Por José Galindo *-.
La intervención del Banco Fassil no debe ser vista como un hecho anecdótico o aislado, sino como un elemento más que evidencia un sistema de acumulación de riqueza perverso e intrínsecamente relacionado con las élites económicas del país. No es solo un banco cruceño el que ha caído, sino un emprendimiento financiero en el que se encontraron en algún momento varios de los nombres y apellidos que impulsaron el golpe de Estado de noviembre de 2019 y que se beneficiaron económicamente de él. Ahora el Gobierno tiene sus cabezas en bandeja de plata, desechar la oportunidad sería imperdonable.
Al contrario de lo que se piensa, la prensa tradicional no trata de politizar el tema, busca desviar la atención de la opinión pública lejos de un problema que es esencialmente político: El excesivo poder económico que han acumulado los herederos del neoliberalismo a través de mecanismos ilícitos entre los que este último escándalo no es más que la punta de un iceberg. Un conjunto de cargos que deben ser profundamente investigados y sancionados, al menos de forma más rigurosa que como se hizo con lo de los ítems fantasmas hace un par de años.
Si la liquidación de Fassil ejemplifica la ambición desmedida que llevó al manejo irresponsable de los ahorros de millones de bolivianos para beneficiar a solo un pequeño puñado de delincuentes, a ello debe sumarse el asunto de los ítems fantasmas, que reveló la existencia de una maquinaria de clientelismo político regional de la que se valió la oligarquía para impulsar tres intentos de golpe de Estado en contra del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) en los últimos 15 años. El “éxito” del modelo de desarrollo cruceño no puede explicarse sin estos insumos.
Para el caso que nos ocupa lo que no debe perderse de vista para comprender en dónde reside la pena es que, en teoría, todo el sistema financiero descansa sobre la confianza que tienen los ahorristas en cuanto a que su dinero será debidamente resguardado e invertido según los más rigurosos criterios de rentabilidad. En otras palabras, el sistema debería velar por la seguridad de los recursos depositados en la banca y, sobre todo, garantizar que no sean dispuestos de forma arbitraria y riesgosa. Lo opuesto a lo que efectivamente ocurrió, en un capítulo donde un grupo de empresarios apostó con el capital de los ahorristas como si se tratara del suyo.
Al parecer, el modelo cruceño de desarrollo es en realidad una sofisticada estrategia de despojo y apropiación de recursos que una clase empresarial sin escrúpulos lleva adelante haciendo caso omiso de la normativa financiera dispuesta para ello. Algo que podría sorprender a los más incautos que todavía creen en el mito del progreso individual honradamente labrado, porque aquí cabe preguntarse: ¿Qué fortuna es inocente? La sospecha debe ser más grande en la medida en que dicha riqueza se acumule más rápido. Los ejecutivos del Banco Fassil arrestados acumularon un nivel récord de ganancias en solo un par de años.
Hasta el final de la cueva del conejo
Pero la historia de Banco Fassil no es el verdadero hilo que ha de seguirse para comprender la magnitud de los hechos de las últimas semanas, toda vez que el mismo, otrora Fondo Financiero Privado Fassil, tiene una historia más bien reciente como entidad financiera múltiple –eso es como un banco, en el sentido tradicional del término, dedicado al depósito de dinero y la otorgación de créditos–, que recién empieza en 2014. Antes de ello, en 2006, fue comprado por accionistas del fenecido Banco Santa Cruz, dando paso a la formación de la sociedad Santa Cruz Financial Group (SCFG), el verdadero sospechoso de la serie de delitos que hoy se investigan.
Aunque como fondo financiero existe desde 1996, y como banco recién desde 2014, es entre 2019 y 2022 que se da su periodo de mayor crecimiento, llegando a despertar desde entonces la suspicacia de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) por incurrir en prácticas orientadas a la formación de monopolios mediante la absorción de cooperativas como Coboce, dedicada al cemento, que pretendía vender sus acciones al SCFG.
Si se preguntan en dónde reside lo ilícito de tales prácticas, la respuesta debe partir de que los recursos empleados para comprar dichos activos no pertenecían per se al SCFG, sino a los ahorristas que creían que su dinero estaba siendo invertido racionalmente y no despilfarrado en la adquisición voraz de otras empresas o la otorgación de tasas de interés inusualmente altas para Depósitos a Plazo Fijo (DPFs), con el fin de ampliar su clientela más allá de su efectiva capacidad. Un delito contra la propiedad, en otras palabras.
Una tendencia que lo llevó, inevitablemente, a solicitar al gobierno del expresidente Evo Morales una capitalización bajo su condición de entidad financiera de la cual dependían miles sino millones de ahorristas, misma que no se dio por obvias razones, entre ellas la reticencia del Ministerio de Economía y las constantes observaciones emitidas por la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), de la que el Banco Fassil y el SCFG no eran miembros.
Pero luego sucedió algo que nadie pudo haber previsto: El golpe de Estado de noviembre de 2019, que llevó a importantes cargos ministeriales a prominentes miembros de la élite empresarial del Oriente, como el excívico Branco Marinkovic o figuras apuntadas por el hoy gobernador presidiario Luis Fernando Camacho, todos arropados por el gobierno de facto de Jeanine Áñez.
El principio del fin
Es bien sabido que en aquel periodo se dieron, en tiempo récord, decenas de casos de corrupción, cometidos en su mayoría por miembros de las clases altas del país, a la cabeza del aparato administrativo del Estado, desfalcando incluso el presupuesto destinado para enfrentar la pandemia del coronavirus, entre otros ejemplos lamentables. Ahora, cuando se creía que se había documentado a detalle ese desastroso paréntesis democrático en la historia de Bolivia, sale a la luz este nuevo hecho en el que se habría capitalizado a Banco Fassil curiosamente en ese corto pero alocado lapso autoritario. Concretamente en 2020.
Y este es el punto de partida para lo que vendría. Como muchas fortunas amasadas en las dictaduras militares del 70, la riqueza de los accionistas del SCFG comienza a hacerse visible desde acá. En 2021 lanza su promoción Fabulosa, que marca el inicio de una etapa de inusitada ampliación, con sorteos de premios millonarios cada semana y la otorgación sumamente cómoda de créditos, que lo convirtieron en la opción predilecta de los emprendedores no solo ya cruceños, sino benianos, tarijeños, paceños, etcétera. Se compran cientos de inmuebles y cajeros automatizados que hacen de Fassil la entidad con la mayor cobertura en el país, mientras se anuncian más préstamos gigantes para las empresas que participen del megaproyecto (bajo estándares bolivianos) de infraestructura Nueva Santa Cruz, donde ganan sobre todo las empresas de, vaya sorpresa, el SCFG.
Esto último despierta las alarmas de varios legisladores, y no solo del oficialismo, quienes, confundidos por los acontecimientos, creen haber encontrado una oportunidad para lanzarse acusaciones unos a los otros. Las circunstancias los sobrepasan y ninguno llegó a advertir lo que estaba sucediendo realmente: Un proceso de acumulación acelerada solo posible gracias a la práctica desposesión de los ahorristas, la mayoría de clase trabajadora.
Los teóricos del capitalismo de caras conocidas guardan silencio ante los hechos, a pesar de que el asunto era ya un secreto a voces entre la comunidad financiera. El director de ASFI, Reynaldo Yujra, advierte en 2022 sobre el incumplimiento de ciertas normas y actuaciones irregulares por parte de los ejecutivos del banco, cuya respuesta se hace sentir inmediatamente vía amenazas de juicios por difamación y divulgación de información confidencial. La entidad señalada no es más que un banco privado, pero medios como Página Siete y El Deber, con sus tropas de asalto de opinión, amplifican los reclamos de los indignados capitalistas como si fuera, de hecho, su propiedad la que estuviera bajo ataque.
Final feliz
El punto de inflexión llega en marzo de 2023, junto con la escasez de divisas que comienza a hacerse sentir en todo el país, multiplicando la presión sobre su liquidez, naturalmente evaporada luego de su alocada serie de promociones y adquisiciones de negocios. La gente se puso nerviosa y quiso retirar sus ahorros, pequeños o grandes, para poder comprar dólares; algo que no se atrevieron a imaginar cuando disponían de esos mismos ahorros pensando que nadie vendría a reclamarlos. De repente, a principios de abril, la ASFI revela la otorgación de un crédito de nueve millones de bolivianos a una joven de 18 años que solo presentó como patrimonio un conjunto de electrodomésticos.
A los pocos días el banco suspende temporalmente la posibilidad de realizar retiros y el uso de sus cajeros automáticos. Fue la gota que derramó el vaso. La intervención del Gobierno se da en los últimos días de ese mes. Su director ejecutivo, Juan Ricardo Mertens Olmos, jura que se devolvió el dinero y no hubo daños ni perjuicios. El padre de la joven se pelea con la gente que le reclama que les devuelva su dinero en las puertas de Fiscalía. Dice tener la consciencia tranquila ya que el dinero era para pagar el tratamiento de su hija enferma en Canadá. Posteriormente se sabe que su otra hija también accedió a un crédito millonario. El abnegado padre en cuestión contaba con una línea de crédito de 21 millones de dólares.
Tras la intervención son arrestados los principales ejecutivos de Fassil. Mertens es difícil de encontrar al principio, pero la Policía da con él finalmente. En concreto, se habían cometido los delitos de uso indebido de influencias, desvío de dinero, entrega de créditos sin respaldo y una serie de prácticas financieras irresponsables que se resumen en el uso arbitrario e ilegal del dinero de los ahorristas. Un delito contra la propiedad por parte de los dueños de la mayor propiedad de todas: El capital.
Las consecuencias de la caída del banco hacen algo más que develar la corrupción de las élites empresariales, que básicamente estuvieron financiando sus negocios con dinero de los usuarios, cuyo número suma casi un millón de personas que hasta el día de hoy esperan en las calles que se les devuelva su dinero, en muchos casos ahorros de toda una vida. Los acompañan cuatro mil 500 nuevos desempleados producto del cierre del banco, cuya cartera fue adjudicada a otros nueve bancos nacionales que devolverán el dinero a partir del 22 de este mes, pero solo en bolivianos. No hay dólares. Mil 800 efectivos policiales resguardan las casi 185 agencias del banco.
¿Final?
En su editorial del 27 de abril de 2023 el periódico El Deber cuestiona porqué nadie se ofreció a salvar la entidad para evitar la crisis, sugiriendo con ello la misma operación que salvó de la quiebra a los bancos estadounidenses en 2008. Jaime Dunn, analista financiero, secunda la propuesta advirtiendo que si el Gobierno no salva a un banco en esas circunstancias puede reducir la confianza del público. Carlos Valverde, en su espacio de opinión de Página Siete, es más directo: La culpa no es de Fassil, sino de la ASFI por no hacerse respetar. Ya se puede imaginar cuál es su posición sobre las mujeres violadas. Las noticias informan que la cantidad de detenidos por el escándalo suman la docena. Demasiados nombres para un espacio como este. Debe señalarse, además, que guardarán prisión preventiva por apenas tres meses. Un final agridulce, cuando menos, para una historia tan alocada. Solo que sucede que este no es el final.
Investigaciones llevadas a cabo por varios periodistas demuestran que entre los principales socios del banco y el SCFG se encontraban personajes claves en el golpe de Estado de noviembre de 2019. Así, además del entramado familiar de la oligarquía cruceña del directorio general del banco, anota el periódico digital La Izquierda Diario que se hallan apellidos como los de Wille, Camacho, Marinkovic, Barbery, Antelo y Dabdoub, todos involucrados en el gobierno de facto dirigido formalmente por Áñez. Especial mención merece el padre del gobernador golpista encarcelado en Chonchocorro, José Luis Camacho Parada, y su hermano José Luis Camacho Miserendino, directivos del banco entre 2010 y 2016.
Pero junto con haber arriesgado el dinero de ahorristas, incluyendo el de sus pensiones en oscuros negocios con las siempre confiables AFPs, la nota del portal tan trotskista como riguroso señala que pueden relacionarse los nombres de los acusados no solo en el manejo financiero irresponsable de la entidad recientemente finada, sino con el depósito de las ganancias en paraísos fiscales como los que se revelan en el caso de los Panamá Papers, que a su vez implican la posibilidad de casos de lavado de dinero de actividades ilícitas como el tráfico de armas o el narcotráfico. Poco después, el propio medio cruceño El Deber informa que uno de los prestamistas del banco estafador era el mecánico de Misael Nallar, un Capo de Tuti Capi en el negocio de la cocaína en Bolivia.
¿Alguna vez se preguntó sobre el sostén financiero concreto del golpe de Estado de 2019, que se explica en parte por los movimientos de dinero del padre de Luis Fernando Camacho? Hoy sabemos que, además de esos recursos, se movían millones de dólares y miles de personas con fondos públicos a través de los ítems fantasmas y que los principales miembros de la oligarquía multiplicaron su patrimonio apostando con los ahorros de los trabajadores, desde Marinkovic hasta la familia Dadoub, dinero posiblemente, me atrevo a especular, utilizado para impulsar las movilizaciones de noviembre del año pasado en las jornadas por el Censo 2023 en Santa Cruz.
El Gobierno tiene las cabezas de los principales miembros de la oligarquía en una bandeja de plata. Esta oportunidad no puede dejarse pasar.
- Cientista político.
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