Por La Época -.
La dirigencia sindical de ciertos sectores está absolutamente despistada, por decir lo menos. Declaraciones o acciones durante la semana conducen a pensar a que está con un chip neoliberal en defensa de la privatización o apuesta, con una aparente retórica revolucionaria, a llevar adelante un plan de desestabilización contra el Gobierno, en coincidencia con la ultraderecha política y algunos desorientados militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS). Todavía no es posible descartar ambas hipótesis. Pero, sea cualquiera de las dos, es evidente que se trata no solo de un razonamiento neoliberal –que ideológicamente no se revirtió en el país–, sino desde un punto de vista absolutamente conservador.
La dirigencia de los maestros urbanos, conducida nacionalmente por la derecha cruceña –que después de muchos años desplazó a los comunistas– y apoyada en la capacidad de movilización de algunos departamentos en los que el trotskismo tiene gran incidencia, de un pliego de cerca de 100 puntos se ha concentrado en no menos de cinco cuya demanda ha merecido una respuesta favorable del Ministerio de Educación, sin que esto se traduzca en el cese de la protesta. En primer lugar, ha quedado claro que no hay una nueva malla curricular, sino un ajuste a algunos contenido de la vigente; segundo, que el sector educación tiene el presupuesto más alto de su historia, pero que no llega al irrealizable 33% del presupuesto global del Gobierno que sostiene el Código de la Educación aprobado en la década de los 50 y nunca cumplido; y tercero, existe la coincidencia de que el escenario para debatir estos y otros aspectos es el Congreso de la Educación, que ya ha sido planteado por el Ejecutivo.
Por su parte, maestros urbanos, docentes de algunas universidades, trabajadores de la salud, jubilados y algunos dirigentes de la otrora poderosa Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb) están activando un plan de movilizaciones en rechazo a que los aportes a la seguridad social sean manejados por la Gestora Pública, lo cual implica una defensa de las AFP, impuestas en el marco del modelo neoliberal. Es decir, los dirigentes sindicales defienden la privatización de la seguridad social que se hizo en 1993 por el representante emblemático del neoliberalismo, Gonzalo Sánchez de Lozada. Increíble, pero cierto.
¿Se puede estar en contra de que el ajedrez sea enseñado en las escuelas como ciencia y no solo como diversión; en que se profundice el conocimiento de la tecnología en un mundo que cada día se mueve más en esa dirección con sus cosas buenas y malas; en que la educación sexual sea manejada con más rigurosidad de lo que ya se hace en las escuelas hace décadas; y en otros ajustes menores a los contenidos de la malla vigente? El sentido común dice que no.
¿Se puede estar en contra de que la Gestora Pública deje de cobrar el 1,31% de comisión a los jubilados y que en la actualidad solo el 28% de la cartera de inversiones esté en instrumentos del Tesoro a diferencia del periodo 1991 y 2001, en los que el 72% tenía ese carácter, y que sea el Estado y no una administradora privada la que garantice los recursos aportados por los trabajadores? Los dirigentes parecen haber olvidado ese detalle o no dicen la verdad a sus bases sociales.
La única respuesta lógica a esa posiciones de dirigentes que no les dicen la verdad a sus bases es que están conectados con el objetivo político de desestabilizar al Gobierno y si es posible acortar el mandato de Luis Arce. No hay otra explicación para el buen sentido.
Contra essas tentativas de paralisar as ações governamentais que visam aprofundar e avançar na execução de seu projeto democrático popular, devemos responder com a férrea unidade de todo o povo trabalhador, das cidades e do campo, em torno de seus representantes governamentais, cuja maior expressão é o Presidente da República.