Por Diego Portal (Analista político)-.
“Nadie puede mostrarse como ganador cuando el pueblo ha perdido, el pueblo sabrá valorar e internalizar lo que ha pasado. Siempre lo decimos, el pueblo es sabio y dará su veredicto mañana. No por culpa de la ambición de unos cuantos podemos castigar a la mayoría”, sostuvo el presidente Luis Arce Catacora, el pasado martes, a tiempo de promulgar la Ley de Convocatoria a Elecciones Judiciales. De esta manera, el Ejecutivo cumplía con la parte que le correspondía en un conflicto que para nada puede considerarse como concluido o cerrado.
La discusión y aprobación de esta ley es una atribución exclusiva de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), así como la preselección de los postulantes habilitados y la posterior remisión de esa relación de habilitados al Tribunal Supremo Electoral (TSE), que a partir de ese momento queda a cargo de la siguiente fase del proceso: la elección, mediante voto directo ciudadano, de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Constitucional (TC), Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.
Hasta ahí lo formal, lo establecido en la Constitución Política del Estado (CPE), y que debiera desarrollarse sin mayor problema y sin necesidad de que sea un conflicto acompañado de medidas de presión extremas como un bloqueo de caminos de más de medio mes de duración. La razón de por qué no sucedió así debe buscarse en la propia ALP.
Pero algo sucedió dentro del Legislativo, donde un grupo minoritario de oposición pretendió llevar adelante un proyecto que de inicio vulneraba principios constitucionales y se negó a hacer las enmiendas correspondientes, hasta que tuvo que ser el TC el que, a través de una sentencia, la tan mencionada 1010/2023, dejara las cosas en su lugar, aunque entremedio había trascurrido ya un tiempo sumamente valioso, irrecuperable, que imposibilitó la realización de las Elecciones Judiciales en los plazos adecuados para no generar un vacío en el Órgano Judicial.
Si oportunamente la ALP hubiese llevado a cabo su tarea, con verdadera voluntad de sacar adelante las Elecciones Judiciales y no politizarlas con otras finalidades que salieron a la luz pública durante el conflicto, seguramente el país y el pueblo se hubiesen ahorrado un conflicto innecesario y evitado las pérdidas millonarias que ahora todos lamentamos.
Lo cierto es que, como afirmaba el presidente Arce, nadie puede considerarse ganador con este conflicto, pues quien ha perdido es el pueblo en su conjunto, sin entrar a los detalles que ya han sido ampliamente difundidos sobre los daños cuantificados en materia económica en los distintos sectores de la población. La realización de las Elecciones Judiciales no puede, ni debe, considerarse como una demanda ciudadana ni nada parecido, sino únicamente como un mandato constitucional que debe cumplirse sí o sí, como está establecido. Las responsabilidades tendrán que establecerse en algún momento.
Una crisis histórica
El Sistema Judicial atraviesa desde hace muchísimos años una profunda crisis, constante y progresiva, sin visos de solución. El antiguamente denominado Poder Judicial era considerado desde siempre como parte del botín de guerra de los gobiernos de turno, desde las dictaduras militares, que tras la toma del gobierno procedían inmediatamente a la remoción de las cabezas de la Corte Suprema de Justicia, hasta los gobiernos “democráticos” de la época de la gobernabilidad pactada, donde todos siguieron la misma ruta, maquillándola bajo la modalidad de acuerdos entre los partidos con presencia parlamentaria, loteándose el Poder Judicial en su conjunto, logrando así el control total de la administración de Justicia.
Varias han sido las propuestas de reforma judicial a lo largo de, cuando menos, los últimos 40 años, tras la recuperación de la democracia. En la década del 90 el gobierno acudió al Banco Mundial (BM) para intentar realizar una reforma profunda del Sistema Judicial. Luego de varios años de trabajo de ese grupo integrado por “notables” profesionales y consultores extranjeros que se llevaron muy buenas remuneraciones se presentó como la solución definitiva a la crisis de la Justicia la creación de nuevas entidades al interior del Poder Judicial. Ahí, entonces, aparecen en la estructura institucional judicial, junto a la Corte Suprema de Justicia, el TC, el Consejo de la Judicatura (hoy magistratura). El Tribunal Agrario (hoy Agroambiental) ya había sido establecido en la Ley INRA, pero no había sido puesto en funcionamiento.
Al margen de un crecimiento repentino en cuanto a sus funcionarios, que en los hechos triplicaban los que antes desempeñaban labores en la Corte Suprema de Justicia, se la había reducido a esta a un simple tribunal de casación. Todas sus funciones administrativas y disciplinarias fueron transferidas a un Consejo de la Judicatura con superpoderes.
Los nuevos tribunales y el Consejo fueron copados de inmediato, vía Legislativo, por los partidos de la megacoalición gobernante. Basta una revisión de la prensa de aquella época para observar que las máximas autoridades del Poder Judicial respondían a los partidos de gobierno, en proporción a su presencia parlamentaria. El remedio fue igual o peor que la enfermedad, porque además que la crisis de la Justicia no había encontrado una solución real se había creado una nueva burocracia judicial no solo en la sede de este poder del Estado, sino en los nueve departamentos. No solo se perdió tiempo, sino también considerables recursos que tuvieron que ser pagados a los financiadores del proyecto.
Tras la aprobación y promulgación de la nueva CPE, en febrero de 2009, se operan cambios, particularmente en la forma de elección de las máximas autoridades del Órgano Judicial. Ya no sería el Legislativo el que elija esas autoridades de manera directa, sino que se dejaría al voto ciudadano directo la elección de esas autoridades. Sin embargo, la preselección de los postulantes aún queda en manos del Órgano Legislativo y obviamente determina que esta tenga un carácter político muy parecido a lo que sucedía cuando ese órgano designaba directamente a esas autoridades. Como mencionó una exautoridad de gobierno: se pasó del cuoteo partidario al cuoteo de la dirigencia de sectores sociales. Cuan bueno puede considerarse eso es algo que el ciudadano debe decidir.
El problema de fondo
Se torna evidente que la designación, llámese elección de magistrados, es solo una parte del problema, importante sin duda, pero que no alcanza para solucionar la cuestión de fondo que es la profunda crisis que aqueja al Sistema Judicial en todos sus niveles.
Un grafiti visible hace algún tiempo en un muro ubicado frente al edificio del TSJ, en la ciudad de Sucre, decía: “la Justicia es como la víbora, solo muerde a quien trae los pies descalzos”. Es evidente que la administración de Justicia ha dejado de contar con la confianza del ciudadano, quien más bien la teme y prefiere evitarla, “un mal arreglo es mejor que un buen juicio” suele escucharse en las calles, mostrando cual es la credibilidad que se tiene en los operadores de Justicia.
Desde diversos sectores sociales, profesionales, abogados y exautoridades del Órgano Judicial se ha puesto en evidencia la existencia de elementos más contundentes como el uso y abuso de la detención preventiva, que al parecer se ha convertido en un mecanismo de extorsión a quienes son denunciados por la comisión de distintos delitos, los que quedan sin ninguna posibilidad de acceder a otras medidas sustitutivas que también están previstas en la normativa, muchas de las cuales si bien no parecen ser de difícil aplicación, como el uso de manillas electrónicas, no terminan de ponerse en funcionamiento.
Este abuso de la detención preventiva ha determinado otro problema de igual o mayor magnitud como es el hacinamiento en las cárceles, ocupadas en casi un 80% por personas que no están cumpliendo una sentencia definitiva, sino únicamente que guardan detención preventiva. Y no vamos a referirnos a los problemas que se pueden observar alrededor del sistema carcelario, porque amerita un trabajo específico tan o más extenso que este.
El litigante sabe, y sus abogados suelen repetírselo con frecuencia, que para acceder a la atención de un juez o un fiscal se necesita dinero y si no hay no se puede garantizar ningún resultado, sin importar si se tiene o no la razón en el litigio. Esto suele suceder en el juzgado de la población más alejada de las capitales, como en los más altos tribunales del país. ¿Verdad o mentira? No se puede afirmar categóricamente, pero con seguridad que es el sentimiento del ciudadano sin importar el estrato social o económico en el que se encuentre.
El problema, por tanto, llega a todos los niveles del Sistema Judicial, desde sus más altas esferas hasta las distintas instancias que lo componen e involucra, además, sin lugar a ninguna duda, al Ministerio Público y a otras instituciones que participan en la administración de Justicia, como las instancias encargadas de las investigaciones que son parte de la Policía Nacional.
Esta situación hace que el problema se torne más complejo en su solución, razón por la que seguramente no existen de parte de los partidos políticos u otras organizaciones propuestas integrales para encarar una verdadera reforma de este sistema que, pese a los cambios hechos en varias oportunidades, no ve una luz al final del túnel.
La Prórroga O La Autoprórroga
Los bloqueos de caminos y otras manifestaciones de protesta que se han producido en las últimas semanas blandían como consigna la aprobación de la Ley de Convocatoria a Elecciones Judiciales, por una parte; y el pedido de renuncia de los actuales magistrados del Órgano Judicial, por otra.
La primera demanda ni hipotéticamente debiera plantearse, menos contra el Gobierno, porque se trata de un mandato constitucional que le corresponde a la ALP y cuyo incumplimiento conlleva las responsabilidades que establece la CPE.
Si la decisión del TC de ampliar su mandato ante la inminencia de un vacío de poder que se iba a generar debido a que el Legislativo no cumplió con una de sus tareas específicas, desarrollando con la suficiente antelación las labores correspondientes para cumplir ese cometido, es considerada como ilegal o contraria a la Constitución compete también a la instancia legislativa determinarlo.
El ciudadano se pregunta ¿qué hubiese sucedido si los magistrados se iban a su casa el primer día de este año?, refiriéndose, desde luego, al trámite de causas que llegan a esa instancia jurisdiccional. Son pocos los que se animan a ensayar una respuesta, mucho más cuando algunos consideran que la inoperancia de este órgano (el judicial), la mora procesal existente casi constante, hacen que se pueda pensar en que nada o casi nada hubiese pasado. Sin embargo, hay que decir que por más que esa sea la percepción el Estado necesita que sus órganos funcionen de manera permanente y cumplan adecuadamente las funciones que les han sido asignadas. La ausencia de alguna de ellas podría determinar problemas mayores en el funcionamiento del aparato estatal.
Según algunos analistas y juristas, si la instancia llamada por ley a prever y solucionar este tipo de emergencias, el Legislativo, no se ha pronunciado oportunamente dando una salida viable en el marco de sus atribuciones habrá que analizar más allá de la letra muerta de la ley si la decisión emanada del TCP sirvió para garantizar el funcionamiento de este órgano del Estado o si, por el contrario, puede ser considerada impertinente. Pero esa definición tampoco le corresponde al Órgano Ejecutivo, ni al Electoral, y debe ser tomada donde corresponde, asumiendo las responsabilidades que puedan generarse.
Justicia independiente
Una consigna que suele aparecer reiteradamente en distintos voceros, particularmente de sectores opositores al Gobierno, es el de apuntar a una “justicia independiente”, refiriéndose casi unánimemente a la forma y condiciones de la elección y/o designación de autoridades judiciales. Sin embargo, no existe en esos voceros una precisión acerca de qué se debe entender por “independiente”. ¿Que los magistrados no pertenezcan a un partido político? Eso ya está establecido en la CPE. Todos supondríamos que a eso se refiere esa exigencia o demanda que viene precisamente de quienes lustros atrás se parcelaban el Poder Judicial de la forma más grosera, sin importarles para nada la tan cacareada independencia.
No mencionan que la mayoría o una gran parte de los jueces en Bolivia, como en otros países, más allá de su vinculación con algún partido o, incluso, con determinado gobierno, están fuertemente ligados a otro tipo de intereses corporativos, económicos o de grupos particulares que no precisamente tienen relación con la política, los partidos o el gobierno, y que pueden ser parte de intereses foráneos o trasnacionales que buscan otros objetivos más allá de la administración de Justicia.
¿Un callejón sin salida?
Aunque suene raro, lo que debe buscarse a través de cualquier reforma es que la Justicia sea justa, que la administración sea proba, que los jueces administren justicia de manera ecuánime y solo basados en la ley, sin importar otro tipo de consideraciones que inclinen la balanza favoreciendo a ciertos intereses no siempre correctos.
Pero no parece vislumbrarse en el futuro próximo una solución que encamine a esos fines. Las propuestas hechas públicas por algunos parlamentarios, políticos y grupos de abogados, autonombrados notables o independientes, están lejos de ser una solución real a este problema.
Un amplio debate nacional, que exija la participación de todos los sectores de la sociedad, de sus organizaciones sociales, de las universidades, de los profesionales (no solo abogados), podría ser el inicio de un recorrido que permita acceder a una salida a este largo, oscuro y estrecho callejón por el que hace décadas viene transitando nuestra administración de Justicia.
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