Por José Galindo *-.
El hecho más relevante de la semana que concluye fue la postergación del tratamiento de la Ley del Oro hasta el sábado 22 de abril por la tarde, en la Cámara de Diputados. No por el hecho en sí mismo, sino por lo que algunos piensan que sugiere: El aparente agotamiento de un modelo hasta hace poco elogiado dentro y fuera del país, al menos de acuerdo a lo que concluye una nota periodística del no muy imparcial medio británico The Economist, publicada hace unos días, con la que naturalmente coinciden miembros de la oposición y, lo más preocupante, un ala del propio oficialismo, acercándose peligrosamente a quienes siempre creyeron que nacionalizar los hidrocarburos en 2006 fue un rotundo error.
Un largo periodo de vacas gordas
La notable carencia de divisas que atraviesa el país desde principios de este mes ha dado lugar no solo a la especulación de la moneda estadounidense, aunque sin haber llegado a los niveles alarmantes que sugiere la oposición, sino de opiniones que en ciertos casos auguran el inminente colapso de la economía boliviana, cuya sociedad se ha acostumbrado en las últimas décadas a un ritmo de crecimiento superior al 5%, mientras actividades como el comercio, la construcción y el transporte se amplían en igual proporción que la franja de las clases medias. Un boom en las importaciones de bienes y el consumo que los economistas de la derecha atribuyen a la suerte, mientras que sus pares de la izquierda conciben como un efecto obvio, aunque no necesariamente deseable, de la apropiación de una mayor cantidad de excedentes por parte del Estado, provenientes de la exportación de recursos naturales no renovables.
Un éxito relativizado por rivales y celebrado, quizá acríticamente, por los simpatizantes y militantes del partido azul, que hasta hace poco no se atrevían a cuestionar las bondades del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (Mescp), consistente en la defensa de la propiedad soberana del Estado de los recursos naturales, cuyas ganancias son utilizadas en programas de redistribución de la riqueza e inversión pública para estimular el crecimiento del PIB. Una política que resultó por demás acertada desde principios de este siglo, cuando la demanda de la emergente economía china abrió un periodo de bonanza sin precedentes, que se reflejó en indicadores macroeconómicos extremadamente positivos como un PIB nominal que pasó de los 10 mil millones de dólares en 2005 a los 38 mil millones en 2014, junto con la salida de pobreza moderada y extrema de casi 2,5 millones de personas, quienes pasaron a formar parte de clases medias vulnerables, pero no por ello menos orgullosas y consumistas.
Dicho periodo, conocido entonces como el superciclo de los commodities, comenzó a ralentizarse a partir de 2014, con la súbita caída del precio del petróleo ocasionada por la irrupción del método del fracking desarrollado por los Estados Unidos para alcanzar soberanía energética, sin por ello decretar necesariamente una tendencia regresiva en los países productores de petróleo. Y desde ese año Bolivia empezó a experimentar una tendencia a la baja en las Reservas Internacionales Netas (RIN). Aquello cambió en marzo de 2020, cuando la pandemia del Covid-19 obligó a la totalidad del globo a implementar cuarentenas, en su mayor parte totales, que detuvieron la economía planetaria casi absolutamente. Ya se advertía que interrumpir los flujos de un mercado internacional interconectado como nunca antes en la historia de la humanidad traería consecuencias ominosas. Para Bolivia, dicha predicción resultaba corta en comparación de la convulsa realidad que lo tocó enfrentar en 2019.
A finales de ese año sufrimos un golpe de Estado que llevó al poder a las élites económicas, quienes en solo unos meses desfalcaron la hacienda pública con más de una veintena de casos de corrupción que se revelaban ante la prensa a un ritmo de casi uno por semana, cerrando el año por primera vez con un crecimiento del 2,2%, el más bajo en décadas, aún antes de que golpeara la pandemia, en la cual destacan los casos de malversación de fondos desde el Gobierno, incluso a partir de la compra con sobreprecio de equipos médicos, como sucedió con casi 300 respiradores sin utilidad alguna contra la mortal enfermedad, con la inevitable consecuencia de empeorar más allá de lo que se tenía previsto la situación económica local. Una gestión económica y sanitaria tan desastrosa que explica en no poca medida el regreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) al poder en las elecciones de 2020.
El cambio de la marea
Pero además de esos dos acontecimientos, que sin duda tendrían repercusiones sobre la economía de cualquier país, a poco más de un año del retorno del MAS al gobierno se dio otro hecho con efectos de carácter global: La operación militar especial de Rusia en Ucrania en febrero de 2022, con consecuencias sobre la economía mundial del más variado orden, desde levantar el acoso de los Estados Unidos en contra de Venezuela hasta un proceso inflacionario que afecta actualmente los precios de los combustibles y los alimentos. Un hecho que, sumado a los efectos de la pandemia, parece haber abierto un periodo de incertidumbre en todo el planeta, un contexto del cual, obviamente, no puede escapar Bolivia. No obstante, a pesar de navegar por esta vez en contra de la corriente, bajo condiciones no tan favorables como las que se tuvieron en casi 14 años de bonanza, el país logró cerrar el año 2022 con la tasa de inflación más baja de la Región, de apenas el 3%, y con una tasa de crecimiento de su PIB superior a la pronosticada por organismos internacionales como el Banco Mundial (BM).
Desde principios del este siglo Bolivia subvenciona el precio de los carburantes con el peso que esto implica para su economía, que en 2022 gastó más de mil 700 millones de dólares en importar combustibles en orden de mantener en movimiento la actividad económica de industriales y transportistas, quienes advierten en que retirar dicho apoyo podría traer graves consecuencias para el resto de la sociedad, como sucedió a finales de 2010 en el gobierno del expresidente Evo Morales, cuya decisión de quitar dicha subvención desembocó en multitudinarias protestas callejeras y una tasa de inflación superior al 10% en 2011. Combustibles que no producía el país hasta hace poco y que, debe reiterarse, han incrementado su precio a causa de los acontecimientos en Europa del Este, de la misma forma en que ocurre con los alimentos como el trigo, golpeando las economías de casi todo el globo.
Por lo tanto, en el último lustro Bolivia ha enfrentado un golpe de Estado, el desfalco de un gobierno criminal, una pandemia y las consecuencias de una guerra en la cual no tuvo decisión alguna, además del cierre del ciclo de bonanza económica más grande de toda su historia, sin por ello empeorar sus indicadores macroeconómicos y sociales, sino, más bien, mejorándolos en relación al periodo de facto que se vivió por casi un año, haciendo retroceder el desempleo y devolviendo un ritmo de crecimiento a un promedio del 4%, eso sin mencionar el sabotaje perpetrado por las élites que apoyaron el golpe de Estado de 2019 y que complotaron en contra de Luis Arce con paros cívicos como el del año pasado, que tuvo una duración de más de un mes, en el cual se detuvieron las actividades en una de las regiones más prósperas.
No obstante, según algunas interpretaciones, el inusitado crecimiento que se dio durante década y media, por el cual se comenzó a importar bienes de la más variada clase comprados con dólares americanos, al mismo tiempo que se redujeron los volúmenes de exportación de hidrocarburos así como su precio, tuvieron el efecto de privar a la economía de aquella divisa que, por lo demás, comienza a escasear en todo el planeta, obligando al Gobierno a implementar políticas de emergencia en orden de enfrentar una coyuntura que, ha asegurado, es solo transitoria y se superará cuando se comiencen a ver los frutos del proceso de Industrialización por Sustitución de Importaciones, así como cuando se aprueben una serie de medidas orientadas a enfrentar la comentada situación, como una Ley del Oro, que le permitiría al Ejecutivo monetizar en la escasa divisa sus reservas de ese mineral. Sin mencionar los créditos otorgados por organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Comunidad Andina de Fomento (CAF) y el BM, que le inyectarían a nuestra economía cerca de 780 millones de dólares.
Bloqueo desde el Legislativo
Como era previsible, y a pesar de la seriedad de la situación que afectaría no solo al Gobierno en ejercicio sino a la población en general, la oposición ha hecho todo lo posible en las últimas semanas para impedir la aprobación de esas dos medidas, la Ley del Oro y los créditos internacionales, en orden de hacer fracasar la gestión del mandatario masista al precio de condenar a millones de habitantes a regresar a la pobreza de la cual escaparon esforzadamente en los últimos tres lustros. Una situación que empeoró con la publicación de la revista británica The Economist, que advirtió sobre el inminente colapso en una artículo titulado: “Bolivia está al borde de una crisis económica”, que ha sido capitalizada por todas las oposiciones, incluyendo las provenientes de las propias filas del oficialismo, que han dado paso a una práctica situación de “poder dividido” que enfrenta al Ejecutivo con el Legislativo a raíz de una serie de rivalidades dentro del MAS y su candidatura presidencial para 2025. Los más consecuentes en bloquear al Gobierno son los asambleístas de la llamada facción “evista”, cuyo razonamiento parecer ser que cuánto peor le vaya al Gobierno, mejor le irá a Morales en las elecciones de 2025.
Lo llamativo de esto es que el artículo mencionado señala que el actual predicamento del gobierno de Arce se debe al agotamiento de un modelo económico estatista y redistributivo de carácter social, al cual se oponen, naturalmente, quienes comparten los enunciados de la doctrina neoliberal de reducir las funciones sociales del Estado al mismo tiempo que limitar su acción a la defensa de los intereses empresariales y que, en esencia, condena la nacionalización de los hidrocarburos resuelta en 2006, cuyo principal efecto fue el de multiplicar exponencialmente no solo los peces y los panes, sino la proporción de ese excedente por parte del Estado, para impulsar un proceso de redistribución de la riqueza que hizo de Bolivia un país de ingresos medios en 2018, aunque cayó pronto de ese lugar con el golpe de Estado y los acontecimientos subsecuentes. Lo curioso es que coincidan con ellos una parte del partido oficialista, aunque sin necesariamente darle la razón a los impulsores de las privatizaciones y al medio británico que en su índice sobre la democracia de 2020 consideró al gobierno de Áñez y sus masacres como un hecho democratizador.
Lo preocupante, en ese sentido, no es que los legisladores oficialistas alineados con el expresidente Morales acusen al actual mandatario de ser tan corrupto como su predecesora de facto, sin base o evidencia, sino que se nieguen a aprobar una serie de medidas que más que favorecer la popularidad de Arce, quien de todos modos deberá enfrentar a las diferentes oposiciones en contra suya, daría continuidad a un modelo que nació con las protestas populares de 2003 y que en más de década y media contribuyó en la mejora de millones de vidas, explicando en gran parte la popularidad del instrumento de las organizaciones sociales.
Al parecer, las rivalidades y pretensiones electorales han capturado a los representantes políticos de las organizaciones sociales en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que ya no responden ni siquiera a los intereses de sus bases, que también sufrirían las consecuencias de una eventual crisis económica. En ese sentido, la propuesta de Morales de una Cumbre Nacional de Unidad no resulta impertinente, mientras esta no sea instrumentalizada para posicionar liderazgo alguno ni capturada por dirigencias exclusivamente, debiendo ser protagonizada, sobre todo, por organizaciones campesinas y obreras que apostarán por salvar el actual modelo económico antes que condenar al país por simples pretensiones electorales. Empero, primero Morales deberá dar señales de que no quiere perjudicar a Arce y eso solo es posible aprobando las leyes bloqueadas en el Legislativo.
- Cientista político.
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