julio 13, 2024

De los Derechos Humanos a los Derechos Populares

La tenacidad con la que simpatizantes de la oposición se aferran al control de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos en Bolivia (Apdhb) es sugerente para interpretar qué es lo que entienden por Derechos Humanos estas clases medias, cuya principal representante en los últimos días, la octogenaria Amparo Carvajal, estuvo acompañada por los más rabiosos detractores del masismo en la opinión pública, como el infame columnista Puka Reyes Villa o la hasta ahora no identificada señora que le espetaba a una mujer de pollera: “india pata rajada”, sin complejo alguno. Cuando se tiene a personas abiertamente racistas disputando por el control de una organización cuya razón de ser consiste justamente en combatir esa forma de pensar, no puede caber duda de que el concepto que tienen tales sectores sobre el concepto de Derechos Humanos o bien es parcial o es completamente deforme.

Por tales razones proponemos la idea de Derechos Populares como una alternativa más concreta que la que pretende igualar a los seres humanos de las más disímiles condiciones bajo la categoría de “humanos”. Humanos somos todos, aunque muchos no quieran aceptarlo; pero no todos están tan urgidos de protección como otros.

Un concepto abstracto

La situación de los Derechos Humanos en Bolivia jamás fue idílica, por decir lo menos. Ciertamente el nuestro nunca fue un país modelo en cuanto al resguardo y promoción de este novedoso concepto en la historia de la Humanidad, que se llevaba cocinando desde la época de la Ilustración, que dicen que comenzó allá por el siglo XV o XVI y que recién se convirtió en una suerte de “nuevo sentido común” a mediados del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, oficializado mediante la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Alguna vez René Zavaleta dijo que las grandes ideas llegan a nuestras tierras demoradas y deformadas, como una caricatura de lo que son en realidad. Así, Bolivia nunca construyó una democracia de verdad, en los términos más formales, que básicamente se limitan a elecciones y derechos civiles y políticos. Tras la supuesta restauración de la democracia en 1982, con el agotamiento definitivo de la última dictadura militar de la época, protagonizada por los infames Luis García Meza y Luis Arce Gómez, seguíamos siendo un país donde los Derechos Humanos estaban lejos de consolidarse.

A mediados del 90, Carlos Palenque fue arrestado y su radio clausurada por denunciar un caso de violencia doméstica que involucraba a un diputado oficialista, y, un poco antes, la DEA masacraba a campesinos en el Chapare, como sucedió en la Masacre de Villa Tunari en 1988, cuando 12 personas morirían. No sería la última vez. En 1996 el Estado masacraría a 11 personas en los distritos mineros de Amayapampa, Capasirca y Lalallagua, para defender los derechos de propiedad de la empresa transnacional Vista Gold Corporation. Así, los gobiernos de Víctor Paz Estenssoro y Gonzalo Sánchez de Lozada dejaban patente la idea de que en Bolivia los Derechos Humanos eran solo para algunos, y no para otros.

Los años fueron pasando, hasta que presenciamos otras masacres, como las sucedidas en la Guerra del Agua, y la más memorable de esos tiempos por sus consecuencias políticas: la Guerra del Gas y su Masacre de Octubre de 2003, con casi 70 personas asesinadas por el Estado. Deben sumarse a estas las muertes de civiles, policías y militares en febrero de ese mismo y decisivo año. Cayó un gobierno y emergió otro, impulsado por una ola popular de protestas como pocas veces se vio en nuestra historia reciente, pero el carácter endeble de los Derechos Humanos no fue superado.

La Asamblea Constituyente que el principiante gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) instaló siguiendo los lineamientos que el pueblo impuso con la “Agenda de Octubre” fue respondida por las élites terratenientes y agroindustriales con una serie de actos de separatismo y sublevación expresados en los enfrentamientos de La Calancha en junio de 2007, con tres muertos; la humillación de campesinos el 24 de mayo de 2008, donde murió la dignidad de la racista ciudad de Sucre; y la masacre de una veintena campesinos en la localidad de Porvenir, un 11 de septiembre de 2008, día funesto para casi todo el mundo. Esa vez las masacres no serían ejecutadas por el Estado, sino por oligarquías o mafia burguesías, sin que ello atenúe la violación flagrante de los Derechos Humanos, particularmente las de los más humildes.

El gobierno de Morales tampoco estuvo libre de recurrir al uso del monopolio de la fuerza por parte del Estado, lo que terminaría siendo muy caro para su popularidad, aunque sin haber llegado al extremo sistemático de brutalidad alcanzado en otras gestiones. El Estado es Estado. En todo caso, la represión de Chaparina en 2011, el asesinato de Jonathan Quispe en 2018 por parte de fuerzas del orden y las muertes de campesinos cocaleros de los Yungas y policías, en abril de ese mismo año, son casos que ponen en entredicho lo que se dice y lo que se hace.

Los casos de Sacaba y Senkata son ilustrativos acera del alcance que puede tener el uso de la violencia estatal cuando un gobierno ha sido capturado por élites totalmente carentes de todo principio democrático. Se trató de un genocidio cometido por los mismos grupos que intentaron tomar el Estado en septiembre de 2008 y que eran muy influyentes en la coalición neoliberal de 2003. De alguna manera, puede hablarse de una línea directa que conecta las masacres de octubre de 2003 con las de noviembre de 2019.

No basta con decir: “bueno, nunca hubo democracia ni Derechos Humanos, ni con los neoliberales ni con los plurinacionales. Conclusión: la democracia y los Derechos Humanos son quimeras pequeño burguesas”. En absoluto. Sería más constructivo, en cambio, señalar que: “no es posible tener una democracia efectiva ni Derechos Humanos en una sociedad escindida en clases, porque no importa cuál de estas clases tome el poder su ejercicio del mismo y siempre estará dirigido en contra de su antagonista. Para tener democracia y Derechos Humanos, por lo tanto, debemos acabar con la división de nuestra sociedad en clases. Mientras tanto, debemos aceptar que el respeto a los Derechos Humanos siempre será más una lucha que un derecho, y debemos escoger qué derechos defendemos, y de quiénes lo hacemos, y, sobre todo, de quiénes no. Nos reservamos el derecho de admisión de oligarcas y burgueses”.

Derechos Populares

Y si aceptamos esta afirmación, sobre la inevitabilidad de esta colisión de fuerzas y su perverso efecto sobre las instituciones liberales de la democracia, ¿por qué molestarnos con la defensa de las ideas de Derechos Humanos y participación política de a de veras? Porque si la vida social es una guerra, las cosas no son un absoluto sino un resultado siempre inestable de la correlación de fuerzas entre las clases. Es cuestión de grado. A veces hay más democracia, otras veces menos. Luchamos porque haya más, dado que implica más derechos, y esto significa más oportunidades de defenderse de la dictadura del capital. Indígenas, campesinos, trabajadores y militantes con derechos pueden más que lo que podrían lograr con una dictadura encima. La lucha es por ampliar la esfera de los derechos, pero no humanos, sino populares.

Es decir, derechos sí, pero no para todos, sino para los más humildes, explotados, marginalizados y reprimidos. Y no se puede hacer eso si no se acompaña en la lucha a quienes pretendemos defender. No es defenderlos a ellos, sino defendernos todos contra ellos, los que necesitan violar nuestros derechos para acumular más ganancia y poder. Nuestra relación con la democracia está sumida en esa tensión: la lucha, y pedimos democracia en tanto no es lo que quieren burgueses y oligarcas y mientras sirva para liberar al pueblo.

En noviembre de 2019 cerca de una treintena de vidas fueron segadas por las fuerzas represivas del Estado, en medio de una coyuntura crítica para el país. Era difícil saber si lo peor de la convulsión social había pasado o estaba por venir. Lo único claro era que el Estado de Derecho, entendido como un orden constitucional donde se garantiza la dignidad y existencia de todos los seres humanos, había caducado. Al menos por el momento.

Los medios de comunicación, en complicidad con las élites económicas del Oriente y las clases medias del eje troncal, justificaron la matanza de ciudadanos aduciendo que eran “vándalos”, “terroristas” y “sediciosos”. Después de haberlos despojado de su derecho más fundamental, el derecho a la vida, calumniaron su memoria, a la par que líderes de opinión ante la injusticia, quien sabe si con subconsciente beneplácito, o la celebraban con entusiasmo y cinismo. El extinto periódico Página Siete jugó un rol clave en la construcción de esa imagen denigrante de las víctimas de la represión estatal.

La desfachatez del régimen de Áñez y el psicopático comportamiento de sus autoridades motivaron a cientos de personas a oponer resistencia de forma activa, y comenzaron a surgir organizaciones de izquierda que denunciaban al gobierno autoproclamado desde distintos puntos de vista. El más importante en la lucha contra ese régimen criminal fue la defensa por los Derechos Humanos.

Fueron naciendo, al mismo tiempo, sendos informes que daban cuenta del carácter criminal que había adoptado el Estado en esa coyuntura: desde el informe presentado por la Delegación Argentina en Solidaridad con el Pueblo Boliviano, primero en ser desarrollado respecto a las masacres de Senkata, Sacaba, Huayllani y la Zona Sur de La Paz, entre otras violaciones; el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); el de la Clínica Internacional por los Derechos Humanos de Harvard (IHRC), titulado Nos dispararon como animales: Noviembre negro y el gobierno interino de Bolivia; el de la Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia; hasta el informe de Human Rights Watch (HRW) y el del Grupo de Internacional de Expertos Independientes (GIEI).

La limitación de nuestro tiempo sigue siendo la restricción de los Derechos Humanos a los preceptos liberales con los cuales fue promocionada tal idea desde mediados del siglo pasado: como una abstracción aplicable a cualquier ser humano más allá de sus condiciones de vida concretas. A ello debemos responder: Derechos Humanos sí, pero no para todos, sino en favor de los sectores más explotados, vulnerables y oprimidos de la sociedad: Derechos Populares, un concepto que estamos seguros no es novedoso, pero que debe ser trabajado filosófica y doctrinalmente como un elemento consustancial a la izquierda, revolucionaria o no.

En otras palabras, la defensa de los derechos del dirigente campesino, sindical, de la autoridad indígena, de la mujer amenazada por su marido, del homosexual, travesti, y demás sectores que son presas de las más diversas formas de opresión que resultan de la lucha de clases que los sectores privilegiados y los gobiernos niegan discursivamente, mientras los practican fácticamente. No los derechos del clasemediero ni empresario, ni del político corrupto o del intelectual universitario. Es decir, proponemos una comprensión de los Derechos Humanos desde una perspectiva clasista.

En todo caso, resulta un tanto decepcionante que a estas alturas del siglo XXI haya quienes crean que se pueda tener convicciones totalmente racistas como la señora que le gritaba “india pata rajada” a otra mujer en plena sede de una organización supuestamente creada para velar por la protección de los Derechos Humanos, en la que se organizaban paramilitares en el golpe de Estado de 2019. Las ironías de este caso son tantas y tan profundas que hacen insuficiente cualquier cosa que se pueda decir al respecto. Indignación es una forma de resumirlo, tal vez.

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