Quito-. El asesinato en Ecuador de seis personas en la comunidad turística Montañita, de la provincia costera de Santa Elena, y el robo de 15 vehículos de una concesionaria confirman la crisis de inseguridad persiste hoy en el país.
Una balacera en un restaurante de Montañita dejó, además de los muertos, seis heridos, un suceso que conmocionó a la sociedad porque evidencia el nivel de violencia en esta nación sudamericana.
La Policía Nacional emitió un mensaje donde indica que «ante el hecho violento (…) unidades especializadas ejecutan labores operativas y de investigación en territorio, a fin de dar con los causantes del ilícito».
El atentado iba dirigido a Jefferson Santa López, alias ‘Morro’, líder de una banda delictiva, indicaron las autoridades.
Por otro lado, la madrugada de este domingo fueron robados 15 vehículos de las bodegas de la concesionaria Ambacar, en la ciudad de Guayaquil, según denunció la empresa a través de un comunicado.
Los autos sustraídos son de la marca Soueast y se encontraban en una bodega bajo custodia de una empresa de operaciones logísticas.
La concesionaria señaló que el hecho evidencia el estado de inseguridad para las actividades comerciales en el Ecuador y exigió al Gobierno garantizar condiciones adecuadas para la inversión, la productividad y la generación de empleo.
Estos hechos se producen mientras la cancillería aseguró en su cuenta de Twitter que “Ecuador respira paz y estabilidad”, luego del decreto ejecutivo de muerte cruzada que disolvió la Asamblea Nacional (Parlamento) y convocó a elecciones anticipadas.
Si bien no hubo manifestaciones multitudinarias en respuesta a la decisión del presidente Guillermo Lasso, usuarios criticaron el mensaje con una ola de críticas donde mencionan los hechos violentos de los últimos días como ejemplo de la falta de acciones para frenar la inseguridad.
Actualmente, Ecuador sufre cada vez más frecuentes motines carcelarios, robos, asaltos, asesinatos, secuestros, extorsiones, entre otros crímenes que el Gobierno atribuye principalmente a bandas ligadas al narcotráfico.
Analistas y la ciudadanía advierten de la necesidad de inversiones tanto para fortalecer a las fuerzas públicas como para fomentar el desarrollo social.
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