mayo 19, 2024

Inviable activar revocatorio de mandato de Arce


Por La Época-.


El Comité Cívico Pro Santa Cruz no aprende la lección. Uno de los factores que cualquier actor político debe tener en cuenta para lanzar una medida de presión que tenga efecto estatal es la relación de fuerzas. Cuando esta no es favorable, amenazar o advertir con una medida maximalista puede tener por resultado inevitable una derrota. Esta es una consideración elemental para hacer política.

Este sábado 25 de febrero se cumplen los 30 días de plazo que los cívicos de Santa Cruz, Tarija, Potosí y Oruro otorgaron al gobierno del presidente Luis Arce para dictar amnistía a los considerados “presos políticos” si es que no quería, como reacción, el inicio de los trámites exigidos por ley para activar la figura constitucional del referéndum revocatorio de mandato. La advertencia fue recordada el miércoles pasado por el dirigente Rómulo Calvo, quien deberá dejar pronto la conducción del organismo cívico cruceño a favor de Fernando Larach, “elegido” en unas elecciones en las que se inhabilitaron, con argumentos inconstitucionales, a sus principales oponentes.

En 2022 era previsible que la oposición de derecha se inclinara por activar la figura del revocatorio para desplazar al Gobierno. Pero esa posibilidad se ha debilitado notoriamente tras la derrota del paro indefinido de los 36 días y por el apresamiento el 28 de diciembre pasado del gobernador Luis Fernando Camacho, quien cumple detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro por su participación en el golpe de Estado de noviembre de 2019.

Las condiciones objetivas para acortar el mandato de Arce no son favorables y su activación no cuenta con el respaldo unánime de la oposición, fragmentada y débil, debido a la extremada dificultad de superar los tres millones 394 mil 052 votos (55,1%) que el actual Presidente recibió en las elecciones generales del 18 de octubre de 2020.

Entonces, la demanda de que el primer mandatario dicte una “amnistía” no tiene viabilidad: primero, porque los casos están en manos de la justicia ordinaria; segundo, que las acusaciones, y en algunos casos las sentencias ejecutoriadas, se deben a la comisión de delitos comunes establecidos en la legislación penal; tercero, que el pedido de justicia es una de las razones que explican el voto por el binomio del Movimiento Al Socialismo (MAS); y cuarto, que la oposición ha acumulado solo derrotas desde noviembre de 2020 en su intención de desestabilizar al Gobierno.

Que la oposición de derecha tenga que resignarse a no expulsar a Luis Arce de la Presidencia por la vía del referéndum revocatorio no significa, empero, que haya renunciado al objetivo estratégico de acortar su mandato. Para eso le quedan como alternativas el golpe de Estado (de viejo o nuevo tipo) o una crisis política y social derivada de un proyecto separatista impulsado desde Santa Cruz o de que el deterioro de la situación económica haga insostenible la continuidad del Ejecutivo. Todavía hay mucho tiempo por delante para llegar a 2025.

Sea el primero en opinar

Deja un comentario