Por José Galindo *-.
Como diría aquel viejo refrán: “Criticar es más fácil que obrar”. Una falta que resultaría perdonable si esta no se realizara directamente en contra de los intereses del pueblo, como efectivamente sucedió a finales de esta semana cuando la oposición mediática se concentró en denostar la política exterior del gobierno de Luis Arce y del Movimiento Al Socialismo (MAS) en su conjunto, a pesar de haber sido quizá la más proactiva en relación al problema de nuestro enclaustramiento marítimo en más de medio siglo. Si seguimos la lógica de los opinadores de Página Siete, Bolivia debería pedir perdón a sus vecinos por el mero hecho de existir.
Desde la óptica de los expertos de aquel medio, mantener una posición firme sobre la demanda marítima con soberanía es un error, a pesar de tratarse de una línea que se viene promoviendo más o menos desde inicios del siglo pasado; quizá lo único en lo que se han puesto de acuerdo todos los bolivianos, independientemente de sus inclinaciones políticas o partidarias. El hecho mismo que Carlos Mesa no haya emitido criterio alguno al respecto es ya muy elocuente, dado que una persona como él no se atrevería a argumentar en contra de los intereses de su propio país (lo que no impide que actúe en esa dirección).
La editorial de Página Siete del 23 de marzo, titulada “El tema marítimo en foja cero”, así como el resto de sus notas periodísticas al respecto durante aquella y la siguiente jornada, expresan muy bien el afán antioficialista de sus directores, quienes olvidan que un tema tan central para la bolivianidad como lo es el mar va más allá del mero patrioterismo. Es, sin exagerar, una de las pocas cosas que evitan que veamos al otro como un extranjero. Por ello, la cohesión nacional en torno a este tema no puede ser menos que absoluta, debido a que Bolivia como Estado no puede renunciar a su aspiración de regresar a las costas del Océano Pacífico con soberanía por razones ya existenciales.
El discurso presidencial en perspectiva
El discurso del presidente, Luis Arce, puede resumirse como la presentación de una nueva hoja de ruta en la política boliviana tanto respecto al mar como en relación a Chile, sin necesariamente establecer un quiebre con lo que se ha venido haciendo no solo durante las últimas décadas, sino desde que el país fuera obligado a firmar una tregua después de la Guerra del Pacífico, en 1884, y que consiste en dejar expresamente claro que Bolivia jamás renunciará a su aspiración de contar con un puerto soberano en el Océano Pacífico, eje central de la política exterior respecto a Chile desde entonces.
De hecho, la reivindicación marítima ha sido constitucionalizada en el Artículo 268, cuyos dos parágrafos señalan: “I. El Estado boliviano declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al Océano Pacífico y su espacio marítimo. II. La solución efectiva al diferendo marítimo a través de medios pacíficos y el ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho territorio constituyen objetivos permanentes e irrenunciables del Estado boliviano”.
Objetivos permanentes con los que no parecen coincidir los directores de Página Siete, por muy vitales que resulten para el pueblo boliviano.
Lo nuevo de la propuesta del Gobierno consistiría en dejar de lado las controversias judiciales internacionales como mecanismo legítimo de reclamo, para encarar un reacercamiento con el Estado chileno a partir de una agenda de trabajo constructiva y proactiva, sin dejar de lado la reivindicación marítima constitucionalizada. Al contrario de la desinformación vertida por el periódico opositor, no se condiciona el diálogo con el país vecino, sino más bien se lo propone a pesar de las diferencias respecto a la reivindicación marítima.
La nueva hoja de ruta se advertía desde el primer año de gestión del presidente Arce, quien en 2021, en su discurso preparado para la misma ocasión, presentó una lista de nueve objetivos orientados a devolverle a Bolivia su cualidad marítima, tanto en las costas del Pacífico como en las del Atlántico, a través, por ejemplo, de la consolidación de la hidrovía Paraguay-Paraná como corredor comercial, así como la mejora de las condiciones de libre tránsito en puertos chilenos y peruanos, como pasos realistas para optimizar el comercio exterior del país, además de retomar acercamientos bilaterales con Chile y el fortalecimiento de la diplomacia de los pueblos con su sociedad. Es decir, una agenda por lo demás práctica, con los pies en la tierra y sin abdicar al justo reclamo boliviano.
El discurso presidencial de 2022 contenía un tono similar, presentando ya algunos resultados y avances en la aplicación de dicha hoja de ruta con nueve objetivos, además de una reiterada línea discursiva en favor del acercamiento diplomático con Chile tomando en cuenta el nuevo momento político de aquel país, entonces ya bajo una presidencia al menos nominalmente izquierdista, sin menospreciar, sin embargo, los avances logrados por el gobierno de Evo Morales al respecto, consistentes sobre todo en el reconocimiento oficial de la causa boliviana en tribunales internacionales, así el fallo no haya sido el esperado; se acepta, desde entonces, que Bolivia nació con litoral y que este le fue arrebatado por la fuerza, lo que de por sí ya constituye un nuevo punto de partida para el país ante el resto del mundo.
El discurso de este año, finalmente, puede ser considerado como una actualización de dicha agenda, incorporando nuevos retos que hoy enfrentan ambos Estados y que pueden constituir ejes de acercamiento bilateral sobre bases concretas, como la gestión del litio que interesa a las dos partes, así como de los recursos hídricos que comparten sus poblaciones.
Todo ello, nuevamente, sin renunciar al reclamo de una salida soberana hacia el Pacífico que ningún gobierno en nuestra historia se ha atrevido a desconocer, aunque sí a perseguir con timidez, o simplemente a descuidar, siempre a expensas de los intereses del pueblo boliviano.
Los “técnicos” de la diplomacia
A pesar de todo ello, la línea editorial de Página Siete y sus entrevistados no escatimaron palabras para acusar el actual enfoque de las relaciones internacionales del gobierno boliviano como “ideológico” e incluso fracasado, como si alguna vez se hubiera esperado que el diferendo marítimo nos condujera de una vez por todas hacia el mar, cuando hasta las expectativas más optimistas no iban más allá de establecer un punto de partida para las negociaciones entre La Paz y Santiago.
Veamos algunas de estas posiciones a través de dos titulares: “Gustavo Aliaga: ‘Lo ideológico terminó matando la política exterior boliviana sobre el mar y el Silala’” y “Mar: tras cuatro fracasos, plantean cambiar la Diplomacia de los Pueblos y apuntar a una política exterior realista con Chile”. El primero, partiendo de la desgastada posición de que la política exterior boliviana no está siendo conducida con la experticia y profesionalismo que sí habrían existido durante los gobiernos neoliberales, en los cuales se habría ensayado intentos de acercamiento (la efectividad de esas gestiones queda por valorarse); y el segundo ya declarando como un fracaso todo lo que haya hecho el MAS como partido de gobierno en relación al tema, como si no hubieran sido necesarios ni los juicios o incluso el establecimiento de agendas de acercamiento así como su propuesta. Para Página Siete no se debería siquiera intentarlo, seguramente.
Secundan la condena del diputado Aliaga las opiniones de dos “expertos” sobre el tema, uno de los cuales, al parecer, también se habría postulado para Defensor del Pueblo el año pasado, demostrando con ello una versatilidad técnica envidiable, por no decir dispersa, pasando de los Derechos Humanos a la Diplomacia sin ningún problema. Así, Francisco Xavier Solares acusa a la política del Gobierno de ser “antiprofesional, antipragmática y (que va) en contra de los intereses del Estado” por no reconocer al gobierno de Dina Boluarte y no ampliar las relaciones comerciales con Chile.
Con ello, imaginamos, se insinúa que como ambos países son necesarios para nuestro comercio internacional debemos subordinarnos a sus derivas políticas e ideológicas, llegando incluso a reconocer a un gobierno con más de medio centenar de muertos. No olvidemos que Solares es un experto en Derechos Humanos y debía ser Defensor del Pueblo, por favor.
En otra intervención suya para el mismo periódico remata: “Lamentablemente, ya no se puede hablar de soberanía, porque ya no existe ese concepto para el tema del acceso al Pacífico”. Posiblemente, pero se trata de un mandato constitucional, cuestión que debería recordársele al abogado.
Se ignora que respecto a Chile, de hecho, la política del Gobierno consiste en acercarse a su homólogo así como a superar los obstáculos administrativos que actualmente enfrenta el comercio boliviano. Al parecer, tales esfuerzos no son lo suficientemente “técnicos” para nuestros opinadores.
Algo similar a Aliaga sostuvo el experto en relaciones internacionales Windsor Limarino, para quien se debe partir del principio de que los países no tienen amigos, sino intereses (como diría Lord Palmerston, Primer Ministro de su Majestad durante la etapa imperial del Gran Bretaña), añadiendo luego que lo que se debe hacer es construir una “política exterior bilateral realista. Elaborada con amplia participación de expertos, diplomáticos, académicos, historiadores y otros, que incluya además las distintas posturas ideológicas de manera de tener bases de una política de Estado de mediano y largo plazo”. Es decir, dejar atrás las ideologías pero al mismo tiempo incluir todas sus posturas, siempre y cuando sean de expertos diplomáticos como él, claro está.
El alcalde Arias le pone la cereza a la torta cuando lamenta las gestiones ante La Haya sobre el mar y el Silala, para rematar con el consuelo de que “hay un montón de países enclaustrados y que han encontrado salidas comerciales en negociaciones”. Suponemos que nunca leyó los informes, nada ideológicos por cierto, que demuestran que no tener costa influye objetivamente sobre el comercio exterior de los Estados, razón por la cual hay toda una sección referida al tema en una convención de las Naciones Unidas titulada: “Sobre el derecho al mar”.
Una política centenaria
No contar con puertos propios incide negativamente sobre el comercio exterior y los propios indicadores de desarrollo de un Estado, como confirma la evidencia empírica a través de estudios realizados por organismos internacionales como la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi). Fuera de ello, incluso la posibilidad de contar con vecinos honestamente bienintencionados resulta insuficiente para garantizar un adecuado flujo comercial desde y hacia el territorio boliviano. En ese sentido, insistir o no en la reivindicación marítima con soberanía no es una opción para Bolivia.
Son consideraciones como esas las que han llevado a que Bolivia como Estado jamás haya dejado de proponerse retornar al Océano Pacífico a través de puertos soberanos, pues la soberanía es la única cualidad que podría subsanar las limitaciones reales y no ideológicas que enfrenta el comercio exterior boliviano.
Una línea permanente que se viene siguiendo desde que Belisario Salinas y Belisario Boeto advirtieran sobre la resolución de tener un mar soberano allá por 1884, para ser refrendada por Sánchez Bustamante en 1919 y luego por cada gobierno desde entonces hasta el presente, yendo desde el Abrazo de Charaña hasta el “Enfoque fresco” de los neoliberales. La falta del gobierno de Morales consistiría en apelar a cortes internacionales frente al desinterés de diferentes gobiernos chilenos al respecto. Es decir, el problema del gobierno de Morales habría sido seguir una demanda por canales diplomáticos, según los expertos de Página Siete.
Y hoy el problema sería… ¿acercarse a Chile? ¿No acercarse a Chile? ¿Tener ideología? ¿No incorporar todas las ideologías? O tal vez, simplemente, no incorporar a los diplomáticos de carrera que pretendían vender gas por Chile, entregar misiles propios a tropas de los Estados Unidos y no someter a Bolivia a cuanta imposición venga de sus vecinos y de potencias extranjeras en nombre de un pragmatismo muy mal entendido, un pragmatismo que vela por intereses extranjeros y no propios.
La reacción de los medios de prensa opositores al discurso del presidente Arce en ocasión del 144 Aniversario de la Batalla de Calama delata nuevamente un patrón de conducta en relación al actual gobierno tan automático como irreflexivo. Todo sujeto, individual o colectivo, tiene derecho a expresar su opinión, cualquiera que esta sea, pero solo en la medida que haga transparentes sus intereses y filiaciones. De la misma forma en cómo viene ocurriendo desde hace más de una década, los detractores de la izquierda en Bolivia terminan abrazando cualquier posición que contradiga a los gobiernos progresistas, aun cuando esto implique trabajar en contra de los intereses de sus propios pueblos.
Insistir en el reclamo boliviano por retornar al Océano Pacífico a través de puertos soberanos es un mandato constitucional del que no puede, ni debe, escapar el primer mandatario de nuestro país. No apoyarlo por cuestiones partidarias es legítimo, pero argumentar en contra de los intereses del pueblo boliviano, que demanda mar con soberanía desde el siglo XIX, aunque no es criminal, resulta sin duda lamentable.
- Cientista político.
Deja un comentario