Cuando fue publicado, a mediados de este mes, el reportaje de Daniel Rivera titulado: “Ni Bolivia cambió, ni Evo cumplió”, gozó de una inusitada difusión entre los tradicionales medios de comunicación locales, a pesar de la reciente desaparición del principal matutino opositor, el periódico Página Siete, solo un par de semanas antes. Aparentemente había una gran demanda en la sociedad por periodismo de investigación subversivo e independiente, no sometido a los intereses de un poder gubernamental siempre sospechoso de corrupción y otros vicios políticos.
A pesar de la fuerte campaña de socialización que se condujo a su favor, la investigación financiada por la fundación Connectas no logró tener el impacto político que esperaban sus autores. Tal resultado puede explicarse sin recurrir a culpabilizar al Gobierno por un supuesto acto de censura, toda vez que el trabajo todavía está disponible en varios sitios web, algunos de ellos de gran alcance, sino por dos fallas que resultan imperdonables en el mundo del periodismo: los hechos que el reportaje cubría no eran noticia ni tampoco relevantes.
Otro más de los “independientes”
Un acto de corrupción debe ser siempre un motivo de preocupación para toda sociedad mínimamente funcional, pero solo cuando este presenta una auténtica amenaza para el bien común y no cuando los hechos que se acusan han sido debidamente corroborados. El problema con el trabajo de Rivera no reside en los datos que revela, sino en el enfoque con que los presenta.
Ciertamente el programa gubernamental “Bolivia Cambia” puede mostrar errores e inconsistencias, lo que no implica que se trate necesariamente de un esquema de corrupción sistemática de grandes proporciones. El enfoque que se aprecia en el sugerente titular parece más una acusación que una acción informativa, anticipando, quizá de forma demasiado tosca y directa, que ni Bolivia había cambiado durante los años que se auscultan, ni Evo Morales había cumplido alguna de sus tantas promesas. Por otro lado, dicho programa había sido increpado por representantes de la oposición y detractores del oficialismo con anterioridad, siendo denunciado de no ser más que un despilfarro improductivo de recursos públicos, generalmente con canchas poco provechosas para el desarrollo local o incluso elefantes blancos tan inútiles como lucrativos.
Todo ello sin mencionar el peligro de posibles casos de corrupción deliberada que podrían darse en cualquiera de las etapas de su ejecución. En todo caso, las denuncias y acusaciones en contra del “Bolivia Cambia” llevaban repitiéndose al menos una década. En pocas palabras, no era un hecho noticioso propiamente dicho, ni siquiera una noticia, por la delimitación temporal de la investigación. Es decir, tanto por su enfoque como por su actualidad, premisa básica de toda forma de periodismo, el reportaje en cuestión no es precisamente el mejor relanzamiento del periodismo antimasista.
Su autor se cuidó de revelar cualquier tipo de inclinación partidaria en las numerosas entrevistas que dio sobre su profundo trabajo investigativo, pero se delató a sí mismo al señalar que su único propósito era el revelar la verdad, dejando a las instancias correspondientes la determinación de responsabilidades. De ser así, entonces, cabría preguntar ¿por qué el titular? Una exageración incluso para el propio exPresidente, siempre tan dispuesto a ocupar titulares. En todo caso, el sesgo tendencioso de Rivera resultó más que obvio ni bien comenzó a tipear sobre el teclado.
Es recomendable ensayar nuevas ideas si de atacar al Gobierno se trata, puesto que todo lo que haya publicado hasta ahora la Fundación Pazos Kanki respecto al Ejecutivo debe ser considerado como un simple paso en un proceso de prueba y error, sobre todo error.
El eterno retorno de los hallazgos irrelevantes
El reportaje comienza con la narración de una pobre víctima de la delincuencia local de Santa Cruz de la Sierra, asaltada por un grupo de malvivientes en una de las obras mal ejecutadas del programa “Bolivia Cambia”. A partir de ahí nos adentramos en los detalles menos halagadores de la iniciativa de inversión pública con la que se habrían beneficiado 427 empresas por más de cuatro mil millones de bolivianos desde que comenzó a funcionar en 2009. Detalles entre los que cabría destacar una pérdida de casi 102 millones de bolivianos por la forma en la que fueron adjudicados los contratos.
Aún peor, entre ese inmenso conjunto de compañías especializadas en el esfuerzo inútil habría de distinguirse un reducido grupo de 20 empresas que eventualmente se apropiaron de una gran cantidad de obras solo por su cercanía con el poder político, consistiendo muchas veces en sociedades anónimas con no más de dos o tres empleados. Todo el proceso atravesado por irregularidades posibles gracias a las poco transparentes normas que rigen su funcionamiento, a través de los decretos 981 y 2262, por los que se eliminaría la competencia entre empresas, así como los límites presupuestarios del programa. El infame mecanismo de la contratación directa, sin licitación. Y todo bajo el paraguas de la Unidad de Proyectos Especiales del Ministerio de la Presidencia, dirigido por un largo tiempo por el villano favorito de la oposición: Juan Ramón Quintana.
Se trataría de un verdadero agujero negro de los recursos fiscales, repleto de irregularidades y, lo peor de todo, principal fuente de enriquecimiento de un reducido puñado de empresarios cuyo único mérito consistiría en su relación de proximidad con el poder político, con muchos de ellos tramitando la existencia oficial de sus sociedades anónimas poco antes de firmar contrato, incluso con horas de antelación. Y todo ello por obras de escasa utilidad pública, como estadios con más asientos que los habitantes del municipio donde fue construido o escuelas tan mal diseñadas que cuentan con ambientes literalmente sin puertas que les permitan un acceso.
La investigación no debe desmerecerse, por cierto, por su metodología, ciertamente rica en información y en datos aparentemente de primera mano, acompañada de entrevistas y un registro documental que seguramente implicó varios viajes a través del país. No obstante, es la tendenciosidad de sus conclusiones lo que debe criticarse.
Los hechos más allá del enfoque
Sarcasmo aparte, lo cierto es que el programa sí evidenció dichas falencias, y cuando no lo hizo fue criticado por la orientación improductiva de las inversiones, a través de las infames canchitas de pasto sintético supuestamente sugeridas por el exPresidente amante del fútbol, pasión de multitudes, tal vez, pero ciertamente no una política de salud pública por sí misma. No obstante, las limitaciones en la efectividad del programa deben ser matizadas a la luz de los proyectos que resultaron ser provechosos para las comunidades en los que fueron ejecutados, como escuelas, hospitales, postas sanitarias, centros de reunión municipal y otros que se contabilizaron para 2019 en más de dos mil 370 obras sociales.
Todo ello en un país donde el régimen fiscal distribuye recursos entre los más de 336 municipios de acuerdo a criterios poblacionales y no de necesidad, condenando así a poblados pequeños, alejados y con pocos habitantes, al olvido y la pobreza. Es decir, originalmente, el programa “Bolivia Cambia” habría tenido como principal objetivo remediar esa consecuencia voluntaria o no que dejó el orden municipalista del neoliberalismo. En cerrar la brecha dolorosa que separa áreas urbanas de áreas rurales. Uno de los clivajes más disgregantes de nuestra sociedad.
Finalmente, y esto es lo central, el programa fue concebido bajo una división de funciones en la que son los municipios y las gobernaciones y otros niveles subnacionales los que asumen la responsabilidad por la planificación, ejecución y evaluación de los proyectos, en los que la participación del Gobierno se limita al desembolso de los recursos y la contratación de las empresas a desarrollar el trabajo. Es justamente esto lo que se observa como rasgo negativo del programa, se podrá argumentar, y claro que se trata de un aspecto que podría mejorarse sin necesariamente pasar al otro extremo, por el que suelen abogar los opositores: que lo haga la empresa privada, en un contexto de desregulación del capital, que permita la libre competencia.
Por lo tanto, cuando el joven periodista insiste en que no tiene la intención de acusar a nadie ni mucho menos abogar a favor o en contra de una línea partidaria, debe tomar en cuenta aquel detalle por el que también serían muy reprensibles alcaldes y gobernadores, y no necesariamente el expresidente que tan farandúlicamente coloca en su titular. No es que a él le moleste, pero las cosas ya han tomado su propio ritmo y van más allá del personaje en cuestión. No se trata de una figura en particular, sino de un programa de inversión pública destinado a millones de personas que habitan lo que desprecian los entusiastas de la urbanización forzada del Tercer Mundo.
El periodismo de Connectas
Ahora bien, contextualicemos el reportaje que fustigamos con tanta delicadeza. No se trata de una iniciativa personal de algún periodista comprometido con la verdad, sino de un trabajo financiado por una fundación extranjera que tiene sus propios criterios para considerar la relevancia o pertinencia de una propuesta periodística. El problema no es Daniel Rivera, sino la persistencia de think tanks y fundaciones indisimuladamente opuestas a los gobiernos de corte progresista que no dejan de surgir desde principios de este siglo en la Región.
Connectas es una de esas fundaciones que denunció el expresidente atacado en el titular, tan burlescamente señalado por el periodista Tuffi Are en entrevista con su colega Rivera. Aunque es algo más que una ONG ligada al ridiculizado imperialismo estadounidense, no deja de responder a los intereses de las clases conservadoras. El hecho de que la National Endowment for Democracy se encuentre entre sus patrocinadores debe ser indicio suficiente para desconfiar de sus intenciones. Basta recorrer o hacer scrolling por su página web para notar el sesgo antiprogresista de sus titulares, como los que ironizan las iniciativas de AMLO, o los que denuncian la contaminación que produce el extractivismo boliviano, venezolano, colombiano o chileno.
No se puede aseverar que se trata de mal periodismo, cubriendo algunos temas que son de interés general, como el estado del medio ambiente, el narcotráfico, la corrupción y demás. Pero titulares como “El dólar pierde terreno, pero aún gana la carrera” evidencian su inclinación panamericana desde el inicio. De ninguna manera es un periodismo que pueda considerarse independiente, pero sí elegante, sofisticado, metódico y original. No es un mal sitio, en serio no lo es. El formato de sus reportajes es variado, la narración es casi literaria, por lo que no sería extraño toparse con una que otra crónica de buena calidad entre sus páginas.
Nada de ello impide la principal paradoja de nuestro tiempo. La asombrosa omnipresencia de los medios de comunicación y sus potentes aparatos de difusión, tergiversación, desinformación y entretenimiento, que contrasta con su aparente inutilidad a la hora de desprestigiar a los gobiernos progresistas, sobre todo a los que provienen de procesos impulsados por mayorías populares. Una limitación que no reside en la calidad de su labor periodística, sino en una lógica trasnochada de presentarse engañosamente como medios independientes cuando ya no queda casi nadie que crea la patraña de la imparcialidad. Por eso cosechan más éxito los opinadores e influencers que se presentan abiertamente como conservadores o de derecha, sin complejos. La gente sabe que al menos puede confiar en su cinismo.
Hasta que la derecha boliviana no aprenda eso, estará destinada a seguir el camino trazado por Página Siete, atrapada entre las normas del periodismo formal y su necesidad de convocar y unificar al antimasismo más radical.
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