivel central del Estado, que respeta el Decreto Supremo (4824) y que no dice nada más que lo que establece la Constitución Política del Estado”, remarcó.

Relató que con “algunos” diputados y senadores del partido oficialista evaluaron “con una mirada distinta” el conflicto en Santa Cruz y las estrategias para resolverlo y que ello no significa que su gobierno y esos asambleístas planteen un “horizonte político distinto” al partido oficialista.

“Debemos aprender a respetar otros criterios y a escucharlos”, demandó.

Lamentó que tanto la derecha fascista, como miembros del instrumento político, elaboren “listas de supuestos traidores” en Santa Cruz.

Pacificar el país

La aprobación del proyecto de Ley de Aplicación de los Resultados del Censo de Población y Vivienda en los Ámbitos Financiero y Electoral en la Cámara de Diputados permitió pacificar el departamento de Santa Cruz después de 36 de días de un violento paro cívico, cuyos impulsores exigían el censo en 2023 a pesar de su inviabilidad técnica.

El paro cívico arrancó el 22 de octubre con la propuesta del Ejecutivo del censo 2024, rechazada por los cívicos, y concluyó el 26 de noviembre confirmándose esa fecha sobre una base técnica y la norma aprobada en la Cámara Baja.

Hasta ese día la medida de presión provocó la muerte de tres personas en los bloqueos urbanos, y uno en la frontera con Brasil, mientras que otros cuatro enfermos de cáncer fallecieron al no recibir atención oportuna por la interrupción, precisamente, del tráfico vehicular.

Durante el violento paro cívico la inseguridad ciudadana en los puntos de boqueo provocaron, además, una violación grupal, cientos de casos de extorsión a los conductores y al menos una docena de casos de lesiones graves y gravísimas entre quienes estuvieron a favor y contra de la medida que exigía censo en 2023.

Los “malvivientes”, como el propio comité cívico calificó a los bloqueadores, llegaron al extremo de violar el Derecho Internacional Humanitario al agredir a personal sanitario, obstaculizar el paso de ambulancias, utilizarlas con otros fines, como trasportar explosivos, y restringir el acceso de pacientes a centros médicos.

Se reportó un caso en que se abordó un trasporte con personal sanitario y se les exigió a los ocupantes, bajo amenaza, “presentar” su credencial de médico.

En otros incidentes, muy frecuentes, se demandó en sitios cercanos a centros médicos a que los pacientes acrediten su condición física, o “presenten su cita médica”, para dejarlos transitar con libertad e ingresar a los nosocomios.

En el área rural esas mismas facciones de extrema derecha cometieron acciones de racismo y discriminación contra la población indígena, como la ayorea y chiquitana, y la campesina intercultural.

Otros efectos colaterales fueron las pérdidas de más de 1.200 millones de dólares en el sector privado y 300 millones de bolivianos en el sector estatal.

Golpe

El conflicto de 36 días, dijo el mandatario, no fue en demanda del censo en 2023, que derivó a una ley sobre la encuesta nacional, sino que buscaba acortar su mandato constitucional que vence en noviembre de 2025.

En tono cordial y franco, con el pabellón de la tricolor nacional y la whipala a sus espaldas, dijo saber que quienes quieren el fracaso de su administración socialista están “afuera”, en alusión a la oposición, “y lamentablemente también dentro”, en el MAS-IPSP.

“Y para aquellos que desde mis propias filas coinciden en objetivos para acortar nuestro mandato, también quiero decirles que se equivocan, que el enemigo no está entre nosotros y que la unidad es la mejor arma que tiene el pueblo para derrotar intereses de grupo y personas”.

“Mis principios ideológicos y mis valores nunca se negocian”, aseguró.

Para quienes se “esfuerzan” en hacerlo ver como “traidor” al partido que lo llevó a ganar las elecciones generales de 2020 con el 55.11% del voto popular, les aclaró, mirando de frente a la cámara y apuntando con el dedo índice: “Yo soy un militante del MAS-IPSP (y) no claudicaré en mi lucha por mejores días para el pueblo boliviano. Mi conciencia no tiene precio, y eso lo aprendí de mi madre, tengo una familia y una vida profesional y académica de dónde vengo y a donde volveré con la frente en alto y con las manos limpias”.

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