Por Luis Oporto Ordóñez *-.
Salió a las calles con el lema: “Si quieren ser libres, aprendan a ser justos”. Desde el inicio se embarcó en una cruzada moralizadora de la política. Se publicaba en la Imprenta Boliviana administrada por Aillón y Castillo, los jueves, y se vendía “en todas las administraciones de correos de la República”, al precio de un real. Era un periódico oficialista cabal, al servicio de los gobiernos del mariscal Andrés de Santa Cruz, José Miguel de Velasco y Sebastián Ágreda.
Bolivia experimentaba las consecuencias del motín del 18 de abril de 1828, contra el mariscal Antonio José de Sucre. Agustín Gamarra, general en Jefe del Ejército peruano, el 1 de mayo cruzó el Desaguadero. El objetivo era expulsar al Ejército Unido Libertador, que respondía al congreso de la Gran Colombia.
Gamarra impuso el Tratado de Piquiza, el 6 de julio de 1828, que acordaba la salida del Ejército bolivariano y el Ejército del Perú, la convocatoria a un Congreso Constituyente, la renuncia de Sucre y la designación de un presidente provisorio. No obstante, el ejército invasor permaneció en Bolivia con cuatro mil efectivos. El 2 de agosto de 1828 Sucre resignó formalmente la Presidencia y fue obligado por Gamarra a exiliarse en Ecuador.
El Boliviano toma partido en su edición del 27 de agosto de 1829, y afirma con contundencia la disolución del Congreso Constituyente. En la sección “Reformas” hace un análisis de la situación de la administración de justicia y propone reformas urgentes.
En la sección “Policía”, parafraseando al enciclopedista de la Ilustración Dennis Diderot, invoca la necesidad de endurecer las leyes contra el alcoholismo y la delincuencia y, en sentido moralista, se decanta por las ideas liberales del filósofo inglés Thomas Hobbes. Con esa base doctrinal lanza su campaña contra “hombres ebrios, cantando hasta el día en multitud, alborotando el vecindario y causando una gran alteración a la quietud de las familias”.
En su edición 172, del 20 de diciembre de 1832, da cuenta de la instalación del Gobierno en Santiago de Cotagaita, desde donde emite decretos y órdenes. En su página central publica el decreto del 8 de diciembre, en el que se designa un ministro general para atender la instalación de Puerto Lamar. Ese mismo día atiende el reclamo del gobierno de Salta sobre el paradero y actividades de los emigrados argentinos Puch, Huemes, Balmaceda y Hacha, exigiendo que se retiren al interior del país.
Se interesa por temas de salubridad pública, como es la urgente necesidad de limpiar y reponer las cañerías del servicio público de agua, asignado para tal fin las rentas
de los antiguos municipios: Tres mil pesos para la compra de materiales por primera vez y 500 mensuales, recaudados de arrendamientos de casas de abasto y plaza del Mercado.
La orden del 9 de diciembre da luces del procedimiento administrativo que resalta por su transparencia. Las propuestas debían presentarse en un mes, “cerradas y selladas en la secretaria de prefectura, donde se archivarán hasta la aprobación”. La apertura se hacía en presencia de los interesados y del escribano, “en cuya oficina se tendrá a la vista de todos por espacio de dos días para satisfacción del público”. Declarada la propuesta ganadora, la Prefectura nombraba “comisiones inspectoras de vecinos que vigilen la perfección de la obra, dirección de los acueductos y puntos en que deben fijarse los compartos”.
En esa época se celebraba la batalla de Ayacucho, con aportes de autoridades de Potosí: Melchor Daza, administrador del Tesoro Público; Gregorio Valda, juez; Pedro Puente, tesorero del banco; José Barrón, administrador de Correos. Y con funcionarios de la Casa de Moneda: Mariano Lamadrid, fiel; Eustaquio Eguivar, contador; José Antonio Garrón, tesorero; Luis Aguilar, primer ensayador. El monto recaudado fue a beneficio de viudas y huérfanos de las “víctimas de la patria”, lo que permite identificar a ocho: Alcoba, Mariano Nogales, Manuel Guzmán, Alejo Cuisa, Torquemada, Andrés Arias, Francisco Toro, y Silva.
Una sección reveladora del apoyo o rechazo a Santa Cruz se encuentra en “Remitidos”, en la que el redactar analiza las opiniones de los periódicos El Correo de Encomiendas, La Voz de Puno, El Republicano de Arequipa. La última sección, “Aviso”, refiere la existencia del Almacén de Surtimiento General de José Medina, con precios “tan equitativos que ha detenido a todos los que con pequeño capital han querido ir al puerto”.
En la edición del 10 de febrero de 1833 publica el decreto con el plan de 28 puntos que declara Puerto Libre a Cobija, incluye la instalación de una fortaleza de 24 cañones de grueso calibre, con almacenes y cuarteles para tropa de 300 hombres, y otra batería de 12 en Gatico. Se habilita el correo los días 2, 9, 17 y 24 de cada mes. Se licita la construcción de un muelle, rodados y postas desde Potosí y Oruro al puerto, con ocho postas grandes, cada una con al menos 100 mulas, con número fijo de carretillas y provisiones de todo género para los transeúntes.
El Boliviano sigue la campaña de Andrés de Santa Cruz, la derrota en Yungay y su derrocamiento, el 29 de febrero de 1839, por José Miguel de Velasco. En su edición del 9 de septiembre de 1841 publica el manifiesto de los “Acontecimientos de Potosí desde el 16 de junio hasta el 19 de julio del presente año”, que termina con el gobierno de Velasco. Los amotinados entran a la Casa de Moneda. “El resultado general de las pérdidas del erario está computado en 150 mil pesos. Atacaron las tiendas a bala, y los inicuos saciaron sus vicios y rapiña con el saqueo de seis tiendas”, con saldo de ocho comerciantes asesinados.
“Documento Importante”, que suscribe Andrés de Santa Cruz, es un informe del puerto de Cobija: “No tenía más de 100 habitantes cuando me encargué del gobierno de Bolivia contó al cabo de cuatro años más de mil 200, y 170 casas. Por este puerto se llegaron a introducir las dos terceras partes de los efectos extranjeros que consumía Bolivia y ganaron inmensamente la industria y la agricultura de las provincias de Chichas, de Tarija, de Atacama, y de Lipes; que desde entonces pudieron comerciar con el exterior. Por su conducto la nación se ha emancipado de la tutoría mercantil de sus vecinos”.
Publica avisos de remate de terrenos a precios que fluctúan entre 18.6 p. (Mostrencos en el Huertopata de Yotala), 2.902 p. (Chaupiloma Totacoa) y 2.927 p. (Apachetamayon Yamparáez); la sisa de aguardiente de melaza (125 pesos), el peaje del puente de Pilcomayo (50 pesos), la contrata de dos mil pares de zapatos, entre otros. Sus ediciones se imprimían en la Imprenta del Estado, en Chuquisaca.
- Magister Scientiarum en Historias Andinas y Amazónicas y docente titular de la carrera de Historia de la UMSA.
Deja un comentario