Por José Hugo Moldiz Mercado * -.
El 8 noviembre de este año el presidente Luis Arce acaba de cumplir tres años de mandato de los cinco que establece la Constitución Política del Estado. Sin embargo, el riesgo de que sea obligado a adelantar las elecciones generales no se ha alejado dado el ambiente de corrientes huracanadas en el que desarrolla su gestión: por un lado, las que provienen desde una ultraderecha que, a pesar de haber fracasado tres veces en su intento por derrocarlo, seguirá apostando por su desestabilización en la medida que vea inviable retomar el gobierno por la vía electoral; y por otro lado, las que se originan en las agudas tensiones y contradicciones que se registran con la facción del MAS liderada por Evo Morales, quien ha electoralizado tempranamente el ambiente político en su aspiración de ser el candidato a la presidencia en 2025. En realidad, el actual jefe del Estado Plurinacional puede ser derrocado por la convergencia, exista plan único o no, de esas dos corrientes huracanadas, antes de las elecciones de 2025.
Lo que el actual jefe del Estado tiene a su favor es un amplio respaldo a su gestión a pesar de las circunstancias, al hecho de que el expresidente indígena ha dejado de ser el único factor de articulación del bloque social que hizo posible el triunfo electoral de diciembre de 2005 y a la ampliación, todavía incipiente, de su liderazgo político-estatal al liderazgo político-social propiamente dicho. De hecho, el pasado 17 de octubre, en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, se llevó a cabo un multitudinario “Cabildo del Pueblo” en el cual las organizaciones y movimientos sociales, además de desconocer el Congreso del MAS en Lauca Ñ por no haber contado con el consenso de las fundadoras del Instrumento Político (campesinos indígenas originarios, interculturales y campesinas indígenas originarias), se declararon en alerta ante las amenazas de derrocamiento del gobierno y aprobaron una declaración o manifiesto en el que piden la recuperación/reconducción del Proceso de Cambio, ajustes en el gabinete, una nueva forma de hacer política y anuncian el retorno a los orígenes del Instrumento Político. Puede afirmarse, sin exagerar, que el cabildo le brinda al presidente Arce la oportunidad histórica de convertirse en síntesis de las aspiraciones de las clases y sectores sociales subalternos.
Arce –exministro de Economía de Morales y con un perfil tecnocrático durante los 14 años del llamado Proceso de Cambio (2006-2019)–, en estos tres años como presidente del Estado Plurinacional está haciendo aflorar, de manera gradual, su lado político, cuyo origen se encuentra en su militancia de izquierda dentro del partido liderado por el socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, quien fuera asesinado en el golpe de Estado del 19 de julio de 1980. Y desde esa su doble condición –presidente y militante marxista– es que empezó a encarar la triple crisis que azotaba Bolivia: sanitaria (covid-19), económica y política. Las causas de esa crisis múltiple tenían relación directa con los efectos de la pandemia que se apoderó del mundo, con las consecuencias del golpe de estado de noviembre de 2019 y con algunos desajustes en el modelo económico. En menos de un año de gestión sacó a la economía de una contracción de -11 por ciento para retomar el camino del crecimiento y la pandemia fue atendida con efectividad al disponer de pruebas y vacunas gratuitas. Al cumplirse el tercer año de su mandato Bolivia registra el nivel más bajo de inflación de la región y apunta a ser la tercera economía en crecimiento hasta fines de año. El eje central programático del gobierno es la industrialización para la sustitución de importaciones, lo que implica apuntar a construir la base material sobre la que se asiente la revolución social, ha sostenido varias veces el primer mandatario. Y ante la disminución de la producción y exportación de gas desde 2017, la disminución de las reservas internacionales y problemas de liquidez del dólar, la apuesta es la industrialización del litio con participación china y rusa, y la instalación de más de un centenar de nuevas plantas para distintos fines.
El gobierno honró a las víctimas del golpe de Estado y de las masacres de Sacaba y Senkata. Los principales responsables de la ruptura democrática se encuentran con sentencia condenatoria o con detención preventiva mientras concluyen los juicios ordinarios. Empero, una agenda de consenso firmada entre la facción evista y la derecha tradicional (Comunidad Ciudadana y Creemos) en el Senado incorpora el punto de “debido proceso para los presos políticos” tendrá efectos en los juicios pendientes contra los protagonistas del golpe y se convertirá en la punta de lanza de campañas internacionales contra el gobierno de Arce en el exterior.
El principal peligro para el gobierno procede del propio campo de lo nacional-popular-comunitario. Una facción del MAS, ya declarada en oposición, está desplegando un “radicalismo conservador” que, quizá sin pretenderlo, le da combustible a la “guerra híbrida” que el imperialismo y la derecha clásica desarrolla contra el gobierno. Y si Arce no concluye su mandato, no sería la primera vez en Bolivia que una equivocada estrategia y tácticas de sectores de la izquierda, traducida en confundir al enemigo principal y en proponerse objetivos y métodos de lucha no adecuados, termine por clausurar un ciclo popular y beneficiar a su contradictor histórico. Ya ocurrió en la década del 70 durante la experiencia del gobierno militar patriótico de Juan José Torres y la Asamblea del Pueblo, y luego en el gobierno de Hernán Siles Suazo en la primera mitad de la década de los 80. En ambos casos no fue la instalación de un gobierno popular, indígena y obrero la puerta de salida a las contradicciones políticas internas y externas del momento, sino el inicio de dictaduras militares de la seguridad nacional en los 70 y en la vigencia de dos décadas de neoliberalismo en el segundo caso.
La facción del “radicalismo conservador” no cesa en afirmar que hay una derechización del gobierno y comparar a Luis Arce con el expresidente ecuatoriano Lenin Moreno. Pero esa construcción mediática tiene mucho de fake news y contrasta con la realidad: el gobierno no ha privatizado ni transnacionalizado nada, no tiene acuerdos fondomonetaristas, no ha tomado medidas para beneficiar a la hegemónica burguesía de la agroindustria y la banca como ocurrió con Evo Morales a partir de 2016 y en su política exterior la prioridad la tienen los países del BRICS y la relación con los gobiernos de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Brasil, México, Colombia y otros considerados de izquierda y progresistas. Y, por si fuera poco, el gobierno popular rompió relaciones con Israel en protesta por los crímenes de guerra que cometen las fuerzas militares sionistas contra el pueblo de palestino en el territorio ocupado de Gaza.
El golpe de muerte amenaza con venir desde el propio campo de lo nacional-popular-comunitario, en medio de un silencioso regocijo de las fuerzas de derecha y de una activa contemplación de la embajada de los Estados Unidos. La estrategia imperial cuenta con terreno favorable. El alto grado de implosión interna en las fuerzas populares se lo facilita y lo único que debe hacer el imperialismo es seguir atizando las contradicciones. Las consecuencias en la región de lo que puede consumarse en Bolivia son incalculables y de eso no parecen estar advertidos los que están llevando la resolución de las contradicciones a un camino sin retorno.
* Escritor e investigador boliviano, exministro de Evo Morales, dirigente de Patria Socialista-Movimiento Guevarista (PS-MG) y del Colectivo Revolucionario Plurinacional Marxista Comunitario (CRPMC), y coordinador del Capítulo Boliviano de la Red de Artistas e Intelectuales en Defensa de la Humanidad.
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