Por Luis Oporto Ordóñez *-.
La pandemia planetaria provocada por una nueva cepa de la Coronavirus (SARS) azotó a la humanidad y la forzó a confinamientos rígidos. Esta cepa de la enfermedad conocida como Covid-19, se caracterizó por el contagio inminente y su acción letal. Luego de castigar de forma inclemente a China, Europa, los Estados Unidos y otros países, llegó a Bolivia y provocó una crisis de salud que no encontró respuesta efectiva y contundente, por falta de un plan estratégico nacional y sobre todo por falta de una vacuna contra ese mal. A partir de marzo de 2020 el gobierno de facto de Jeanine Añez optó por la cuarenta rígida, la clausura del año escolar y las clases virtuales en la educación superior, en medio de negociados con respiradores inservibles.
El Covid-19 castigó con un alto índice de contagios y letalidad en la primera ola, alcanzando al 6% de decesos. Con el retorno democrático legítimo, el gobierno del presidente Luis Arce Catacora implementó una política de atención efectiva y preventiva mediante vacunación de la población, con aplicación de cuatro dosis (Sputnik V, Astrazéneca, Sinopharm, Pfizer) y unidosis (Jhonson & Jhonson), con lo que la letalidad bajó al 0,1%. Con ello la certidumbre volvió paulatinamente y se retornó a las labores productivas y de servicios, entre estos los que prestan las bibliotecas, archivos y museos, que retomaron sus funciones en el contexto de una “normalidad” sui géneris, es decir, una nueva forma de administración de la información.
A nivel mundial, en 2020 se tomaron varias previsiones: la Organización Mundial de la Salud (OMS) reguló los protocolos generales de bioseguridad, la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), el Consejo Internacional de Archivos (ICA) y la Unesco emitieron directrices para protocolos de bioseguridad en archivos, bibliotecas y museos. Sin embargo, las bibliotecas, archivos y museos en Bolivia no recibieron ninguna atención específica de los tres niveles de gobierno (central, departamental, municipal), dejando a estas instituciones inermes y desprotegidas.
Por esa razón, 2020 fue una época de desafíos pero también de oportunidades, pues ante confinamiento rígido se autorizó el teletrabajo en la administración pública para atender necesidades de acceso a la información, un derecho fundamental reconocido por la Constitución Política del Estado (CPE), tanto en su carácter de acceso y uso irrestricto (Art. 21.6) como el derecho de petición (Art. 24), siendo obligación de los servidores públicos proporcionar el servicio sobre la base de los documentos administrativos oficiales que custodian (Art. 237) y de los históricos-patrimoniales (Art. 99).
En el caso de las bibliotecas se privilegió el préstamo a domicilio. En el de los archivos el tema fue más complejo, pues los documentos auténticos tienen un doble alcance: por un lado, están los documentos con valor administrativo, contable y legal, esenciales para garantizar el goce pleno de los derechos ciudadanos; y los históricos, de valor permanente para fines culturales y de investigación. Las transferencias periódicas intraarchivísticas se suspendieron por el tiempo necesario, debiendo ser custodiadas por los archivos de origen.
Como premisa, se debía considerar que cualquier libro o documento que saliera al servicio del ciudadano o del investigador, al ser devuelto vendría “infectado” y debía someterse a aislamiento, con rigurosas medidas de bioseguridad. Como podemos ver, era un panorama singular, desafiante, con medidas rígidas de bioseguridad nunca antes experimentadas.
La paradoja es que el Covid-19 ha roto todos los obstáculos administrativos y la “resistencia cultural” para poner en función la firma digital, el documento electrónico y el teletrabajo. Es sin duda un avance dramático en la administración del Estado y en el desarrollo de la ciencia archivística y bibliotecológica, pues implicaba un desafío para adecuar el trabajo funcionario a esta nueva cultura administrativa. Es así que la pandemia ha impulsado el uso de los documentos electrónicos, tema que ya fue legislado por la Ley 164 de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y la Comunicación (2011), que autoriza el uso de la firma digital, que otorga al documento electrónico el valor administrativo, contable y legal. Los Decretos Supremos 4200 y 4218 (2020), emitidos para hacer frente al Covid-19, disponen el uso irrestricto de la firma digital y autorizan el teletrabajo, con consecuencia efectiva e inmediata, pues la administración del Estado ingresó de manera directa al uso de esta nueva forma de gestión por medio de sistemas electrónicos que prescindían del papel y del contacto entre las personas.
En esa coyuntura, la Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), entidad dependiente de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, elaboró motu proprio su Protocolo de Bioseguridad, aprobado por Resolución Secretarial Nro. 024/2/2020, siendo una de las primeras instituciones bibliotecarias y archivísticas del país en reabrir sus servicios al público, implementando salas de cuarentena documental.
Por otro lado, la emergencia sanitaria motivó el intercambio de ideas para la reapertura de los servicios de bibliotecas, archivos y museos. Una iniciativa impulsada por la Universidad del Oriente (UNO) que, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, implementó la mesa redonda nacional vía virtual: “Bibliotecas y Archivos de Bolivia Post-pandemia. Cómo afrontar la situación tras la Covid-19”; Esto posibilitó irradiar a nivel nacional la exitosa experiencia de la Bahalp. La mesa redonda propició la creación del Grupo de Trabajo sobre Archivos, Bibliotecas y Museos de Bolivia, que aprobó en consenso el “Protocolo de Medidas de Bioseguridad para Atender la Emergencia Sanitaria de la Pandemia de Covid-19 en el Servicio Público en Bibliotecas, Archivos y Museos de Bolivia”, en la sesión del 3 de julio de 2020, incorporando las particularidades de las regiones, a través de bibliotecarios y bibliotecarias de los nueve departamentos y del Consejo Internacional de Museos ICOM-Bolivia.
Ese trabajo aportó a la reapertura de las bibliotecas, archivos y museos por medio del protocolo de bioseguridad, preservando la vida humana y la salud de los guardianes de la memoria de la sociedad y de los ciudadanos, estudiantes e investigadores que usan nuestros servicios. Es el mejor ejemplo de trabajo colectivo, cooperativo, realizado exclusivamente en línea, que demuestra la consciencia de los trabajadores de la información para hacer valer el derecho fundamental de los ciudadanos de acceso a la información pública, incluso en situaciones de emergencia como las que provocó la pandemia.
- Magister Scientiarum en Historias Andinas y Amazónicas y docente titular de la carrera de Historia de la UMSA.
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