Por José Galindo (Cientista político) -.
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) se encuentra en una encrucijada: Puede mantenerse como una organización indisimuladamente partidaria y clasista o refundarse para retornar a la senda proyectada por sus creadores, quienes se colocaron siempre al lado de los sectores menos favorecidos de la sociedad y no de supuestas clases medias compuestas por individuos que se reclaman como “ciudadanos” a partir de criterios indisimuladamente discriminatorios.
La última semana ha colocado a la Apdhb en el centro de la atención mediática, tras la ocupación de sus oficinas principales por una directiva cuya legitimidad desconoce su predecesora, a su vez cuestionada por el desempeño institucional que tuvo en coyunturas críticas en las que se violaron sistemáticamente los derechos fundamentales de amplias mayorías sociales. A pesar de esto, los sectores más conservadores del país han cerrado filas en defensa de la facción encabezada por Amparo Carvajal y califican el asunto como un acto de intervencionismo gubernamental orientado a acabar con voces políticamente disidentes. No obstante, los hechos sugieren que la situación que atraviesa la histórica asamblea es más compleja de lo que indican las editoriales de la prensa tradicional, siempre alineada con las élites económicas opuestas al gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS).
“Ciudadanos” vs. “masistas”
La situación actual de la Apdhb cobró relevancia pública a partir del día viernes 2 de junio, cuando la facción liderada por Edgar Salazar tomó posesión de la sede principal de la organización sin haber consensuado el traspaso del inmueble con el directorio saliente, liderado por la controvertida y octogenaria Carvajal, cuya facción desconoce la legitimidad del congreso en el que fueron elegidos los nuevos representantes. A partir de ese día se han dado movilizaciones a favor y en contra de cada uno de los bandos que se disputan el control del edificio, cada una caracterizada por una convocatoria de perfiles políticos y sociales contrastables.
Por un lado, apoyando a la facción entrante, hay organizaciones sociales vinculadas con las víctimas de las masacres de Senkata y Sacaba que se dieron en noviembre de 2019, principalmente juntas vecinales de barrios populares y organizaciones sindicales; mientras que, por el otro, asistieron simpatizantes y partidarios de la oposición política acusada de promover un golpe de Estado en contra del expresidente Evo Morales. Entre ellas el autonombrado Concejo Nacional por la Democracia (Conade), vinculado a las protestas que culminaron con el derrocamiento del exmandatario indígena y que se reclama como un apoyo “ciudadano” por Carvajal solo por el hecho de estar constituido por individuos provenientes de las clases medias, revelando un trasfondo clasista en el asunto.
Asimismo, el directorio encabezado por Salazar señala que fue elegido en el congreso nacional de esta organización, celebrado el 17 de diciembre de 2021, que se había retrasado desde 2020 a causa de la cuarentena impuesta para frenar la pandemia del Covid-19, aunque debía realizarse incluso antes de esa fecha, a finales de 2018, siendo frustrado justamente por la negativa de Carvajal a entregar su cargo. De todos modos, al último evento asistieron las direcciones departamentales de la Apdhb, con excepción de los representantes de Cochabamba y Tarija, alineados con Carvajal, que igual se ausentó de la cita. Con todo, el congreso era de carácter oficial y vinculante, según sus propios estatutos orgánicos, un detalle no mencionado con suficiente énfasis por los medios de prensa tradicionales.
El nuevo directorio denuncia, además, que la organización no reconoce presidencias vitalicias ni eméritas, sin importar la trayectoria o reputación que estas puedan ostentar; algo que no fue observado por la facción de Carvajal, cuyo pasado de resistencia a las dictaduras militares de los 70 es constantemente destacado por la prensa con la pretensión de legitimar su dirección. En todo caso, procedimentalmente, es la dirección de Salazar la que habría cumplido con los requisitos impuestos por los estatutos internos de la Apdhb, sin mencionar que el nuevo presidente cuenta con una trayectoria de militancia por los Derechos Humanos que nos lleva hasta principios de este siglo, sin que se le pueda comprobar militancia partidaria alguna.
Derechos Humanos selectivos o disidencia política
La organización paralela dirigida por Carvajal tiene una larga trayectoria de oposición al Gobierno de Morales que se remonta, cuando menos, a unos 10 años atrás, con la intervención de Chaparina como punto de partida de un insalvable desencuentro, consolidado a partir de 2017, cuando el entonces gobernante impulsó una reforma constitucional para postularse una vez más a la Presidencia a pesar de los resultados del referendo constitucional de 2016, en los que poco más de la mitad del electorado votó por clausurar dicha posibilidad. Una opción por la que hizo campaña la Apdhb. A partir de ese momento Carvajal y su directorio asumieron una posición militantemente opositora, tejiendo alianzas con sectores sociales estructural o circunstancialmente opuestos al gobierno de Morales, como el mencionado Conade, al que de hecho contribuye a levantar los productores de hoja de coca de los Yungas de La Paz o asociaciones de carácter gremial como los profesionales de la salud, entre otros
Hasta allí la dirección de Carvajal no contaba con muchos detractores debido a la cada vez más menguante popularidad de Morales, por lo que casi nadie cuestionó el apoyo de su organización a las movilizaciones en contra de una propuesta de reforma al Código Penal o su adhesión a las protestas supuestamente ecologistas que criticaban la forma en la que el Ejecutivo gestionó los incendios de la Chiquitanía oriental. Su campaña en contra del partido oficialista para las elecciones generales de octubre de 2019 no fue observada, así como menos su participación indisimulada en las protestas que denunciaron un nunca probado fraude después de los comicios y que culminaron en un golpe de Estado que derrocó a Morales. Fue este último episodio el que constituye su principal falta para con la causa de los Derechos Humanos, según observadores nacionales e internacionales, a partir de un hecho que fue mundialmente condenado, más allá de simpatías o fobias partidarias: Las masacres de Sacaba y Senkata.
En ambos hechos fueron asesinadas más de una treintena de personas, a las que se suman otras muertes calificadas por organismos internacionales como “ejecuciones sumarias”. Todo ello, además, en una larga coyuntura caracterizada, sobre todo, por una sistemática violación de los Derechos Humanos de amplios sectores de la población, a través de arrestos injustificados, casos de tortura e incluso denuncias de violaciones sexuales perpetradas por efectivos policiales y militares, todo bajo el amparo otorgado por el gobierno de facto encabezado por Jeanine Áñez, cuyo primer acto en el poder fue la firma de un decreto supremo que eximía de responsabilidades a las fuerzas del orden en el supuesto cumplimiento de su labor. En esa coyuntura la Apdhb liderada por Carvajal no emitió ni un solo comunicado ni se pronunció de forma alguna, a pesar del alcance internacional que tuvieron estos nefastos hechos.
Por si fuera poco, después de la elección de Luis Arce Catacora como candidato a la presidencia por el MAS, la Apdhb no cesó su militancia opositora, apoyando a las organizaciones paramilitares acusadas de promover la violación sistemática de los Derechos Humanos en la coyuntura descrita, como la Resistencia Juvenil Kochala (RJK), a la cual Carvajal se refirió como “una resistencia necesaria”, o la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), cuyos miembros son internacionalmente conocidos por portar insignias del partido nacionalsocialista alemán, como la infame esvástica.
Fue un conjunto de hechos los que facilitaron que el liderazgo de la antigua militante de los Derechos Humanos fuera cuestionado, por su apoyo selectivo de carácter innegablemente clasista y racista.
Renovación o refundación
Fue a partir de allí cuando comenzó a organizarse la facción dirigida por Edgar Salazar, denunciando que la Apdhb de Carvajal se negó a corregir sus desaciertos a pesar del consenso internacional formado en torno a la condena de las masacres de Sacaba y Senkata, hasta llegar al mencionado congreso del 17 de diciembre de 2021, que coincidió con una jornadas de paro cívico impulsadas por las mismas organizaciones paramilitares apoyadas por Carvajal en el oriental departamento de Santa Cruz, en las que no escasearon hechos de racismo y discriminación en contra de sectores vulnerables de la población como mujeres, indígenas y comerciantes que trabajaban en condiciones precarias.
Es evidente, entonces, que la Apdhb requería una reforma urgente, como organización influyente dentro de la institucionalidad de los Derechos Humanos en Bolivia, que ha visto una inusitada explosión de ONGs y fundaciones sin fines de lucro supuestamente preocupadas por dicho tema, aunque de inconfundible sello opositor. Organizaciones, al mismo tiempo, que no cuentan con la trayectoria de la Apdhb ni con personal directivo suficientemente calificado para reclamarse como dignos representante de esta causa, tales como Ríos de Pie o el propio Conade.
En esto debe tomarse en cuenta que la Apdhb tiene casi medio siglo de existencia, con orígenes que nos llevan a los días de las dictaduras militares de la década de los 70, en las cuales la Iglesia católica constituyó, a través de la Teología de la Liberación, uno de los pocos bastiones por la democracia y los Derechos Humanos propiamente dichos. Eran los tiempos de personajes como Luis Espinal, Xavier Albó, Domitila Barrios o Marcelo Quiroga Santa Cruz, todos de innegable signo izquierdista aunque con variables niveles de radicalidad, pero que en todo caso cerraron filas alrededor de la protección de los Derechos Humanos de los sectores más desfavorecidos; liderazgos, al mismo tiempo, con los cuales se relacionó Amparo Carvajal, llegando al paradójico final que hoy protagoniza, de alianza con sectores de ultraderecha que están en las antípodas del espíritu que originalmente le dio vida a esta organización.
Por ello, más que hablarse de una renovación de su directorio es pertinente considerar la necesidad de su refundación, sobre todo en vista de los acontecimientos de los últimos cuatro años, en los que la Apdhb no solo fracasó como en su misión de velar por los Derechos Humanos de los sectores más vulnerables, como indígenas, mujeres y pobres, sino en los cuales apoyó abierta e indisimuladamente a organizaciones perpetradoras de incontables violaciones a los Derechos Humanos.
Entre lo universal y lo popular
Un epílogo necesario para esta historia. Existen dos enfoques sobre los Derechos Humanos que pueden traerse a colación: Aquel que considera que estos derechos son de carácter universal y no admiten preferencias de ningún tipo, emergiendo del consenso que le siguió al final de la Segunda Guerra Mundial y que se expresa en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en 1953; o el que considera a los Derechos Humanos como el resultado de una larga acumulación de luchas y conquistas impulsadas por movimientos obreros y populares desde principios del siglo XIX, que permitieron instituciones claves para la democracia liberal como el sufragio universal, la jornada de ocho horas o el derecho a la sindicalización.
Desde este último punto de vista los Derechos Humanos no son una generalidad abstracta de carácter universal, sino el legado de y para los sectores más desfavorecidos de las sociedades contemporáneas. Son para quienes los necesitan y no para los que pueden comprarlos.
Deja un comentario