Por Javier Larraín *-.
A continuación publicamos la segunda parte de la entrevista realizada al periodista, escritor y comunicador social Ricardo Gadea, exdirigente nacional y fundador del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) peruano, con quien charlamos acerca de la crisis política y social por la que atraviesa su país desde diciembre pasado.
Javier Larraín (JL).- En la Región hemos sido testigos de las numerosas muertes de civiles peruanos en las últimas semanas, así como del allanamiento de la Universidad de San Marcos por parte de efectivos policiales, ¿cómo caracterizaría esta escalada represiva? ¿Qué agentes civiles y sectores políticos específicos estarían vinculados a ella? ¿Cuál es el papel de militares y policías en esta coyuntura?
Ricardo Gadea (RG).- Varios especialistas, como el general Wilson Barrantes, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, han demostrado que los jefes políticos y militares de la represión confunden la legítima protesta popular, garantizada por la Constitución y los acuerdos internacionales en este campo, con el terrorismo. Solo así se explica que la Policía y el Ejército repriman las manifestaciones pacíficas de los ciudadanos con balas y apuntando a matar. El análisis forense de las causas de las muertes demuestra que en la mayoría de los casos son disparos a la cabeza y al tórax.
Esto tiene que ver con el desprecio que siente la derecha oligárquica por los “indios” del Perú rural, cuyas vidas valen muy poco para ellos. En la guerra interna de los 80, el Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) cifró en cerca de 70 mil las víctimas del conflicto, de las cuales cuatro quintas partes hablaban quechua u otro idioma original y vivían en zonas rurales. Decenas de masacres y de “fosas comunes” permanecen aún sin investigar y hasta la fecha ninguno de sus autores ha sido condenado por tales crímenes.
El 21 de enero la dictadura intervino la Universidad Mayor de San Marcos, la más antigua de América, para demostrar la presencia de “terroristas” entre los manifestantes. Más de medio millar de policías, armados con tanquetas, rompieron las puertas del campus universitario y apresaron a 194 personas, quienes fueron mostradas ante la prensa maltratadas, tendidas en el suelo y esposadas boca arriba. Al día siguiente, el propio Fiscal Penal de Lima puso en libertad a 193 de los detenidos y uno solo pasó a disposición del juez por una denuncia no vinculada al caso. No se encontró arma alguna ni vinculación de las personas detenidas con actividades ilegales.
Creo que la dictadura subestimó la protesta popular por el golpe contra Castillo. Confundió la protesta popular con un fantasmal “terrorismo” e hizo uso de sus manuales de guerra contrasubversiva, echando más leña al fuego en lugar de buscar el diálogo político. Ahora ya es demasiado tarde para el grupo encaramado en el poder. Hoy la mayoría del país exige la renuncia de Dina Boluarte y elecciones inmediatas como condición previa para el diálogo y para encontrar una salida política a la crisis [1].
JL.- ¿Cuál ha sido el papel de los organismos regionales e internacionales respecto a lo que ocurre? Por ejemplo, ¿cómo ha actuado la Organización de Estados Americanos (OEA)?
RG.- El golpe en el Perú ha concitado la atención internacional, sobre todo por la represión desproporcionada e injustificable contra la población civil que hace uso de su legítimo derecho a la protesta.
Debemos reconocer a los gobiernos latinoamericanos que se han esforzado por hacer llegar su voz de solidaridad y apoyo a la población peruana, en especial a los de México, Colombia, Bolivia, Chile y Honduras. Asimismo, es imprescindible reconocer la solidaridad con el pueblo peruano de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), reunida hace unos días en Buenos Aires.
Ha sido también importante el papel de los organismos de defensa de los Derechos Humanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha enviado una misión a Perú y se ha pronunciado abiertamente en defensa de las víctimas.
La OEA, más cercana a los Estados Unidos, igual se ha manifestado a favor de una salida política de la crisis peruana, evitando toda crítica al golpe que la originó.
JL.- ¿Se puede calificar al gobierno de Boluarte como “dictadura” y por qué?
RG.- Es una dictadura, porque emerge de un golpe ilegal que viola el ordenamiento legal y constitucional del país. De esto no hay duda. Pedro Castillo fue vacado de manera irregular, violando la Constitución y las normas vigentes.
Al nuevo Gobierno, que encabeza Boluarte, no le da legalidad el hecho de que fuera elegida Vicepresidenta en las elecciones de 2021. Ahora carece de partido político, no tiene bancada parlamentaria ni cuenta con apoyo popular alguno, para todos los efectos depende aliados como José Williams, quien pretende convertirse en el presidente interino del país.
La inmensa mayoría del pueblo peruano conoce que Dina Boluarte no es más que una traidora que se ha prestado al juego de la extrema derecha para deshacerse de Pedro Castillo.
JL.- ¿Cómo calificaría y caracterizaría la resistencia popular? ¿Es a escala nacional o está focalizada regionalmente?
RG.- Estamos frente a un gran movimiento popular que se ha puesto de pie en todo el Perú frente al golpe. Inicialmente fueron manifestaciones y concentraciones en pueblos y ciudades de las regiones del interior, muchas provenientes de provincias alejadas, que protestaban en defensa del voto popular. Sienten que Pedro Castillo es uno de ellos, que fue elegido por la mayoría del pueblo y que su voto tiene que ser respetado.
Ante la violenta represión de sus protestas, especialmente en Ayacucho y en Puno, con mayor cantidad de víctimas, el movimiento popular se radicalizó, pasando a organizar las marchas hacia Lima, que culminaron el 19 de enero con la primera toma de Lima. En los días siguientes el movimiento se ha ampliado, hay mayor relación con los trabajadores organizados, el movimiento estudiantil y los movimientos políticos urbanos. Ahora, en Lima, se producen diariamente enormes manifestaciones, que llevan la protesta incluso a los barrios “pitucos” como Miraflores, San Isidro y Surco, y que disputan el centro de la ciudad con los cuerpos represivos. Ya han caído en la capital manifestantes asesinados por la Policía.
JL.- ¿Cuál es el petitorio mínimo común? ¿Cuáles son las y los sujetos que destacan en esta resistencia?
RG.- La plataforma común de este gran movimiento es la exigencia de la renuncia inmediata de Dina Boluarte, la convocatoria de elecciones generales en 2023, el cierre del Congreso y la demanda de una Asamblea Constituyente. En buena cuenta, que se vayan todos y que se avance hacia un nuevo pacto social entre los peruanos, para sentar las bases de un nuevo Perú.
Una de las características de este inédito movimiento popular que se enfrenta a la dictadura y a la extrema derecha golpista es que no está controlado ni dirigido por la izquierda. Las razones hay que encontrarlas en los numerosos errores cometidos por los partidos de izquierda en relación con el gobierno de Pedro Castillo y en el trabajo básicamente urbano que esta realiza.
En este proceso destaca una nueva generación de líderes jóvenes, dirigentes locales, comuneros, ronderos, cooperativistas, sindicalistas, licenciados de las Fuerzas Armadas, hombres y mujeres que asumen la conducción y organización de las complejas movilizaciones que se realizan día a día. También destacan muchos dirigentes políticos de base, alcaldes distritales y provinciales, dirigentes poblacionales e integrantes de gobiernos regionales que respaldan a sus pueblos.
Por supuesto que quedan aún varios puntos por precisar, que tienen que debatirse. Este 2023 se cumple el período de 30 años de las concesiones de territorio nacional mediante los llamados Contratos-Ley, con los que la dictadura fujimorista legalizó la entrega de nuestros recursos naturales a las corporaciones extractivistas. Según unos cuantos analistas la firma de las renovaciones de los Contratos-Ley habría sido una de las principales razones para el golpe contra Castillo.
La forma de impedir la renovación de las concesiones sería dejar sin efecto la Constitución fujimorista de 1993, impuesta por esa dictadura, y remplazarla por la Constitución de 1979, la única legal para todos los efectos. En ese caso el principal obstáculo es el actual Congreso, dominado por una mayoría profujimorista. Caída la dictadura y cerrado el Congreso sería posible este cambio constitucional, hasta la aprobación de la nueva Constitución aun por hacer.
De la misma manera, es necesario determinar la situación en que quedaría Pedro Castillo una vez anulada la vacancia. Ha sido víctima de una siniestra campaña de lawfare, buscando criminalizarlo y apartarlo de su cargo. Él y su familia han sido acusados de corrupción sin pruebas y sin fallo judicial alguno. Tiene el derecho a recuperar el cargo para el que fue elegido por mayoría democrática del pueblo peruano y, una vez culminado este, la obligación de responder ante la justicia por las denuncias que le han hecho
JL.- ¿Hacia dónde pudiera caminar el conflicto actual? ¿Y hacia dónde desea que aquel camine?
RG.- Todo indica que la dictadura está derrotada políticamente. No cuenta con respaldo popular, ni siquiera toda la derecha la respalda abiertamente, aunque sigue contando con el apoyo de las Fuerzas Armadas y de los Estados Unidos, quienes utilizan al gobierno peruano contra la mayoría progresista de sus pares en la Región.
Dina Boluarte y su premier represor, Alberto Otárola, tienen juicios abiertos en el país y a nivel internacional por los crímenes cometidos; solo se mantienen en el poder por la fuerza. Tan es así que ahora se discute en el Congreso, forzado por las manifestaciones de protesta, el adelanto de las elecciones. No se ponen de acuerdo, porque los grupos de extrema derecha (Fuerza Popular, Renovación Popular y Podemos Perú) en realidad lo que quieren es quedarse hasta 2026.
Es necesario advertir que el más grave peligro para nuestro pueblo es que la dictadura decida imponerse a sangre y fuego, militarizando el país y endureciendo la represión de las protestas, como en los regímenes militares de extrema derecha en el Cono Sur en los años 70. Esta opción profundizaría la violencia interna, con el riesgo de una guerra civil e incluso de un movimiento separatista en el sur andino.
El movimiento popular tiene que mantener sus movilizaciones exigiendo la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso, las elecciones generales en 2023 y la convocatoria de una Asamblea Constituyente para redefinir un nuevo contrato social entre todos los peruanos.
El Perú no puede funcionar más sin la participación protagónica del inmenso movimiento popular que se enfrenta a la dictadura. Esta es la única alternativa válida para abrir el diálogo político y darle una salida constructiva a la actual crisis.
JL.- Finalmente, ¿pudiera ofrecernos un balance del gobierno de Castillo?
RG.- La victoria electoral en 2021 del maestro rural Pedro Castillo fue una extraordinaria esperanza para las mayorías pobres y explotadas del Perú. Tras ganar la primera vuelta, en la segunda triunfó con el respaldo del conjunto de la izquierda. Emergió como el primer gobierno popular y de izquierda en los 200 años de la República.
Lamentablemente la izquierda peruana no es fuerte, está traspasada de apetitos divisionistas y fue incapaz de lograr una unidad de acción en el seno del Gobierno. Así, durante la gestión de Castillo, Perú Libre se dedicó a combatir a los “caviares”, a los que consideraba más peligrosos que Fuerza Popular, con quien se podía llegar a acuerdos ocasionales.
Por otra parte, el propio Castillo, jaqueado por las amenazas de vacancia y las campañas de lawfare, recurrió a una táctica de sobrevivencia desesperada: la de asegurarse los votos en el Congreso a cambio de prebendas en el manejo del aparato estatal. Con esto se fue alejando del programa inicialmente aprobado por el conjunto de la izquierda; devino en un Gobierno en muchos aspectos parecido al de los políticos tradicionales.
Así, el gobierno de Castillo se fue convirtiendo en una gran oportunidad perdida. En una esperanza histórica frustrada.
Pero creo que no fracasó del todo, al menos no en lo fundamental. Pedro Castillo tuvo la virtud de que el pueblo pobre y explotado lo sintiera como uno de ellos, un “indio”, un “cholo”, un “nadie” que por méritos propios llegó a la Casa de Pizarro para prometer un nuevo Perú. Y supo decirle al pueblo las verdades sobre el país, la economía, los derechos de los peruanos y las peruanas, sobre todo cuando la derecha lo cercaba y amenazaba.
Esto es lo que ha hecho posible la eclosión del movimiento popular que hoy lucha por la refundación del Perú. Los hombres y mujeres del Perú profundo se han puesto de pie, han comprendido que la lucha política es parte de la vida y que la revolución es necesaria. Los “nadies” se han hecho presentes como protagonistas de primera línea en el destino del Perú. Han venido para quedarse.
Debemos reconocer en el balance del gobierno de Pedro Castillo este aporte fundamental en la toma de conciencia ciudadana de los sectores más pobres y olvidados. La historia de la sociedad peruana no será la misma en el futuro.
- Profesor de Historia y Geografía.
* Cortesía de la revista Correo del Alba – https://correodelalba.org
1 La última Encuesta Nacional Urbano-Rural del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), la más importante y confiable de este tipo en el país, publicada el 29/01/2023 en el diario La República, ofrece datos muy precisos a este respecto: 74% está por la renuncia inmediata de Boluarte y el 24% porque continúe; 76% desaprueba su gestión y el 17% la aprueba; 89% desaprueba la gestión del Congreso y el 7% la aprueba; 74% por el cierre inmediato del Congreso y el 25% en contra; 73% está por elecciones generales en 2023 y el 20% por elecciones en 2024.
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