abril 13, 2024

¿Por qué la oposición es golpista, no tiene propuestas y solo busca desestabilizar la democracia?

Por Diego Portal (Analista político)-.


El cantautor y combatiente guerrillero Benjamín Inda Cordeiro, más conocido como Benjo Cruz, asesinado en Teoponte en 1970 por tropas del Ejército boliviano, afirmaba en uno de sus poemas-canciones: “como que este mundo es redondo, hay gente que de tanto querer estar a la izquierda de la izquierda aparece a la derecha de la derecha”.

¿Qué proyecto de país propone la oposición? Solo busca el poder para saciar sus apetitos particulares y de grupo. No existe una propuesta en ningún aspecto: ni en economía, sociedad, justicia, cultura; en nada, absolutamente en nada.

La actual oposición política, desde el inicio mismo de la gestión del presidente Luis Arce Catacora, no ha logrado articular un discurso serio y coherente, como tampoco pudo en la campaña electoral de 2020 esbozar propuestas apropiadas para las regiones o para el país. A este deprimente panorama se ha sumado la ausencia plena de liderazgos reales que puedan constituirse en referentes de la ciudadanía que votó por esas opciones o que cree en ellas.

Aun cuando este panorama opositor no es nuevo, no deja de llamar la atención que la crisis de 2019 no haya logrado adoptar como enseñanza –particularmente la derecha– que esa deficiencia en la lectura de qué es lo que busca y espera la ciudadanía de la clase política es la que reiteradamente la ha llevado al fracaso electoral y político desde hace dos décadas, con estrepitosas derrotas en las urnas y en la movilización popular.

La derecha opositora no aprende, sigue aplicando la misma fórmula que le ha llevado todo este tiempo al desastre, no sabe vivir en democracia si no tiene el poder en sus manos. Añora el antiguo escenario de pactos de gobernabilidad, sin propuestas, sin programas de gobierno, solo y únicamente con distribución de cuotas de poder, de parcelamiento del aparato estatal. Así gobernaron 20 años y no comprenden que el país ha cambiado profundamente en ese lapso de tiempo.

En esta época de estabilidad económica, de transformaciones sociales, de inclusión de los sectores más marginados históricamente, que pretendieron a través de un golpe de Estado militar-policial en 2019 revertir, fueron actores marginales y hoy lo siguen siendo. Aunque se consideren con la capacidad de cobrar vigencia no con planteamientos que apunten a mejorar al país y su gente, sino atrincherándose en la desestabilización del Gobierno y de la democracia en su conjunto.

Bloqueos y paros ¿contra quién?

Apenas recuperada la democracia, tras las elecciones de octubre de 2020 y la posesión del presidente Luis Arce Catacora en noviembre del mismo año, casi un año después de que los sectores más reaccionarios junto a jefes militares y policiales asaltaron el poder colocando a Jeanine Áñez como su operadora de gobierno (cual un simple títere, puesto que todas las decisiones las tomaban los golpistas a la cabeza de Murillo y López, que tuvieron que salir huyendo del país ante la movilización popular que demandaba el retorno de la democracia y ante su propia incapacidad de gestionar un gobierno ilegítimo, pero además sin ningún norte que no fuera el asalto a las arcas del Estado sin escrúpulo alguno) y dejaron la posta a sus camaradas fascistas que, atrincherados en supuestas representaciones cívicas, diseñaron y determinaron ejecutar, como proyecto político, la desestabilización de la democracia, sin importar los medios a emplear para conseguir tal propósito.

Su primer caballo de batalla fue la fecha del Censo Nacional de Población y Vivienda, que debe realizarse cada 10 años pero que, a pocos meses de la recuperación de la democracia y de la instalación de un nuevo gobierno elegido por la voluntad popular, tomando en cuenta el descalabro en el que habían dejado el Estado los golpistas y todas las consecuencias no solo a nivel nacional sino mundial –con la pandemia del Covid-19–, era materialmente imposible de realizar en el corto plazo.

No entendieron razones y empezaron con sus movilizaciones (o más bien con sus paralizaciones), sacrificando al departamento de Santa Cruz y, desde luego, a los cruceños, con prolongadas semanas de paro, afectando la economía de los más débiles, de los sectores populares, por cuanto gran parte de la dirección del movimiento cívico-político se encuentra en situación de privilegio con relación al resto de sus paisanos.

Pero más allá de esta afectación a la economía cruceña, el daño desde pronto llegó a todo el país, tomando en cuenta no solo la importancia de ese departamento, sino que esa situación desestabilizadora impactó en la economía de los bolivianos y las bolivianas. El daño no ha sido exactamente cuantificado, pero puede considerarse de enorme afectación, mucho más si reiteramos que recién se salía de un gobierno de facto corrupto que desbarató sin consideración la economía nacional y se mantenía la situación de emergencia a nivel mundial por la pandemia.

Nada de eso importó a los desestabilizadores, pues su objetivo estaba siendo cumplido: afectar la estabilidad económica del país.

Su otro objetivo, nada disimulado, era el posicionamiento político del liderazgo cívico, consolidado cuando menos en la región oriental. Las elecciones subnacionales fueron el escenario donde salió a relucir ese objetivo, que no era desconocido para nadie.

El gobierno nacional resistió el embate, no cedió ante las intenciones cívicas de generar violencia, pese a que la provocaron de manera reiterada, y definió la fecha del Censo de Población y Vivienda bajo criterios estrictamente técnicos. Pero el daño al país ya estaba hecho y el Gobierno debía redoblar esfuerzos para conservar la estabilidad económica y seguir adelante con el programa de industrialización y de reducción de importaciones planteado por el presidente Arce en la campaña electoral.

Pese a la derrota evidente, los cívicos cruceños y sus aliados políticos no descansaron en buscar nuevas formas de promover la desestabilización.

No pudieron reaccionar de inmediato, pese a la arbitraria utilización de la Gobernación del departamento para fines estrictamente de interés de los grupos de poder atrincherados detrás de las organizaciones cívicas. Simultáneamente mostraron su incapacidad de administrar la gobernación departamental, lo que evidentemente los debilitó frente a la opinión ciudadana que meses antes los había respaldado.

Trataron de crear conflictos de diversa naturaleza, pero sin el éxito ni el impacto deseado en la ciudadanía. Su capacidad desestabilizadora se había visto seriamente dañada. Pero, al parecer, la derecha no se rinde.

El enemigo de tu enemigo es tu amigo

Desenmascarados de esa fachada cívica que desplegaron para el tema del Censo, tuvieron que mostrarse abiertamente como políticos. Tienen para esto a sus senadores y diputados, que ahora debían mostrar porque habían sido puestos en la Asamblea Legislativa. Habían activado un nuevo bastión de conflictividad: la elección de las principales actividades del Órgano Judicial.

La aprobación de la Ley de Convocatoria y sus correspondientes reglamentaciones es, y siempre fue, una atribución privativa del Órgano Legislativo, pero su incapacidad de debatir y acordar (de vivir) en democracia, como debiera ser, los llevó a convertir un procedimiento constitucional que tiene claramente establecidas sus responsabilidades en un conflicto nacional que, a través de un bloqueo de las principales rutas del país por algo más de dos semanas, volvió a confirmar que sus intenciones no eran precisamente el cumplimiento de la Constitución en el tema del Órgano Judicial, sino debilitar la administración gubernamental.

Aquí no importó con quiénes se podían tender alianzas. Como ya es costumbre para la derecha opositora funcional, no existen principios ideológicos, para lo cual cae bien esa frase de que “el enemigo de tu enemigo es tu amigo”; bajo esa lógica vimos actuar a los conservadores más recalcitrantes.

El Gobierno se mantuvo firme, con una correcta posición de respeto a las competencias y atribuciones de los otros Órganos del Estado, manteniendo el principio de equilibrio e independencia entre estos establecida por la Constitución Política del Estado Plurinacional. Nuevamente se vieron derrotados, porque buscaban que el Gobierno reprima, trate de encontrar soluciones al margen de la ley, generar malestar en la ciudadanía. Si bien este último objetivo fue alcanzado, no fue en contra del Gobierno sino más bien en contra de quienes promovieron, sostuvieron y financiaron los bloqueos, los enemigos de tu enemigo.

Más allá de estas consideraciones, el daño al país y a los bolivianos ya estaba hecho, no solo por la proximidad de la fiesta del Carnaval, que es una temporada única para un sinnúmero de actividades, principalmente en Oruro pero también en el resto del país, que se vieron seriamente afectadas. Desde luego se produjo desabastecimiento de artículos de primera necesidad y subieron sus precios, se dañó la economía de los productores, principalmente del campesino productor que no pudo llegar con sus productos a los mercados; pero también se afectó a los transportistas y a varios otros sectores. El acuerdo entre las representaciones parlamentarias no puede considerarse sino una victoria pírrica para la oposición.

Desinformación y economía

En tres años de gobierno del presidente Luis Arce Catacora esa errática e incapaz oposición política no ha logrado absolutamente nada que justifique aciertos para quienes votaron por ellos o para quienes aún creen que pueden cambiar al país. Van de derrota en derrota y están arrastrando a los enemigos de sus enemigos, pretendiendo convertirlos en amigos de conveniencia.

Si hay algo que no se puede negar es que esta derecha y la de antes, la de siempre, ha contado con un respaldo muy evidente e incondicional de la corporación mediática, el apoyo de los medios de comunicación, por una decisión de sus propietarios, muchos que fueron parte de quienes gobernaron y destruyeron al país en los 20 años de neoliberalismo y descapitalización del Estado.

El escenario mediático no ha cambiado, los medios públicos no están en condiciones de enfrentar al monstruo corporativo comunicacional. Los medios alternativos y los que pertenecen a las organizaciones sociales y populares tienen recursos técnicos y económicos muy limitados.

Los grandes medios han vuelto a visibilizar, ante la incapacidad de sus operadores políticos, a ciertos analistas, a expertos y a exautoridades, para hablar de la situación económica que atraviesa el país.

Obviamente, es parte de la misma estrategia de desestabilización del Gobierno. Es así que salen a contarle a las audiencias de esas radios y canales, diagnósticos dantescos del futuro, sin mayor respaldo o inventando informes y cifras, explicando parcialmente o manipulando la información. En fin, utilizando las viejas técnicas instruidas desde el Imperio para debilitar y derribar gobiernos progresistas y populares.

El problema acá es más serio que con sus anteriores acciones desestabilizadoras, puesto que están trabajando en instalar una narrativa que conduce al temor y la incertidumbre de la ciudadanía sobre informaciones y premisas falsas y, desde luego, esta situación puede degenerar en severos problemas para la propia ciudadanía y afectar realmente la estabilidad económica del país.

Manejan alegremente informaciones sin fuente de sustento, sin que los medios se den a la tarea de la verificación, sobre la existencia o no de dólares americanos en el sistema bancario, sobre las empresas que traen remesas o sobre el libre mercado de divisas, manipulando sondeos ciudadanos, solo para confundir y crear caos.

Una economía como la nuestra, bolivianizada casi en un 90%, no puede ni debe estar pendiente de lo que pase con las monedas extranjeras, sean dólares, yuanes o euros, pero se está internalizando en la gente este tipo de situaciones. Ya no solo se tratan de declaraciones políticas, sino de verdaderas acciones de terrorismo financiero que deben ser neutralizadas por el Gobierno, en cumplimiento de las leyes vigentes y como una acción fundamental de defensa del ciudadano.

La derecha no se va a rendir, pese a las múltiples derrotas que puedan infringirle, pues sus intereses van más allá de los de la patria o de la ciudadanía. Responden a un proyecto de restauración liberal continental, como lo estamos ya viendo en Argentina o Ecuador, diseñado y dirigido desde otros confines, pero que los políticos antipatrias rastreros siguen el guion al pie de la letra, pese a sus pocas luces y su demostrada incapacidad.

El gobierno nacional, las organizaciones sociales y todos los sectores populares, el pueblo boliviano, deben tener muy claro que lo que está en juego no es solo un espacio de poder, ni siquiera la Presidencia del Estado, sino la existencia misma de la patria, su integridad y el futuro de nuestros hijos.

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