Por Helena Paz (Comunicadora social)-. El pasado lunes 12 de junio, el sitio web de la más que desacreditada Organización de Estados Americanos (OEA) –cuyo irónico lema es “más derechos para más gentes”–, en su sección Comunicados de Prensa, publicó la nota: “CIDH publica Informe de fondo sobre caso de defensores Oswaldo Payá y Harold Cepero en Cuba”, adjuntado el mencionado documento de 28 páginas: INFORME No. 83/23. Caso 14.196. INFORME DE ADMISIBILIDAD Y FONDO (PUBLICACIÓN) OSWALDO JOSÉ PAYÁ SARDIÑAS Y OTROS. CUBA.
Como era de esperarse, en cuestión de minutos la tan democrática prensa europea y estadounidense se hizo eco de la noticia emanada desde Washington. Por citar dos ejemplos: el The New York Times publicó el mismo día lunes: “El gobierno de Cuba es responsable por la muerte del disidente Oswaldo Payá, según un informe de la CIDH”; mientras que El Mundo hizo lo propio: “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictamina que agentes cubanos participaron en la muerte del opositor Oswaldo Payá”.
Una vez más la operación de descrédito en contra de Cuba, esta vez promovida desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se tomaba la agenda mediática y política. Y es que el secratrito general de la OEA, Luis Almagro, a quien sus propios compañeros del Frente Amplio (FA) del Uruguay expulsaron de sus filas por su pusilánime actuar subordinado a Trump, pareciera empecinado en atacar al Gobierno de La Habana amparado en la institución interamericana cuyo prestigio naufragó el mismo día de su nacimiento; de la cual, es preciso destacar, Cuba no es un Estado miembro.
Tampoco está demás aquí reflexionar, como lo hizo Fidel Castro en mayo de 2009, acerca del desempeño doble estándar de la OEA: “¿Es que en esa podrida institución existe una CIDH? Sí, existe, me respondo. ¿Y cuál es su misión? Juzgar la situación de los Derechos Humanos en los países miembros de la OEA. ¿Estados Unidos es miembro de esa institución? Sí, uno de sus más honorables miembros. ¿Ha condenado alguna vez al Gobierno de Estados Unidos? No, jamás. ¿Ni siquiera los crímenes de genocidio cometidos por Bush, que han costado la vida a millones de personas? No, ¡nunca!, cómo va a cometer esa injusticia. ¿Ni siquiera las torturas de la Base de Guantánamo? Que nosotros sepamos, ni una palabra”.
En efecto, el nuevo informe de la CIDH contra la Revolución cubana aborda el “caso Payá”, referido a la accidental muerte de una de las figuras de la contrarrevolución, Oswaldo Payá, y su acompañante Harold Cepero, quienes fallecieron al estrellar su auto contra un árbol en una carretera en la isla el 22 de julio de 2012, siniestro al que sobrevivió el derechista político español y conductor Ángel Carromero, así como el igual derechista sueco y financista de la oposición cubana Jens Aron Modig.
Lo que era un caso cerrado para los tribunales de Cuba y España desde finales de 2012, cuando se sentenció a Carromero a cuatro años de prisión por el delito de “homicidio imprudente”, a causa de conducir sin licencia y a exceso de velocidad –120km/h en una zona cuya máxima está indicada en 60km/h–, en un juicio calificado por el Cónsul General de España en Cuba, Tomás Rodríguez Pantoja, como “correcto, limpio y procesalmente impecable”, la OEA trae a colación hoy sobre la base de un fantástico relato que, sin prueba alguna, afirma que “agentes estales” habrían atentado contra los ocupantes del vehículo, causando así los decesos de Payá y Cepero.
Es justamente aquí que nos preguntamos: ¿a qué obedece este delirante informe que contradice, pasada una década, los procedimientos legales y sentencias judiciales de La Habana y Madrid? ¿Quién gana algo y eventualmente quién perdería algo con la infame acusación? ¿A quién le conviene acusar de asesinato a la administración del entonces presidente cubano Raúl Castro?
Las pistas comienzan a emerger, cronológicamente, de la voz de los más reaccionarios parlamentarios estadounidenses, ávidos de condenar a Cuba e intervenirla militarmente.
En esa dirección, el senador por el Partido Republicano, Marco Rubio, en carta dirigida a la secretaria ejecutiva de la comisión de la OEA, Tania Reneaum Panszi, el 6 de marzo de 2023, presionaba: «Seguimos creyendo, incluso sin la cooperación del Gobierno cubano, que la CIDH es la más adecuada para llevar a cabo esta necesaria investigación y rendición de cuentas. […] El trabajo de Payá, las amenazas sostenidas en su contra y las circunstancias clave del día en que murió están bien documentados».
¡Y ocurrió el milagro! A poco más de 90 días de la “sugerencia” de Rubio aparece publicado el documento de la CIDH, correspondiéndole punto por punto.
De paso, el mes pasado, se suman los corifeos de siempre con las amenazas de siempre:
El senador demócrata Bob Menéndez, tras conocer la investigación de la CIDH, clamó: «Corresponde a los Estados Unidos y a la comunidad internacional unirse en torno a la decisión de la CIDH y exigir no solo justicia y rendición de cuentas por los asesinatos de Payá y Cepero, sino el fin de las atrocidades contra los Derechos Humanos que enfrenta el pueblo cubano».
(¿Qué significarán esos: “rendición de cuentas” y “fin de las atrocidades”?)
Tampoco se quedó atrás, obviamente, el senador republicano Ted Cruz, quien dijo: «El comunismo es una ideología malvada y este hallazgo es un recordatorio de que los crímenes de los regímenes comunistas nunca serán olvidados».
Pero aquí emerge una figura de segundo orden, aunque próxima a Trump, Pedro Aznar –el de bigote divertido y führer frustrado que fue presidente de España y mintió a toda la Humanidad cuando juró a pie juntillas, a sabiendas que mentía, que Hussein contaba con armas de destrucción masiva y por tanto había que invadir a Irak– y la más que arrimada a Almagro: Rosa María Payá, hija de Oswaldo Payá, quien celebró la decisión de la CIDH de la OEA declarando: «esta no es solo una victoria para nuestras familias, sino para todas las víctimas de la dictadura y todos los cubanos que siguen luchando por la democracia y la libertad».
Rosa María Payá fundó Cuba Decide y lidera la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, financiada por los Estados Unidos para la “imposición de la democracia” como la conciben los yanquis para nuestros países y cuyos efectos todos conocemos y padecemos en esta parte del continente. Además, firmó un convenio con la OEA de Almagro “para apoyar el fortalecimiento de la democracia en las Américas”. Exacto, con la misma institución y personaje que incitó los recientes golpes de Estado contra Evo Morales en Bolivia y Pedro Castillo en Perú, con sus respectivos baños de sangre de los sectores populares.
Con cartas en la web como “activista cubana y disidente política”, en realidad Rosa María es una de los rostros promovidos desde la Casa Blanca para liderar el “cambio de régimen en Cuba”, entiéndase caída del socialismo e imposición de una dictadura neoliberal –con masacres de por medio–. Para ello cuenta con el público respaldo de Almagro y la OEA, además del financiamiento de esta institución así como de agencias norteamericanas como el Instituto Republicano Internacional (IRI) o el Instituto Nacional Demócrata (NDI).
En efecto, la administración Biden, con la instrumentalizada OEA, ahora se sirve del oportunismo y supuesta legitimidad de la CIDH para reabrir el “caso Payá”, levantar la figura de la joven mercenaria Rosa María, conseguir algo de respaldo entre los países de la Región, provocar la derogación del Acuerdo de Cooperación de la Unión Europea (UE) con Cuba y la ruptura de diálogos entre las partes y, quizás (¿quién sabe?), aventurarse a proyectar sus eternos planes intervencionistas en la mayor de las Antillas.
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