Por La Época-.
El viernes pasado, en una resolución judicial que revirtió una amañada declaración de incompetencia, la Sala Penal Cuarto del Tribunal departamental de justicia de La Paz determinó que la expresidente de facto Jeanine Áñez y otra veintena de personas acusadas por sus actuaciones a partir del golpe de Estado de noviembre de 2019 sean juzgadas por la vía ordinaria y no mediante un juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
La revocatoria de la resolución del Tribunal Cuarto de Sentencia de El Alto tiene varias implicaciones desde el punto de vista jurídico y político, dentro y fuera del país.
Primero, desde el punto de vista jurídico da un paso fundamental para encaminar el juicio de Áñez y otros involucrados en el gobierno de facto por la vía del juicio ordinario, pues aún falta revocar otra resolución del juzgado de Sacaba, lugar donde se produjo la masacre de campesinos y campesinas en noviembre de 2019. El Tribunal de Sentencia Nro. 1 de esa jurisdicción se declaró incompetente, al igual que el de El Alto, de conocer y resolver los hechos acusados por el Ministerio Público contra Áñez y otros, e indicó que la expresidenta debe ser sometida a juicio de responsabilidades.
Por tanto, la revocatoria adoptada en La Paz todavía no resuelve plenamente la disyunción de si los involucrados en la dictadura deberán ser procesados por la vía ordinaria o juicio de responsabilidades. Sin embargo, se ha dado un paso fundamental en la dirección correcta.
Segundo, desde el punto de vista político y de manera implícita, en los hechos responde al punto 8 de la agenda acordada entre la facción “evista” del Movimiento Al Socialismo (MAS) y la oposición en el Senado, sobre “el debido proceso a los presos políticos”. Y la respuesta es que en Bolivia no hay presos políticos y que los involucrados en el golpe de Estado de noviembre de 2019 deberán ser juzgados por la vía ordinaria.
Eso quiere decir, y era obvio que iba a ocurrir, que el campo donde se va a resolver si en Bolivia hay o no presos políticos es en el Órgano Judicial y no en el Legislativo. La oposición quemó combustible.
Tercero, hacia el exterior se lanza un mensaje muy claro a los activistas de derecha que ya han emprendido campañas de denuncia sobre la existencia de presos políticos en el país. Si bien la resolución de revocatoria del tribunal de justicia de La Paz todavía no despeja el peligro, sí le quita fuerza al acuerdo en el Senado, cuyo uso político de parte de la oposición no se dejó esperar.
Por tanto, a un poco más de tres años de la ruptura del orden democrático y del derrocamiento del presidente Evo Morales, pero también de la recuperación de la democracia y de la instalación del gobierno del presidente Luis Arce, las acciones judiciales para condenar la violación de la Constitución Política del Estado (CPE) siguen en un camino acechado por peligros. La democracia y las víctimas del golpismo reclaman justicia.
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