julio 18, 2024

El Salvador y la aplicación de la justicia

Por-. Luis Beatón


San Salvador-. En El Salvador hoy son pocos los que niegan la efectividad de las políticas de seguridad contra las pandillas; pero, al igual, son muchos los que hablan de los costos de estas.

El tema no desaparece de la realidad que enfrentan los salvadoreños, de su día a día y de su obligada interacción con la política local, la economía y, más recientemente, con el castigo a los infractores que hicieron del crimen un negocio.

En los últimos días, tanto el arzobispo de San Salvador, José Escobar Alas, como el cardenal Gregorio Rosa Chávez, emitieron comentarios que llaman a la reflexión en un país, donde la iglesia siempre tuvo un peso sustantivo en la vida de la población.

Rosa Chávez tocó aspectos medulares de la situación, antes abordados por Escobar Alas, una coincidencia en pronunciamientos que se acercan a un llamado a la reflexión.

Durante declaraciones a medios de prensa el primer y único cardenal salvadoreño fue incisivo, cuando manifestó que “hay una crisis fuerte realmente de liderazgo en el país” y “un clima de terror y de temor que impide que gente valiosa aporte”.

“Hay que vencer el miedo, creer en el ser humano, que es capaz de lo mejor”, puntualizó.

El líder católico abordó la situación de los tres poderes en el país (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y precisó que no hay contrapeso entre ellos, ¿quién controla a quién?, preguntó. “Nadie. Eso es fundamental, sumamente grave”, afirmó, en respuesta a una pregunta sobre la habilitación de la reelección presidencial inmediata.

En esa línea de análisis, un día antes Escobar, citado por el diario El Mundo, calificó por primera vez de “evidente” que seis artículos de la Constitución de la República “prohíben de manera absoluta” la reelección presidencial inmediata y que la Sala de lo Constitucional se pronunció “a favor” de la misma, interpretando el artículo 152 de la Carta Magna.

El cardenal abordó algo que acaparó espacios en círculos políticos y de críticos al Gobierno, los decretos aprobados por la Asamblea Legislativa para procesar a las personas capturadas en el régimen de excepción instaurado en El Salvador desde el 27 de marzo de 2022.

La norma, según su visión, no permite un debido proceso y tampoco “la presunción de inocencia, dos pilares de la democracia”, algo que respondió ante la pregunta sobre si los decretos adoptados garantizarán justicia.

Ante lo aprobado para procesar a los cerca de 72 mil pandilleros y presuntos colaboradores capturados, el prelado coincidió con el arzobispo Escobar, quien demandó la pronta libertad para los inocentes y “un trato digno” a los culpables, de quienes sostuvo deben cumplir la ley.

Al analizar las reformas, el jerarca religioso coincidió con los juristas y apuntó que “esta ley no permite el debido proceso”, que es un derecho de cada salvadoreño.

El asunto es centro de debate en medios nacionales e internacionales. Así, el diario La Prensa Gráfica publicó opiniones de la Oficina en Washington para los Asuntos Latinoamericanos (Wola), la cual consideró que los juicios colectivos ponen en duda la capacidad del Gobierno para sancionar delitos y reflejan insostenibilidad del régimen de excepción.

La organización, con sede en Estados Unidos y calificada como líder en investigación e incidencia que promueve los derechos humanos en las Américas desde una posición para algunos objetiva, estimó que las reformas aprobadas amenazan el derecho a la justicia, a la defensa y al debido proceso.

Las novedades indican que los supuestos pandilleros detenidos bajo el régimen serán procesados por grupos, ya sea como «clicas» o «canchas», y no de forma individual, lo cual hace que surjan interrogantes sobre cuántos inocentes purgarán condenas en las cárceles por delitos en los que no incurrieron.

Algunos expertos y observadores opinan que eso muestra los tortuosos caminos que enfrenta la justicia en El Salvador, donde la falta de peso y contrapeso entre los poderes del Estado avanzan hacia una peligrosa crisis.

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