Santa Cruz-. (ABI). – El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) informó que, según un monitoreo, Santa Cruz sufrió millonarias pérdidas con casi 200 puntos de bloqueo entre 2023 y lo que va de este mes. Ante esta situación la entidad privada sugirió aplicar sanciones a quienes dañen la economía con ese tipo de medidas de presión.
“En 2023, solamente en Santa Cruz tuvimos 185 puntos de bloqueo con una afectación a 211 días de trabajo en los que el sector ganadero, porcinocultor, avícola y lechero, además de los transportistas, exportadores, importadores, comerciantes y prestadores de servicios, fueron los más afectados”, informó este jueves el gerente general del IBCE, Gary Rodríguez.
El ejecutivo añadió que en lo que va de este año, en el departamento cruceño, se instalaron al menos ocho puntos de bloqueo, lo que ocasionó unos nueve días de caminos afectados en el libre tránsito.
“Al final del día con los bloqueos pierde toda Bolivia, porque crecemos menos, disminuye el empleo, las familias tienen menos ingresos, baja la captación de dólares y los precios suben por el desabastecimiento”, señaló.
Insistió que, cuando hay bloqueos, suben los precios y se afecta a la economía del consumidor; asimismo, en el comercio exterior, las exportaciones quedan varadas, se presentan sobrecostos, hay pérdida de mercados. Igualmente, en los importadores, al no poder entregar sus mercaderías.
“Ni qué decir del transporte nacional e internacional de carga o de quienes no pueden trabajar con normalidad para generar ingresos y afrontar sus necesidades. El perjuicio que origina cualquier bloqueo, al final del día, afecta a todos los bolivianos”, sostuvo.
Añadió que, ante esa situación, las tres recomendaciones del IBCE siguen vigentes: la primera, extremar esfuerzos para evitar nuevos conflictos; la segunda, gestionar con prontitud aquellos que estén en curso; y la tercera, sancionar a quienes causen daño a la economía.
Es decir que, con bloqueos, se ocasionan daños a los productores, exportadores, importadores, transportistas, comerciantes, consumidores y a la ciudadanía, “recordando que, cuando se habla del derecho al libre tránsito y al trabajo, estamos hablando de derechos humanos”, dijo Rodríguez.
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