Por José Galindo *-.
El mayor peligro para el Gobierno y el movimiento popular que lo sostiene no es la oligarquía ni el imperialismo, sino la ausencia de una agenda programática que unifique liderazgos y organice la lucha de los sectores humildes por su liberación. Las bases de esa agenda ya están dadas en la Constitución Política del Estado (CPE) y el proyecto del Estado Plurinacional. Lo que resta es una discusión democrática en la que participen exclusivamente la izquierda y la Bolivia nacional-popular.
Aun con Luis Fernando Camacho tras las rejas y la oposición cívica en aparente retirada táctica, Luis Arce y el movimiento popular que sostiene a su gobierno todavía tienen muchos desafíos para este 2023 que recién comienza: desde garantizar el desenvolvimiento cotidiano de la institucionalidad hasta contener las corrientes que apuntan hacia una implosión del oficialismo, sin mencionar el peligro latente de la proclama federal; es decir, no son pocos los retos que aguarda el 2023. No obstante, a juzgar por el desempeño macroeconómico del país, la superación de los efectos de la pandemia y la estabilización política de la sociedad, puede afirmarse que hay razones suficientes para permitirse un cauto optimismo.
2022 cerró sorpresivamente con el arresto del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, en el marco de las investigaciones judiciales que lo vinculan con el golpe de Estado de 2019, en el que admitió públicamente su participación a través del financiamiento proporcionado por su padre, de la misma forma que se corroboró, recientemente, la existencia de transferencias monetarias suyas a mandos jerárquicos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Aunque admitir haber participado en un movimiento de sedición es suficiente razón para ser encarcelado en otras partes del mundo, la decisión de la Justicia criolla resultó sorpresiva para propios y extraños, quienes creían que su condición de primera autoridad del departamento más pujante era suficiente para asegurarle cierta impunidad.
El principal reto: lidiar consigo mismos
Pero, aunque su desplazamiento del tablero político nacional conmociona a una oposición regional que ahora enfrenta una crisis de liderazgo después de la desacertada decisión de mantener un paro cívico que lo único que hizo fue debilitar a las propias clases empresariales que lo financiaron, no es prudente afirmar que con ello se ha neutralizado la principal amenaza para el Gobierno, debido a que la oligarquía afincada en el Oriente no fue su único problema el año pasado. Esto porque la expresión de tendencias rupturistas al interior del partido oficialista fue una constante igual o incluso más notable que los rutinarios choques con los sectores de derecha de la sociedad.
De hecho, de enero a diciembre de 2022 las fricciones entre diferentes miembros del Movimiento Al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) no hicieron más que acrecentarse, pasando de indirectas ocasionales entre el expresidente Evo Morales y el actual vicepresidente David Choquehuanca, a insultos e intercambios abiertos de acusaciones entre legisladores pertenecientes a uno de los dos bandos que se han mostrado en disputa: renovadores vs. radicales, que apoyan, en teoría, una candidatura de Luis Arce o Evo Morales como opciones opuestas. Un enfrentamiento a golpes en el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) fue el clímax absurdo al que llegaron dichas tensiones que, a diferencia de lo que ocurrió con la oposición regional, no alcanzaron ningún tipo de resolución.
En ese sentido, parece que solo el MAS puede acabar con el MAS, a pesar de que el multitudinario partido no está corto de enemigos, muchos de ellos dispuestos a superar los límites fijados por la ley o incluso la misma razón.
Fuera de sí mismo, el movimiento popular, el Gobierno y la dirigencia partidaria deben preocuparse del peligro que supone para la unidad del Estado la proclama federalista, el anuncio de las élites dominantes de la región oriental de una guerra “contra aquellos que se creen dueños del poder” que se prevé larga y la amenaza del paramilitarismo cada vez más beligerante que acompaña a este movimiento que bajo el paraguas cívico agrupa y organiza a las clases privilegiadas y sus acólitos de formas cada vez más radicales. Élites, al mismo tiempo, que están en posesión de suficientes recursos económicos y productivos como para inducir una crisis de abastecimiento, a las que son particularmente vulnerables los sectores más humildes de la población.
Atención sobre el Legislativo
Todavía deben considerarse otros escenarios tan importantes como las calles o las asambleas populares, como son las instituciones del Estado, de cuyo funcionamiento depende una buena parte de la gobernabilidad. Una de sus instancias, la Asamblea Legislativa, será escenario de imprevisibles alianzas y enfrentamientos, que podrían no darse en el tradicional libreto de oficialismo vs. oposición, que ya tiene su propio peso para la resolución de asuntos tan elementales como la aprobación de ascensos militares, la elección de autoridades gubernamentales como el Contralor del Estado o la simple viabilización de leyes que hagan posible el ejercicio del gobierno para el presidente Luis Arce. Y todo esto sin mencionar reformas estatales que se vienen anunciando desde hace tiempo y que son reclamadas por una buena parte de la población, como la refundación de la Justicia.
El peligro, como se podrá adivinar, no emerge tanto de los obstáculos que puedan interponer las bancadas de los partidos de oposición, que se han caracterizado por adoptar posturas intransigentes y hasta infantiles en las últimas dos gestiones, sino de la posibilidad, nunca descabellada, de una convergencia de intereses entre representantes del oficialismo no alineados con el liderazgo del presidente Arce y la siempre confrontacional derecha partidaria. Un escenario que, en caso de darse, implicaría un serio problema para el Ejecutivo, aunque también un acto de traición a la confianza del pueblo que le dio su voto a dichos legisladores pensando justamente en su capacidad para enfrentarse a los sectores conservadores que impulsaron el golpe de Estado de 2019. Se trata, en todo caso, de una posibilidad que puede advertirse y evitarse si se la administra con el tacto político suficiente.
Agenda provisional
De la capacidad de organización y debate interno que tenga el Gobierno dependerá, sobre todo, la viabilización de unas elecciones judiciales que ya se han convertido en un lugar común para la expresión del descontento opositor, aunque no de forma injustificada, pero sí poco constructiva. Elecciones que, a pesar de todo, deben llevarse a cabo, pero acompañadas de una propuesta de reforma judicial que solucione un problema que pone en peligro no solo al ciudadano de a pie, sino a la propia institucionalidad del Estado boliviano, toda vez que la Justicia es parte de una nueva manera de enfrentamiento político conocida como lawfare, o judicialización del poder, y que bien puede ser utilizado para perseguir a disidentes de la izquierda y la derecha por igual. Debiendo tomarse en cuenta, por otro lado, que son justamente la derecha y los sectores más conservadores de la sociedad los que se benefician de la actual situación de corrupción de la Justicia, que hoy sirve solo a quienes pueden comprarla.
La elección del Contralor, por ejemplo, podría seguir el mismo curso que tuvo la elección del Defensor del Pueblo, en la que las bancadas de oposición hicieron cuanto estuvo a su alcance para evitar la posesión de una nueva autoridad en aquella cartera no tanto por razones programáticas, ideológicas o, por lo menos, políticas, sino con el objetivo fácilmente intuible de provocar una crisis de gobernabilidad que se deriva de una supuesta crisis de institucionalidad. Evitar el normal funcionamiento del país, en otras palabras.
Asimismo, no se puede perder de vista las acostumbradas jornadas de mayo en las que el componente obrero del movimiento popular suele reclamar incrementos salariales usualmente negociados de forma exitosa, pero cuando no es así pueden dar paso a verdaderas jornadas de conflictividad civil e incluso poner en peligro alianzas insustituibles como la que hoy existe entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB), en la que habitan sectores conocidos por su impronta maximalista que a veces los lleva a la confrontación directa, como sucede con los sectores de Educación y Salud aglutinados en los magisterios y en los Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública (Sirmes) respectivamente.
En un país acostumbrado a la realización de marchas, paros y huelgas, toda interacción y relacionamiento con los sectores sociales que están en la base de la gobernabilidad popular debe tomarse con la mayor de las cautelas.
Problemas potenciales
Fuera de estos asuntos que ya se encuentran en agenda, hay situaciones que escapan a la planificación gubernamental, como eventuales situaciones de riesgo y emergencia por razones climáticas, que afectan especialmente a municipios alejados de las capitales de departamento. En ese sentido, el retraso de lluvias que se viene arrastrando desde finales del año pasado podría provocar hambrunas, incendios y sequías que deben ser gestionados por los servicios de Defensa Civil que siguen órdenes del Gobierno. En su versión más extrema, este tipo de fenómenos provocaron la suspensión del servicio de agua potable a finales de 2016, dando palestra a la oposición partidaria de derecha para fustigar la gestión de Morales.
Como segundo peligro potencial se tiene la amenaza latente de una rearticulación de toda la derecha bajo el patrocinio de las élites regionales afincadas en el Oriente, que se encuentran temporalmente descabezadas y redefiniendo su liderazgo y organización, pero que ya asumen que la lucha contra el gobierno de Luis Arce será larga y sin cuartel. En ese sentido, el abandono explícito de los sectores empresariales a su gobernador cautivo no debe celebrarse acríticamente, debido a que cuando expresaron públicamente que no acompañarían ningún paro en defensa del acusado del golpe de Estado añadieron que se evitaría tal medida para acumular fuerzas y energías en contra del gobierno central. En otras palabras, una declaración de guerra pronunciada por nada menos que los principales ejecutivos de las élites empresariales cruceñas: Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (Fepsc)
Por si fuera poco, a estos dos peligros se suma uno de consecuencias imprevisibles si es que llega a darse: un referendo de revocatoria de mandato, que no solo podría ser impulsado por los partidos de derecha o las élites regionales de Santa Cruz, sino por los propios detractores del Gobierno al interior del oficialismo. Un escenario que deja de ser descabellado cuando se toman en cuenta los ataques y embestidas del expresidente Morales en contra del gabinete de Luis Arce en los momentos más álgidos del paro de los 36 días, que tenían, justamente, la intensión de provocar una crisis de gobernabilidad que justificara adelantar elecciones generales con el argumento de la estabilidad y la continuación de la democracia. Un libreto que se trataría de utilizar por segunda vez, desde la renuncia del expresidente Hernán Siles Suazo en 1985. En aquella ocasión, el gobierno de la Unidad Democrática y Popular (UDP) fue acosado tanto por partidos de derecha, las clases empresariales e incluso por los sectores populares, hasta provocar su renuncia. No le siguió un gobierno de izquierda más radical, sino que se inauguró con ello un largo periodo de gobiernos neoliberales no menos autoritarios y destructivos para la clase obrera. Lo preocupante es que un escenario tan dantesco como ese podría ser propiciado ya no por la derecha radical, sino por una parte del propio instrumento de las organizaciones sociales.
El verdadero enemigo
En síntesis, sin descuidar la amenaza que representan siempre los sectores empresariales y dominantes de la sociedad boliviana, con sus asociaciones gremiales de una mal llamada clase media que es, en realidad, una casta colonial, como el Colegio Médico, los comités cívicos de otros departamentos como el de Potosí, plataformas aglutinadoras del más descarado fascismo como el mal llamado Comité Nacional en Defensa de la Democracia (Conade), o sectores populares circunstancialmente distanciados del Gobierno como la Asociación de Productores de Hoja de Coca del Departamento de La Paz (Adepcoca), policía, etcétera, sin olvidarlos a ellos, el Ejecutivo y el movimiento popular que lo sostiene no debe perder de vista que la verdadera amenaza para la continuidad de la Revolución Democrático Cultural no reside en las disputas por la determinación de la candidatura, el liderazgo histórico del movimiento, cuotas de poder o la administración de los recursos del partido oficialista, sino en la carencia de una agenda programática capaz de cohesionar y unificar a las clases populares en contra de las clases dominantes y el imperialismo.
Dicha agenda ya tiene sus cimientos en la CPE y el proyecto del Estado Plurinacional, pero debe abrirse a un nuevo debate en el cual participen todas las organizaciones de la izquierda y el campo popular, antes de la batalla definitiva en contra de la dominación imperialista que, a juzgar por la configuración geopolítica de la Región, no puede estar muy lejos de darse.
- Cientista político.
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