Por La Época-.
Las amenazas de reinstalar el bloqueo de caminos de parte de la facción conservadora del Movimiento Al Socialismo (MAS) poco después de concluidos los carnavales, a pesar de la aprobación de la Ley de Convocatoria para las Elecciones Judiciales, es una confirmación de que detrás de una aparente buena causa en realidad se esconden dos objetivos antidemocráticos conectados a intereses particulares.
El primero, concretar el acortamiento de mandato del presidente Luis Arce, reeditando, aunque en condiciones distintas, la experiencia del Hernán Siles Suazo, quien en 1985 tuvo que adelantar elecciones en un contexto político y económico adverso: tenía minoría congresal, fisuras dentro de la coalición electoral que lo llevó a ganar las elecciones en 1980, sindicados que liderados por la COB no identificaron bien al enemigo principal, organizaciones empresariales desestabilizando y una crisis económica que alcanzó niveles muy altos
Desde que se recuperó la democracia, el gobierno de Arce ha venido enfrentando una dura oposición desde los partidos y poderes fácticos de derecha: en noviembre de 2021 se desplegó un paro indefinido en Santa Cruz contra la Ley de Ganancias Ilícitas; en 2022 otro similar, más violento, con la bandera de Censo 2023; y en enero del año pasado acciones de violencia por la detención de Luis Fernando Camacho.
Pero los golpes más duros contra el presidente Arce han provenido desde la facción del MAS conducida por Evo Morales. De manera progresiva y sistemática los ataques del exmandatario y de sus colaboradores más estrechos han ido minando al Gobierno. Este “fuego amigo” provoca efectos mucho más serios que los originados desde la derecha clásica.
Tanto en declaraciones públicas y otros en encuentros internos importantes dirigentes de esa facción han venido planteando la línea política de revocar el mandato (cuando constitucionalmente era el tiempo para hacerlo) o de conseguir el adelanto de elecciones, lo cual solo es posible con un golpe de Estado.
El segundo objetivo es de controlar el Organo Judicial, particularmente el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), para allanar el camino para una nueva postulación de Evo Morales, quien tiene cerrada esa posibilidad debido a un fallo constitucional que recoge la Opinión Consultiva emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ha concluido que la reelección indefinida no es un derecho humano.
En realidad, detrás de la exigencia de llamar a elecciones judiciales, que no fueron convocadas a tiempo debido al fracaso de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y que no es responsabilidad del Ejecutivo, se esconde el interés electoral y personal de Morales, quien ha hecho aprobar estatutos del MAS a su medida a fin de que nadie más pueda ser candidato de esa organización.
¿Cómo se conectan ambos objetivos? No es muy difícil de deducir. La facción evista, que del bloqueo en la ALP está pasando al bloqueo en los caminos -que aunque no sean nacionales hacen daño-, considera que su jefe político tendrá menos posibilidades en 2025, por lo que si las elecciones generales son antes mejor.
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