Cedla: maximalismo político o sesgo académico

El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) es una organización sin fines de lucro que ha hecho valiosos aportes a la sociedad, a través de la producción y difusión de conocimiento sobre problemas relacionados a la temática que sugiere su sigla. Proclama que su visión ideal del futuro es una en que los medios de producción hayan sido socializados y expresa abiertamente su interés por la organización políticamente independiente de los trabajadores, en orden de acabar con toda forma de opresión, explotación y alienación. Todas señales suficientes como para despertar la simpatía de cualquier progresista e izquierdista que sepa de ellos, hasta que uno se da cuenta de su inocultable antimasismo.

Afortunadamente no del mismo género que caracteriza a la derecha radical y primitiva, que ha convertido a medios como Página Siete en una suerte de pasquín de falsos demócratas indignados por la testaruda realidad que les sigue demostrando que la condición de minoría es consustancial a la categoría de élite. En ese sentido, debe reconocerse que la posición crítica de este centro académico respecto a cualquiera de los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS) pasa por otro tipo de derroteros que conducen al mismo puerto reaccionario a los que arriba los sectores más conservadores.

De esa forma, su condena al extractivismo termina coincidiendo más con aquellos proponentes de convertir al país en un jardín conservacionista dependiente de la buena voluntad del capital monopólico transnacional que con los que apuestan por el desarrollo de una industria pesada como única vía posible para salir del subdesarrollo, contaminante, quizás, pero también generadora de excedentes, empleos y, por lo tanto, de soberanía.

No sorprende, entonces, que en los días del golpe de Estado que derrocó al gobierno de Morales muchos de los posicionamientos en su sección de opinión rimaran con el negacionismo de simpatizantes del paramilitarismo gansteril al que tan entusiásticamente se unieron izquierdistas desilusionados como Alejandro Almaraz.

Una confusa orientación política

A pesar de tales desatinos políticos, la organización no puede ser considerada como un centro de activismo militante y conspirativo ni mucho menos, y sería deshonesto atribuirles una vinculación directa con los partidos y sectores de la derecha, sin dejar de observar su curioso posicionamiento respecto a la política económica del oficialismo. Por ello, más que analizar al Cedla como tal nos limitaremos a comentar una de sus publicaciones de los últimos meses, en ocasión del Día Internacional del Trabajador. Nos referimos a su periódico-boletín Alerta Laboral de mayo de 2023, titulado: Crisis, empleo y condiciones laborales ¿Quién paga los platos rotos?

La presentación del documento, escrita por su director Walter Arteaga Aguilar, denosta los reiterados anuncios del gobierno de Luis Arce respecto a la solidez de la economía, señalando la consolidación de un modelo rentista que ha monetizado los recursos naturales, acompañado de una gestión política dedicada a dividir a las organizaciones sociales y fomentar la polarización social. Acusa que la situación de los derechos laborales es lamentable y reclama la acción independiente por parte de los trabajadores. Como se puede ver, los cuestionamientos son frontales, sin dejar de ser engañosos.

Bajo cualquier circunstancia resulta impensable que un país no quiera monetizar sus recursos naturales, incluyendo hoy a los países del Primer Mundo. Hasta los Estados Unidos y la Unión Europea (UE), durante un corto lapso abanderados de las energías renovables, corren apresurados para asegurarse la provisión de combustibles así implique concesiones a jurados enemigos como Venezuela, sin mencionar su apuesta por el fracking y otros métodos nada amigables con el medio ambiente para extraer petróleo. Lo políticamente irresponsable en la conducción de cualquier Estado sería no explotar los recursos disponibles.

En cuanto a la acusación de dividir a las organizaciones sociales y polarizar a la sociedad no queda más que preguntarse, ¿no creíamos en la inevitabilidad de la lucha de clases? ¿No es toda forma de hacer política necesariamente un modo de polarizar a las personas, sean masas o electorado? Lo político es tanto el espacio de solución colectiva de los problemas de una sociedad como un campo de lucha de intereses necesariamente irreconciliables respecto a las variadas maneras de solucionar los problemas de la sociedad. La crítica del boletín, por lo tanto, suena, curiosamente, más pluralista que otra cosa, y nada marxista. En todo caso, valdría la pena revisar su posición respecto al gobierno de Áñez, en el que los derechos de los trabajadores y de la población en general fueron vulnerados de múltiples formas, por decir lo menos.

El Gobierno como chivo expiatorio

El primer artículo titula “Crisis actual: Fracaso del modelo que pasará factura a los trabajadores”.

Inicia registrando algunos datos estadísticos sobre el nivel de empleo, desempleo, crecimiento del PIB e inflación a nivel global, regional y nacional, alertando de los efectos que tendrá sobre el país la ralentización provocada por la pandemia y la guerra del Este de Europa, a partir de fuentes como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Banco Mundial (BM) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Luego pasa al análisis específico de Bolivia y la política económica del gobierno del MAS, donde advierte un retroceso en los principales indicadores macroeconómicos y de inversión pública, además de otros socioeconómicos como el aumento del desempleo, pronosticando días oscuros para los trabajadores respecto al decrecimiento de su poder adquisitivo, así como una reducción aún más pronunciada del empleo formal y los salarios.

En el corazón de su crítica destaca el aumento de la subvención a los hidrocarburos y el agotamiento del modelo rentista y dependiente de la explotación de los recursos naturales supuestamente impulsado por el Gobierno. Un análisis aparentemente objetivo, a partir de datos o figuras fidedignas, pero que llega a conclusiones sesgadas que obvian la conclusión lógica que esta evidencia sugiere: Sí, hay un proceso de pauperización de las clases trabajadoras en el mundo, con particular impacto en la región latinoamericana y, por supuesto, Bolivia, cuyo Gobierno, de hecho, ha logrado sortear los peores efectos de este fenómeno gracias a su orientación redistributiva y su administración de la gestión pública.

Particular importancia cobra su crítica al crecimiento de la subvención a los hidrocarburos, que se ha multiplicado en las últimas décadas y que ciertamente amenaza el equilibrio de las finanzas del país, relacionándose, además, con la informalidad cada vez más creciente y que repercute, sobre todo, en el crecimiento desmedido del parque automotor. Una subvención, por otro lado, tan comprometedora como necesaria para mantener a flote el poder adquisitivo de una parte de la población, que se condenaría, como se lo hizo a finales de 2010, si es que fuera retirada.

No podemos esperar que se reconozca o alague la intención de emprender un proceso de industrialización por medio de la sustitución de importaciones, pero sí que se examine que la ralentización de la economía internacional y su práctico estancamiento regional se deben más a fenómenos como la pandemia o la guerra en Ucrania que a la política económica del Ejecutivo.

Maximalismo político y cultura política sindical

El siguiente artículo es “Pensión mínima: luchar por lo urgente sin perder de vista el objetivo final”. Como siempre, rico en datos, analiza la composición de las fuentes de ingresos con las que se financian las pensiones, contraponiendo los modelos de Renta Mínima Básica Nacional, que imperó hasta la irrupción neoliberal, compuesta por aportes laborales, patronales y del Estado, con el de la Renta Mínima, que sería la misma que la del MAS, y que se pagaría con primas y otras complejas herramientas financieras que añaden poco al aporte que hace el trabajador.

En los hechos, se reprocha tanto el financiamiento de la actual jubilación como su cantidad de ingresos en proporción al salario mínimo. No señala los cambios impulsados por el Gobierno a partir de la implementación de la Gestora Pública, aunque tiene razón en considerar como insuficiente tanto la cobertura como el nivel de pensiones a las que actualmente tienen acceso los trabajadores.

Sin embargo, su crítica al modelo de jubilación no imputa el rol de la implementación del modelo neoliberal en la actual situación que enfrenta el régimen de pensiones. En ese sentido, parece exhortar a los trabajadores a mantenerse movilizados en demanda de un mejor modelo que el ofrecido por la Ley 065 de pensiones, a pesar de la ausencia de alternativas para financiar la jubilación de otro modo.

Una curiosa ausencia de crítica al modelo de las AFPs se hace notar a lo largo del artículo, posiblemente debido a la coyuntura de movilizaciones cada vez más esmirriadas que se vieron en las calles de La Paz y Santa Cruz de la Sierra en la segunda mitad de abril.

Es inocultable el maximalismo de esta nota, que parecería apostar por el derrocamiento de un régimen democrático con tal de demostrar que una de sus políticas públicas puede ser mejorada (¿puede?). En todo caso, el haber superado el modelo de gerencia empresarial y especulativa que se tenía con las rentas de los bolivianos debería ser razón suficiente para merecer una mención.

Roma en un día

Finalmente, encontramos el artículo “15 años sin avances en el empleo: Una mirada desde la situación de los jóvenes”. Su análisis del desempleo juvenil destaca que siete de cada 10 jóvenes en las áreas urbanas están desempleados, mientras que los sectores estratégicos de la economía son más intensos en capital que en mano de obra. La situación del empleo rural es igual de desesperanzadora, por sus malas condiciones de trabajo y su baja remuneración.

Todo ello con una prevalencia del trabajo informal y poco calificado, concentrado en el área de servicios y no en áreas productivas. Los datos parecen objetivos, procesados en el Sistema Integrado de Información Productiva, con insumos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Pero el análisis se vuelve sesgado cuando concluyen que esto demuestra el fracaso del modelo de economía plural del Gobierno; en todo caso, el fracaso de todas las economías rentitas dependientes de la extracción de recursos naturales que postergan la alternativa de la producción industrial. Una categoría de fracaso de la cual difícilmente escaparía algún país de la Región.

El desempleo y la informalidad es el rasgo esencial de las economías dependientes, en las que la superexplotación es la consecuencia inevitable de contar con un ejército de mano de obra disponible que no figura como base de absorción del consumo de la producción. La consecuencia natural de todo esto: La multiplicación de maquilas y espacios de explotación laboral de los que no se podrá escapar sin darle a ese ejército de mano de obra disponible el estatus de consumidor.

El boletín concluye con un recuento de las protestas encabezadas por el Magisterio Urbano en abril de este año, sin mención alguna a la poca inclinación de los maestros a dialogar o siquiera debatir la legitimidad de sus demandas. Una serie de movilizaciones que contaron con la abierta participación del Comité Cívico Pro Santa Cruz y que resultaron estar motivadas por más que una mayor demanda de la torta fiscal del Estado, y nada relacionadas con la calidad de la educación.

A pesar de esto, el valor de Cedla como productor de conocimiento en un país donde las universidades han abandonado cualquier compromiso con la investigación sigue siendo insustituible. Aunque su confusa línea política, llena de maximalismos y sesgos prejuiciosos con el MAS, nos obligan a tomar cada una de sus publicaciones con una pizca de sal, su labor resulta mucho más útil y constructiva que la de otros “tanques de pensamiento” como la Fundación Milenio.